Exministro de Petro acudió al Consejo de Estado para defender la negociación colectiva y el salario mínimo de 2026: “El trabajo digno no se negocia”
El exministro del Trabajo Antonio Sanguino presentó dos escritos ante el Consejo de Estado para respaldar la regulación de la negociación colectiva por niveles y el aumento del salario mínimo para 2026, medidas expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro.
El exfuncionario anunció las actuaciones judiciales a través de su cuenta de X, donde manifestó que continuará defendiendo ambas decisiones después de dejar el cargo. “Hoy radiqué ante el Consejo de Estado dos escritos. No voy a dejar solos a las y los trabajadores de Colombia”, escribió el exministro al anunciar la presentación de los documentos.
Sanguino explicó que, durante su gestión al frente del Ministerio del Trabajo, firmó los decretos que ahora son objeto de cuestionamientos judiciales. Según señaló, su defensa continuará mediante los mecanismos previstos en los procesos que se adelantan ante el Consejo de Estado.
“Como Ministro del Trabajo firmé el decreto de negociación colectiva por niveles y el decreto del aumento del salario mínimo de 2026. Fuera del cargo, los sigo defendiendo, porque son justos y porque la Constitución está de su lado”, afirmó.
Los recursos contra la suspensión del decreto sobre la negociación colectiva
Uno de los escritos presentados por el exministro corresponde a una coadyuvancia y un recurso de súplica frente a la decisión del Consejo de Estado del 2 de octubre, cuando suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026.
La norma estableció un modelo de negociación colectiva unificada por niveles para organizaciones de trabajadores del sector privado y trabajadores oficiales. La regulación contemplaba mecanismos para desarrollar negociaciones que involucraran a diferentes empleadores y organizaciones sindicales, más allá del ámbito de una sola empresa.
Al explicar su actuación, Sanguino sostuvo que la negociación colectiva constituye un derecho fundamental y que el Estado colombiano tiene la obligación de promoverla. “La negociación colectiva es un derecho fundamental, y Colombia tiene la obligación de fomentarla. El propio auto reconoce que la normatividad colombiana y los convenios de la OIT dan bases jurídicas para este modelo”, manifestó.
El exministro cuestionó que la medida provisional pueda afectar el desarrollo de las negociaciones mientras se resuelve el debate jurídico de fondo. En ese sentido, sostuvo: “Una medida provisional no puede dejar a miles de trabajadores sin mesa de negociación mientras el debate de fondo ni siquiera ha empezado”.
La suspensión decretada por el Consejo de Estado no constituye una anulación definitiva de la norma. Se trata de una medida cautelar adoptada durante el proceso judicial, mientras el alto tribunal determina si el Gobierno tenía competencia para expedir la regulación en los términos establecidos.
En su análisis preliminar, el Consejo de Estado consideró que las normas vigentes permiten negociaciones colectivas que involucren a varios empleadores, sindicatos o sectores económicos, pero estimó que no establecen por sí mismas un sistema completo organizado en distintos niveles.
El alto tribunal también examinó que el Decreto 234 fijó disposiciones sobre representatividad, pliegos y mesas de negociación únicos, coordinación entre niveles, efectos de las convenciones colectivas y mecanismos de adaptación para micro, pequeñas y medianas empresas. Según el auto, estos elementos podrían exceder la facultad reglamentaria del Ejecutivo al desarrollar aspectos estructurales que requieren fundamento legal.
Respecto de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Consejo de Estado indicó que los convenios 98 y 154 promueven la negociación colectiva, pero consideró preliminarmente que no contienen la estructura específica establecida en el decreto colombiano.
La defensa del incremento del salario mínimo del 23%
La segunda actuación anunciada por Sanguino está relacionada con las demandas contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. El Consejo de Estado cerró la etapa probatoria y acumuló las distintas demandas presentadas contra la decisión, por lo que deberá resolver en una sola sentencia los cuestionamientos formulados por ciudadanos, gremios y organizaciones.
Frente a este proceso, Sanguino solicitó que se le reconozca como coadyuvante para presentar alegatos ante el alto tribunal y respaldar la legalidad del decreto. “Demandaron el decreto que garantiza un salario vital de las y los colombianos. No lo voy a dejar solo, seguiré defendiéndolo. Por eso pedí ser reconocido como coadyuvante para presentar alegatos ante el Consejo de Estado”, expresó.
El exministro también se refirió a los efectos que, según su postura, tendría una eventual decisión desfavorable para el incremento. “Un salario vital es un mandato constitucional, no un favor de nadie y lo que millones de trabajadores y pensionados ganaron de buena fe no se les puede quitar”, afirmó.
Sanguino concluyó su pronunciamiento señalando que continuará defendiendo las medidas laborales. “Durante décadas se nos dijo que los derechos laborales tenían que esperar. El Gobierno del Cambio demostró que se podía avanzar, y no vamos a permitir que esos avances retrocedan sin dar la pelea”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que su defensa se desarrollará mediante argumentos jurídicos y con respeto por las decisiones judiciales. “Defenderemos los derechos de los trabajadores en las calles, en el Congreso y en los estrados judiciales. Lo haremos con argumentos, con la Constitución en la mano y con respeto por la justicia. Confío en que el Consejo de Estado decidirá con todos los elementos”.
Infobae
