Senado rechaza a más de 26 mil ciudadanos que piden la renuncia de Enrique Inzunza
El Senado respondió a la petición de más de 26,000 ciudadanos que solicitaron una audiencia para exigir que el senador Enrique Inzunza Cázares se separe de su cargo y enfrente las investigaciones por los señalamientos en su contra.
Sin embargo, la respuesta, emitida por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, no atendió la solicitud de reunión, sino que señaló que la decisión de pedir licencia corresponde al propio legislador.
Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y promotora de la petición difundida en Change.org, cuestionó la postura de la Cámara alta y acusó que las autoridades legislativas no respondieron al objetivo central de la solicitud ciudadana.
A través de sus redes sociales, Pérez informó que recibió la contestación poco más de una semana después de que se entregaran las firmas en el Senado.
Sostuvo que los ciudadanos no buscaban conocer quién tiene la facultad de separarse del cargo, sino obtener una audiencia para plantear la necesidad de que Inzunza enfrente las investigaciones sin conservar el fuero constitucional.
La activista consideró que la falta de respuesta a esa petición resulta preocupante ante la gravedad de los señalamientos contra el legislador sinaloense.
“La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política”, expresó.
¿Qué respondió el Senado a las firmas contra Enrique Inzunza?
En el oficio dirigido a Vania Pérez Morales y Alexander Navarro, integrantes de Change.org México, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado informó que recibió los escritos por instrucciones de Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva.
El documento reconoce que los solicitantes pidieron una audiencia con el senador Martínez para entregar formalmente las firmas reunidas mediante la campaña titulada Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado.
No obstante, la respuesta se concentró en las disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas y la permanencia de los senadores en sus cargos.
Para ello, citó el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 6, 11, 12 y 14 del Reglamento del Senado de la República.
Con base en ese marco jurídico, la institución señaló que la decisión de solicitar licencia corresponde a cada legislador y que cualquier determinación sobre su permanencia debe sujetarse a las normas aplicables.
Además, el oficio indicó que los ciudadanos conservan el derecho de presentar las denuncias correspondientes conforme a la legislación vigente, con referencias a disposiciones constitucionales y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La respuesta, sin embargo, no informó sobre la realización de la audiencia solicitada.
Vania Pérez cuestiona que no se atendiera la solicitud ciudadana
Tras conocer el contenido del oficio, Pérez Morales reclamó que la respuesta institucional dejara sin resolver la petición de diálogo con la Mesa Directiva.
La activista planteó que la exigencia ciudadana busca que Inzunza se separe del cargo para facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos de autoridades estadounidenses.
También cuestionó que la decisión de solicitar licencia quede exclusivamente en manos del senador.
La petición publicada en Change.org sostiene que la permanencia del legislador en el Senado le permite conservar el fuero constitucional, una protección vinculada con el ejercicio de su cargo.
Por ello, sus promotores consideran que su separación facilitaría el desarrollo de las indagatorias.
Entre los puntos centrales de la exigencia ciudadana se encuentran:
- Que Enrique Inzunza solicite licencia y se separe temporalmente de su escaño.
- Que las autoridades investiguen los señalamientos en su contra.
- Que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las indagatorias iniciadas en México.
- Que, si se encuentran elementos suficientes, se solicite el procedimiento correspondiente para retirar el fuero.
- Que el caso no quede sin esclarecer y se informe sobre las actuaciones de las autoridades competentes.
La campaña también plantea que la separación del cargo permitiría despejar dudas sobre una posible influencia de su posición legislativa en el desarrollo de las investigaciones.
Las acusaciones contra Inzunza y su permanencia en el Senado
La exigencia de los ciudadanos se relaciona con la acusación formal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril de 2026 contra Inzunza y otras personas.
De acuerdo con la información expuesta en la petición, al senador se le atribuyen presuntos delitos relacionados con una conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como conspiración para poseer y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Tras esos señalamientos, la FGR abrió una investigación en México contra el legislador y otros funcionarios.
Inzunza, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas que las respalden.
El senador se separó de la bancada de Morena y anunció que continuaría ejerciendo sus funciones como legislador independiente, decisión con la que mantuvo su escaño y el fuero constitucional.
En ese contexto, los promotores de la campaña han insistido en que solicite licencia, mientras que el Senado sostiene que esa determinación corresponde al propio legislador.
De 23,500 firmas a una nueva exigencia de respuesta
La solicitud ciudadana llegó al Senado a finales de septiembre. El 29 de septiembre, activistas acudieron a la sede legislativa para entregar alrededor de 23,500 firmas reunidas en Change.org, con las que exigieron la salida de Inzunza.
Durante esa visita, los participantes denunciaron dificultades para ingresar al recinto y señalaron que personal de resguardo les impidió el paso inicialmente.
La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez, los recibió, y posteriormente las firmas fueron entregadas a personal del Senado para hacerlas llegar a la Mesa Directiva.
En paralelo, la Alianza Mexicana de Abogados solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra el legislador, con el objetivo de que se le retire el fuero constitucional.
La campaña ciudadana mantiene como objetivo que se esclarezcan los señalamientos contra Inzunza y que las autoridades actúen conforme a sus atribuciones.
La respuesta recibida por Vania Pérez, sin embargo, abrió un nuevo cuestionamiento sobre la falta de atención a la audiencia solicitada por miles de personas.
Infobae
