La sostenibilidad de la deuda y el destino del gasto
RICARDO MONREAL ÁVILA
Ahora que la Cámara de Diputados discutirá y aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 -en cuyo marco asistió la semana pasada el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora-, uno de los temas más discutidos es el endeudamiento y el déficit fiscal del Gobierno de México.
La principal crítica de la oposición es que la deuda pública del país se ha duplicado en los ocho años de gobierno de la 4T (seis del ex presidente AMLO y dos de la presidenta Sheinbaum), al pasar de 10 a 20 billones de pesos.
En términos absolutos (dinero nominal), el aumento de 10 billones en ocho años iguala al de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN (PRIAN); sin embargo, hasta los estudiantes más novatos de Economía y Finanzas saben que las cifras de endeudamiento público deben trascender lo nominal o absoluto y referirse a otros indicadores, como el valor del PIB, el valor de los activos generados, el porcentaje de las irregularidades auditadas fiscalmente y los indicadores de bienestar social, como lo sugieren las escuelas revisionistas del pensamiento neoliberal.
Al relacionar el valor de la deuda con el PIB, encontramos que el presidente que más ha endeudado al país es Felipe Calderón, al recibir 2.3 billones de pesos de deuda y entregar 5.6 billones (un incremento nominal del 143 %); esto es, un aumento de 7.5 puntos del valor del PIB en su sexenio.
Enrique Peña Nieto recibió una deuda de 5.6 billones de pesos y la entregó en 10.2 billones, un aumento nominal de 4.6 billones de pesos, equivalente al 82 % de lo recibido.
Porcentualmente, Peña Nieto endeudó menos que Calderón, pero en cifras absolutas, los 4.6 billones de Peña son más que los 3.3 billones de Calderón. Peña Nieto, sin embargo, registra un récord singular en el número de observaciones, condonaciones, juicios fiscales perdidos y faltantes en el ejercicio de la deuda. Son los años en que la deuda pública se volvió sinónimo de corrupción. Los 10.2 billones de pesos dejados por Peña representaron el 45 % del PIB en 2018.
Veamos los 10 billones de pesos de deuda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (7.4 billones de pesos) y los dos primeros de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (2.6 billones de pesos). Representan el 51 % del PIB, equivalen a un déficit de 4.5 puntos de este, y su costo financiero o pago de intereses es de 4.5 a 5 puntos del PIB. Es decir, algo absolutamente manejable.
Pero en contraste con el período neoliberal, hoy sí es posible constatar en qué se invirtió la deuda de la 4T y para qué sirvió: aeropuertos AIFA y Tulum; trenes Maya, Interoceánico y El Insurgente; la refinería de Dos Bocas; hospitales, clínicas, universidades públicas y tasas de ocupación sostenida durante cinco años, cercana al pleno empleo. Y algo que los gobiernos del PRI y del PAN jamás podrán reportar: haber sacado de la pobreza extrema a más de 13 millones de personas. Esto último no significa que las personas salieran de la pobreza gracias a la deuda; quiere decir que la deuda bien aplicada tiene efectos productivos que se reflejan en indicadores de bienestar.
Así, cualquier controversia sobre el endeudamiento público durante esta administración debe abordarse con datos duros y una perspectiva que trascienda el mero cálculo electoral.
La política fiscal y social de la Cuarta Transformación ofrece resultados valiosos para el análisis, particularmente respecto a la comparación internacional, la sostenibilidad fiscal y el destino del gasto público.
La comparación internacional es esclarecedora. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda bruta del Gobierno de México se sitúa en alrededor del 60 % del PIB para 2026, cifra que, aunque ha crecido, palidece frente a economías como Brasil (con el 96.5 %) o Argentina (con un 70.4 %). Incluso en Latinoamérica, México mantiene una posición relativamente moderada.
Según análisis basados en datos macroeconómicos de organismos como el FMI, que sitúan la deuda pública bruta promedio mundial entre el 93 y el 94 % del PIB, México está más de 30 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial de deuda, en una posición intermedia y comparable con economías desarrolladas como la de Corea del Sur. Esta perspectiva relativiza el supuesto descontrol de la deuda y aporta objetividad al debate.
La sostenibilidad de la deuda también es crucial. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la métrica oficial más amplia del Gobierno de México para medir el saldo total de la deuda neta acumulada, cerró en 2025 en un 52.6 % del PIB, en una senda sostenible que ha preservado el grado de inversión del país.
Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que miden el endeudamiento neto anual, se estiman en un 4.1 % del PIB para 2026, una reducción significativa frente al 5.7 % de 2024, que indica consolidación fiscal. El costo financiero de la deuda, aunque es una carga importante (aproximadamente 1.5 billones de pesos para 2026), se mantiene manejable gracias a una estrategia prudente de financiamiento: más del 80 % de la deuda se contrató en moneda nacional y a tasa fija, reduciendo la exposición a choques externos y volatilidad cambiaria.
El destino del gasto es, quizá, el argumento más poderoso para contrastar la deuda de la 4T con la de gobiernos anteriores. Mientras el endeudamiento del pasado reciente se asoció con rescates bancarios, condonaciones fiscales y opacidad, esta administración ha destinado los recursos a infraestructura estratégica y programas sociales con impacto medible, por ejemplo, en la considerable reducción de la pobreza extrema. Estos resultados no eximen de responsabilidad fiscal, pero demuestran el efecto productivo y redistributivo de la deuda, que contrasta con el legado de corrupción y rescates del periodo neoliberal.
Así, determinar qué Presidencia o Gobierno ha endeudado más al país exige trascender las comparaciones aritméticas y adoptar una visión integral. Un conteo nominal resulta insuficiente. Debe considerarse el contexto macroeconómico, la sostenibilidad fiscal, el destino del gasto y los resultados en bienestar social. Con estos parámetros, la deuda de la 4T, aunque elevada en cifras absolutas, se distingue por su carácter productivo y su impacto medible contra la pobreza. El desafío no es demonizar la deuda, sino garantizar que cada peso prestado genere desarrollo, justicia social y un futuro más próspero para las próximas generaciones.
X: @RicardoMonrealA
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