La patria en singular

Hay reformas que cambian una regla y otras que revelan cómo funciona el poder. La de nacionalidad única hizo ambas cosas.

A partir de 2028, quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá tener únicamente nacionalidad mexicana; si posee otra, tendrá que renunciar a ella antes de registrarse. La justificación es la soberanía: para encabezar el Ejecutivo, una sola patria. Pero para modificar la Constitución no bastaba con el Congreso de la Unión. El artículo 135 obliga a incorporar a las legislaturas estatales. La Federación también tenía que hablar.

La declaratoria llegó con 22 congresos. Veintiuno pertenecen a entidades gobernadas por Morena; el restante, San Luis Potosí, al Partido Verde.

México tiene seis estados fronterizos con Estados Unidos. Entre las primeras ratificaciones estuvieron Baja California, Sonora y Tamaulipas, los tres gobernados por Morena. No estuvieron Chihuahua, Coahuila ni Nuevo León, gobernados por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La experiencia de vivir la frontera no produjo una postura común.

La migración tampoco.

En 2025, las remesas representaron 13.9 por ciento del PIB de Guerrero y Chiapas; 10.7 de Oaxaca; 10.5 de Michoacán y 9.9 de Zacatecas. Los cinco ratificaron la reforma. Son territorios cuya relación con sus comunidades en Estados Unidos forma parte de su economía, de sus familias y, en algunos casos, de sus instituciones políticas.

Zacatecas lleva la paradoja al límite. Su Constitución reconoce la “residencia binacional y simultánea” y dispone que dos de sus doce diputaciones de representación proporcional correspondan a personas migrantes o binacionales. El Estado reconoce jurídicamente que su comunidad política puede existir a ambos lados de la frontera.

Y ese mismo Estado ayudó a reformar la Constitución para exigir que, si uno de esos ciudadanos quiere gobernarlo, conserve una sola nacionalidad.

La división volvió a aparecer en el Congreso federal. En la Cámara de Diputados, la reforma obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. En el Senado, 86 contra 42. El patrón fue esencialmente partidista: Morena, PT y PVEM aportaron los votos favorables; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, los contrarios.

La condición fronteriza no ordenó el voto. La intensidad migratoria tampoco. Ni siquiera la existencia de mecanismos políticos creados para reconocer a comunidades binacionales produjo una posición territorial diferenciada. La pertenencia partidista, en cambio, explica con mucha mayor consistencia el mapa de la aprobación.

Eso importa porque el artículo 135 no convirtió a los congresos estatales en parte del Constituyente Permanente para reproducir una mayoría nacional veintidós veces. Los incorporó porque México es una federación. La arquitectura constitucional supone que, cuando se modifica el pacto común, los estados llegan a esa conversación con experiencias e intereses que no necesariamente coinciden.

Baja California no es Tabasco. Zacatecas no es Quintana Roo. Guerrero no es Ciudad de México. Sus economías, sus diásporas y sus relaciones con Estados Unidos son distintas.

Sin embargo, llegado el momento de decidir, esas diferencias territoriales resultaron menos visibles que la frontera entre partidos.

Representar un estado no consiste solamente en portar su nombre en una curul. Supone introducir su particularidad en la decisión nacional; permitir que la experiencia del territorio pueda modificar al centro y no sólo recibir de él una posición previamente construida. De otro modo, permanecen las instituciones federales, pero se debilita la razón política por la que existen.

La discusión comenzó preguntando si alguien puede gobernar México mientras conserva jurídicamente otra patria.

La aprobación terminó planteando otra cuestión: qué sucede cuando quien representa a un territorio pertenece también a una organización nacional capaz de producir la misma posición en sociedades profundamente diferentes.

ANTES DEL FIN

México decidió que para gobernar debe existir una sola nacionalidad.

El recorrido legislativo dejó una paradoja adicional: para decidirlo, la diversidad de la Federación terminó pareciéndose demasiado a una sola mayoría.

La reforma preguntaba cuántas patrias puede tener quien gobierna.

Terminó obligándonos a preguntar cuántas voces conserva una federación cuando el partido pesa más que el territorio.