El CCE advierte que cambios a deducciones pueden llevar a empresas a la quiebra

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confía en alcanzar un acuerdo con Hacienda sobre los cambios a las deducciones fiscales incluidos en el Paquete Económico 2027, pero advierte que un mal diseño de la medida podría llevar incluso a la quiebra a empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y operan con márgenes reducidos.

En entrevista con Expansión, José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, explicó que el organismo no busca frenar el combate a las empresas que utilizan deducciones para evitar el pago de impuestos , sino evitar que una regla general termine afectando modelos de negocio cuya rentabilidad depende de vender grandes volúmenes con márgenes pequeños, como ocurre con mayoristas y distribuidores. “Estamos de acuerdo con el gobierno que todos tenemos que pagar impuestos. Lo que estamos cuidando es que eso no afecte a empresas que sí pagan impuestos, pero cuyo modelo de negocio hace que tengan un margen muy bajo”, señaló.

El dirigente empresarial explicó que el problema no se limita al aumento de la carga fiscal, ya que una empresa que destina una mayor proporción de sus recursos al pago de impuestos tendrá menos dinero disponible para invertir. Para el CCE, el punto central de la negociación con Hacienda es encontrar un mecanismo que permita elevar la recaudación de quienes no contribuyen al fisco sin poner en riesgo la operación de compañías que ya pagan impuestos.

El empresario señaló que la discusión fiscal forma parte de un reto más amplio para 2027, buscando que México vuelva a crecer sin poner en riesgo el grado de inversión. En ese sentido, el CCE plantea que el gobierno debe cumplir su objetivo de reducir el déficit público, desacelerar el ritmo de endeudamiento y generar las condiciones para que la economía mantenga una trayectoria de crecimiento. El dirigente empresarial consideró que México cuenta actualmente con un margen de alrededor de 18 meses para mantener el grado de inversión, pero advirtió que ese plazo no debe interpretarse como una victoria definitiva. En paralelo, el sector privado observa señales favorables en la relación con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC. Medina Mora afirmó que existen buenas señales en la búsqueda de una reducción de los aranceles de la Sección 232 que afectan a sectores como automotriz, acero, aluminio y cobre, pese a la presión de empresas estadounidenses que buscan mantener esas medidas. En el caso automotriz, señaló que incluso algunas compañías estadounidenses instaladas en México resultan afectadas por el esquema actual, ya que enfrentan un arancel de 25% para exportar a Estados Unidos, mientras competidores de Japón, Corea y la Unión Europea pagan 15% y no enfrentan las mismas reglas de origen. “Hay vientos favorables en Washington, es lo que percibimos. Que pueda haber un buen arreglo para México. No se trata de toda la revisión del mercado, sino de que pueda haber una disminución de estos aranceles”, dijo.

Para materializar las oportunidades del Plan México, sin embargo, el sector privado identifica retos que van desde la disponibilidad de energía hasta el desarrollo de proveedores locales y la digitalización de la economía. Medina Mora destacó especialmente la posibilidad de atraer inversiones vinculadas con semiconductores, centros de datos e inteligencia artificial, pero advirtió que si no hay suficiente energía no va a venir inversión en otros sectores. En paralelo, el CCE respalda la transición hacia una economía con menor uso de efectivo que plantea la Ley de Economía Digital, aunque reconoce que el reto no es únicamente regulatorio. México necesita infraestructura, educación financiera y capacitación para que los pagos digitales se conviertan en una práctica cotidiana, particularmente fuera de las grandes ciudades. Para el CCE, la CURP biométrica y la expansión de los pagos digitales pueden convertirse en infraestructura para una economía más formal y productiva. El reto será que esa transformación llegue también a las zonas rurales, donde todavía existen brechas de conectividad, infraestructura y capacitación.

El escenario que plantea el CCE para 2027 también incluye una mayor certidumbre jurídica conforme avance la implementación de la reforma al Poder Judicial, una recuperación gradual de la economía y una mayor claridad sobre las reglas comerciales de Norteamérica. Medina Mora consideró que el sector privado tendrá más elementos para evaluar el funcionamiento del nuevo Poder Judicial y comprobar si existen condiciones para operar sin una presión adicional sobre las empresas. “Tendremos ya más tiempo de implementación de la reforma del Poder Judicial para poder comprobar que efectivamente no hay una consigna contra las empresas”, señaló. A esto suma la oportunidad que representa el Plan México, que el CCE considera una estrategia de largo plazo para elevar la inversión hasta 25% del PIB y posteriormente a 28%, desarrollar proveedores nacionales y aprovechar oportunidades en sectores como electrónica, semiconductores, centros de datos e inteligencia artificial.