Se les acabó el dinero
La cancelación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para lo que resta del año ha pintado el elefante en la sala: el gobierno de Claudia Sheinbaum probablemente se ha quedado sin dinero para cerrar diciembre. Los gobiernos de la 4T, que han aplicado durante ocho años un modelo político-electoral basado en transferencias directas, entraron a una zona de turbulencia donde nunca pensaron estar. Sheinbaum como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, protegieron el gasto social comprimiendo otras partidas, practicando terrorismo fiscal y acelerando la recaudación, pero la realidad los alcanzó: sin crecimiento ni inversión, no hay combustible para que siga caminando la locomotora a toda velocidad.
La falta de recursos ha sido motivo de reuniones en Palacio Nacional en las últimas semanas. Una es altamente relevante, se dio hace unos 10 días, cuando el secretario de Hacienda, Édgar Amador, le adelantó que los megaproyectos de López Obrador -el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto “Felipe Ángeles”-, no solo eran financieramente inviables, sino que no iban a tener éxito. La exposición racional de un gasto oneroso para el gobierno debía haber sido suficiente para que Sheinbaum redujera el nivel de inversión en ellos, pero no lo hizo. La instrucción es que sigan inyectando los 300 mil millones de pesos al año que necesitan para no colapsar, aunque sepan que es dinero para la basura y reducen aún más sus espacios de maniobra, en un momento donde una mala decisión puede tener consecuencias mayores.
Sheinbaum optó por la suspensión temporal del programa JCF, por sus siglas, con lo cual aparecieron los síntomas de la enfermedad que tiene su administración: cargar con el tiradero que le dejó López Obrador y, al mismo tiempo, protegerlo y evitar que su imagen quede dañada. En el camino, no termina de aceptar para corregir, el deterioro en la imagen de su mentor y jefe político, se está trasladando directamente a ella.
El JCF es uno de los cinco grandes programas iniciados durante el gobierno de López Obrador, que de manera populista decía que era para atacar las causas de la violencia, enfocando su atención en un sector que aseguraba los gobiernos “neoliberales” habían olvidado, llamándolos peyorativamente “ninis”, porque ni trabajaban ni estudiaban. Pero detrás de su retórica barata, estaban las virtudes del programa, que no solo buscaba una transferencia monetaria, sino intentaba resolver un problema estructural para el segmento de 18 a 29 años. Sheinbaum lo elevó a rango constitucional al modificar el artículo 123.
Nació en 2019 con el objetivo de incorporar a ese grupo de edad de jóvenes a un programa que tendría duración de 12 meses con una transferencia de nueve mil 582 pesos por año, más Seguro Social. Estaba focalizado en los municipios y colonias con alta incidencia delictiva y pobreza, dentro de una lógica de prevención social. No hay evidencia que ese objetivo haya funcionado, quizás en parte porque requería de una lucha contra los criminales, a lo cual López Obrador siempre se negó y les permitió operar libremente, pero sí tuvo avances en su integración en el mercado laboral. La Secretaría del Trabajo estima que 7 de cada 10 de los jóvenes que participaron, encontraron empleo (formal), una ocupación productiva (informal) o regresaron a estudiar.
La suspensión del programa es un señal ominosa. No solo para los 362 mil jóvenes inscritos sino para el país, por lo que muestra en el horizonte. Aunque el gobierno trate de disfrazar la gravedad económica con palabrería, no hay crecimiento -el último dato del Banco Mundial lo ubicó en 1.4% para este año, debajo de la expectativa de la Secretaría de Hacienda-, y por tercera ocasión consecutiva, por debajo de la media en América Latina y el Caribe, que se sitúa en 2.2%. Tampoco hay inversión nueva, aunque presumen como tal las reinversiones de las utilidades, y el acuerdo comercial con Estados Unidos está en medio de turbulencias que han impedido iniciar la cuarta ronda de negociación, que ya cumplió un mes en pausa.
Aunque en las dos últimas noches ha habido un frenesí en el Congreso por aprobar nuevas leyes recaudatorias para apoyar el gasto, la cancelación del programa JCF muestra la profundidad del problema que enfrenta Sheinbaum. Los programas sociales han sido vistos como su plataforma electoral segura, con el argumento que con el 42.8% de las personas reciben transferencias directas, es un porcentaje suficiente para ganar la elección del próximo año. Sin embargo, ese análisis no parece ser certero, porque no todas las personas que reciben el beneficio están en edad de votar.
Otra forma de abordar el fenómeno es la Encuesta Intercensal que acaba de publicar el INEGI que mostró que el 41.4% de los hogares, reportaron haber recibido ingresos por un programa federal o estatal. Pero si a partir de una media por hogar se plantea que viven en cada uno entre de 3 y 4 personas, el total que podría estar recibiendo un programa sería de aproximadamente 56 millones, por lo que se puede deducir que 19.6 millones que pueden votar (19.2%) son beneficiarios de un programa social: 13.79 de adultos mayores, 2.87 de mujeres de 60 a 64 años, 2.0 de personas con discapacidad, 0.5 de JCF, y 0.4 de Sembrando Vidas.
De aquí la relevancia de haber cancelado este año el JCF como reflejo de la profundidad de la falta de dinero del gobierno federal para cerrar el año. Técnicamente no sería literal que la caja de Hacienda se haya quedado vacía, pero sí hay una presión fiscal importante, al tener un problema estructural en el gasto, que cada vez más difícil de recortar. Las pensiones, los programas sociales, las transferencias y el apoyo a empresas públicas absorben una parte creciente del presupuesto, lo que reduce la capacidad del gobierno para responder a una caída de ingresos sin recurrir a deuda o recortes de inversión.
La urgencia de Sheinbaum para que se firme el acuerdo comercial con Estados Unidos y el recalibramiento en Palacio Nacional que con China pueden compensar las pérdidas en Norteamérica -razón por la cual viajará a Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la segunda quincena de noviembre-, hablan de los problemas económicos que enfrenta, ahondados por los obstáculos a la inversión extranjera, las deficiencias de la reforma judicial y la cada vez más notoria ideologización y radicalización de la presidenta, en línea con López Obrador.
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