Inravisión recibió críticas por contratos de más de $30 millones a dos creadoras de contenido cercanas al Gobierno
La revelación de la contratación estatal de dos creadores de contenido digital afines al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el Sistema de Medios Públicos (Inravisión, antes conocido como Rtvc) desató una ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, incluyendo a líderes de la propia corriente oficialista.
De acuerdo con un reporte del portal periodístico La Silla Vacía, las influenciadoras Stefany Forero Amaya y Alejandra Montes Rojas, reconocidas por promover activamente la campaña del actual jefe de Estado en plataformas digitales, suscribieron contratos de prestación de servicios con la entidad pública entre septiembre y diciembre de 2026.
La difusión de estos contratos generó cuestionamientos debido a que la administración de De la Espriella había señalado semanas atrás que la empresa pública atravesaba una severa crisis de liquidez y un déficit financiero heredado.
La reacción de los sectores aliados y la oposición
A diferencia de lo que ocurre habitualmente frente a las denuncias de contratación estatal, figuras destacadas de la derecha y de la oposición coincidieron en rechazar el uso del presupuesto de los medios públicos para la vinculación de activistas digitales.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño cuestionó el gasto en la entidad y recordó sus intervenciones durante el debate del Presupuesto General de la Nación 2027 para frenar los giros a la plataforma pública.
“Pedí en el presupuesto quitarle la plata de inversión a RTVC precisamente para que ese canal no se convirtiera en este gobierno en caja de resonancia de nadie. RTVC debe reducirse a su mínima expresión (sic)”, escribió Briceño en su cuenta de X.
Además, el legislador posteó: “Los ciudadanos no pagan impuestos para esto, lo he repetido una y otra vez. El primer recorte real debe ser a Rtvc. Si el gobierno no da ejemplo en esta materia, habrá incumplido una promesa”.
Por su parte, la activista y creadora de contenido de derecha Jerome Sanabria expresó una postura sobre el futuro del canal institucional tras conocerse los contratos de la red de influenciadores.
“Lo siento, pero Rtvc no debe ser la máquina propagandista de ningún gobierno. El único camino es liquidar Rtvc. No hay más”, afirmó la estudiante de derecho en sus redes sociales.
Desde la acera de la oposición, la exsubgerente de Rtvc durante la administración de Gustavo Petro, María Paula Fonseca, cuestionó al Gobierno nacional por haber denunciado una iliquidez absoluta en la entidad mientras mantenía contrataciones de este tipo.
“No era cierto que RTVC Noticias estuviera desfinanciado. Dijeron que Hollman Morris dejó la olla raspada, que no había ni para los servicios públicos, pero contratan a las influencers de la patria milagro. ¿Si ven cómo se cae de fácil la mentira? (sic)”, escribió Fonseca a la revelación de La Silla Vacía.
Los detalles de las contrataciones e historial de las influenciadoras
Según la información extraída del sistema público Secop, Stefany Forero Amaya, conocida en redes como “Stefy Fa”, firmó un contrato el 22 de septiembre por un valor total de $15.906.053 para ejecutar labores en el ecosistema digital de la entidad hasta el 31 de diciembre, lo que equivale a un pago mensual de $4.869.200, confirmó la fuente citada.
La certificación de experiencia presentada por la contratista reflejaba como última referencia acreditada un registro del año 2020. Forero es cercana a colectivos religiosos vinculados a la senadora Sara Jimena Castellanos, del partido Salvación Nacional.
Por su parte, Alejandra Montes Rojas, conocida como “Alejandra M. Habla”, suscribió su contrato el 25 de septiembre por un monto total de $16.816.163, orientado a la realización de piezas audiovisuales para las plataformas digitales del canal público hasta fin de año, lo que representa un ingreso mensual de $5.255.051.
Ambas creadoras de contenido acumulan audiencias en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde impulsaron campañas a favor del presidente De la Espriella y participaron recientemente en publicaciones coordinadas contra investigaciones periodísticas de medios independientes.
La controversia por el déficit reportado en los medios públicos
La entrega de estos contratos se dio de forma paralela a los informes del vocero presidencial, Miller Soto, que aseguró que el sistema de medios arrastra un hueco fiscal de $148.391 millones atribuido a la gestión de la administración previa de Hollman Morris.
Según las cifras del Ejecutivo, las proyecciones de ingresos fijadas en $460.654 millones solo alcanzaron un recaudo efectivo de $312.263 millones al corte del 31 de agosto, situación que puso en riesgo pagos operativos de energía y el arrendamiento de antenas de transmisión para Radio Nacional de Colombia y Radiónica.
Aunque la gerencia actual a cargo de Ángela Mora puso en marcha un plan de contingencia para proteger la nómina y solicitó recursos extraordinarios ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio TIC bajo el marco del artículo 45 de la Ley 1978 de 2019, los nuevos contratos digitales encendieron el debate parlamentario sobre la prioridad en el gasto del canal público.
Infobae
