Las ayudas a autónomos y empresas en Ceuta se empiezan a pagar hoy: hasta 150.000 euros según la facturación

La Agencia Tributaria inició este martes el abono de las ayudas directas destinadas a empresas y autónomos de Ceuta afectados por la crisis migratoria de finales de julio. Los trabajadores por cuenta propia recibirán 5.000 euros, mientras que las compañías podrán percibir entre 10.000 y 150.000 euros según su facturación, en el marco de un paquete estatal con dotación de 36,6 millones de euros.

La medida forma parte de un plan de choque más amplio, de 309 millones de euros, que el Gobierno moviliza hasta fin de año para Ceuta, con cuatro ejes: refuerzo de servicios esenciales, seguridad, acogida humanitaria y apoyo a la actividad económica. Este último eje concentra 80 millones de euros, de los cuales 36,6 millones corresponden a la línea de ayudas directas gestionada por el fisco. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presentó el plan como una respuesta a los pedidos trasladados por patronales, sindicatos, la Cámara de Comercio y el gobierno local.

Los autónomos percibirán un importe único de 5.000 euros. Para las empresas, personas jurídicas y comunidades de bienes, el monto se calcula en función de la cifra de negocios declarada en 2025: 10.000 euros para quienes facturaron hasta un millón de euros; 20.000 euros entre uno y dos millones; 40.000 euros entre dos y seis millones; 80.000 euros entre seis y diez millones; y 150.000 euros, el tramo máximo, para facturaciones superiores a esa cifra. Las compañías que iniciaron actividad durante 2026 también pueden solicitar 10.000 euros si cumplen los requisitos fijados en la norma. Quedan fuera del esquema los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Los requisitos exigen domicilio fiscal en la ciudad durante un período específico

Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben haber tenido domicilio fiscal, establecimiento de explotación o inmuebles afectos a su actividad en Ceuta entre el 30 de julio y el 3 de septiembre de 2026. También deben figurar de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores durante ese lapso y haber presentado la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2025, con ingresos declarados. Quienes se dieron de alta en el censo durante 2026 deben haber presentado el modelo 036 antes del 3 de septiembre, sin haber tramitado una baja censal antes del 30 de julio.

La solicitud se presenta a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el interesado debe indicar una cuenta bancaria de su titularidad y suscribir una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos y el impacto negativo de la crisis migratoria en su actividad. Si transcurren tres meses desde el cierre del plazo sin que se haya efectuado el pago, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Cuando el pago procede, se concreta mediante transferencia bancaria, que a su vez equivale a la notificación formal del acuerdo de concesión. Las cantidades están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, y son inembargables.

Las solicitudes recibidas aún no agotan la previsión inicial

Según datos difundidos el 29 de septiembre, se habían registrado 1.217 solicitudes, una cifra por debajo de la previsión inicial del Gobierno, que estimaba alcanzar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas. El plazo para presentar la solicitud permanece abierto hasta el 30 de noviembre de 2026, por lo que todavía existe margen para nuevas peticiones antes del cierre del esquema.

El inicio de los pagos corresponde exclusivamente a la línea de ayudas directas. Por separado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionará una línea de avales de 50 millones de euros, destinada a cubrir operaciones de financiación para liquidez, capital circulante e inversiones. A ello se suman 16 millones de euros movilizados por el Ministerio de Economía para apoyar al comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas ceutíes. En el plano fiscal, la norma eleva de forma permanente del 50% al 60% la bonificación del Impuesto sobre Sociedades para empresas residentes en Ceuta y Melilla, y amplía el límite de renta imputable localmente por cada trabajador contratado, de 50.000 a 60.000 euros, con un tope que pasa de ocho a veinte empleados computables.