Votar en otoño y no en verano le puede salir más barato al Estado: el efecto de las vacaciones aumenta el gasto en voto por correo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este lunes elecciones generales para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista inicialmente para 2027. Esta decisión, derivada principalmente del rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros y del descontento social reflejado en decenas de manifestaciones que han recorrido España la pasada semana, tiene además una consecuencia económica: votar en noviembre, y no en julio, evitaría el pico de gasto en voto por correo que marcó los últimos comicios generales.

En verano, con una parte de los electores fuera de su domicilio habitual por vacaciones, aumentan las solicitudes de voto a distancia, lo que encarece la partida que gestiona Correos. Noviembre, en cambio, es un mes sin ese factor estacional. A esto se suma un segundo elemento que podría reducir el gasto: el Ministerio del Interior tendrá que recurrir a un contrato de escrutinio electoral más barato que el que tenía preparado para unas elecciones en 2027.

Con los datos disponibles de contratos públicos y presupuestos de convocatorias anteriores, ambos factores apuntan a un ahorro combinado de hasta 48 millones de euros frente a la celebración de las elecciones en la fecha original. Se trata de un cálculo propio, no de una cifra oficial, y no incluye otras partidas del presupuesto electoral que también podrían variar, como el despliegue de seguridad, la logística de los colegios electorales o los posibles refuerzos de personal que exija la propia urgencia de la convocatoria.

No existe todavía una cifra oficial del coste total de la convocatoria del 29 de noviembre. El Ministerio del Interior suele publicarla mediante un dosier de prensa en las semanas previas a la votación, como ocurrió en 2023.

Un contrato de 2022 que ahora resulta más barato de lo previsto

El Ministerio del Interior tenía preparado un contrato nuevo para gestionar el escrutinio electoral de cara a los comicios de 2027, valorado en 46.064.980,50 euros, un 27% más caro que el acuerdo vigente. El Consejo de Ministros lo autorizó el 15 de septiembre y la licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de septiembre, con un límite de gasto de 13,96 millones de euros por cada elección.

Ese contrato no estará listo a tiempo. El calendario fijado en el propio BOE establece que las ofertas económicas no se abrirán hasta el 18 de diciembre, tres semanas después de la jornada electoral. Al caer las elecciones el 29 de noviembre, Interior tendrá que recurrir al acuerdo de 2022, adjudicado a Indra en febrero de 2023 por 36,3 millones de euros, con un límite de 11 millones de euros por elección, casi tres millones menos que el contrato que lo sustituía.

Los servicios postales, la partida que más depende del calendario

El presupuesto total de las elecciones generales de julio de 2023 ascendió a 220.872.805,92 euros, según el dosier de prensa del Ministerio del Interior. Casi la mitad de esa cifra, 101,5 millones de euros, se destinó al operador postal, encargado de tramitar el voto por correo y la propaganda electoral. Fue la partida más alta de todo el presupuesto.

Esa cifra fue casi un 80% superior a la de noviembre de 2019, cuando esta misma partida costó 56,5 millones de euros, según los datos de Interior. La diferencia entre ambos procesos, 45 millones de euros, coincide con un factor de calendario: en julio de 2023 fueron las primeras elecciones generales celebradas en pleno verano, con una parte de los electores fuera de su domicilio habitual por vacaciones, lo que multiplicó las solicitudes de voto a distancia.

Las elecciones que estaban previstas para 2027, de agotarse la legislatura, debían celebrarse también en julio, tal y como recogen los pliegos de licitación de material electoral publicados por el Ministerio del Interior, que identifican expresamente esa fecha como la cita prevista en el calendario oficial. Al adelantarse a noviembre, un mes sin ese factor estacional, el patrón de gasto en voto por correo debería acercarse más al de noviembre de 2019 que al de julio de 2023.

La urgencia también tiene un precio todavía desconocido

El cálculo del ahorro no incluye un posible coste inverso: el de comprimir en 54 días un proceso que, de otro modo, se habría planificado con meses de antelación. Esa urgencia ya está generando tensiones: CCOO ha reclamado a la dirección de Correos que planifique de forma “inmediata” la contratación extra necesaria para afrontar “con todas las garantías” el incremento de actividad asociado al voto postal para las elecciones del 29 de noviembre.

En este sentido, si Correos necesita reforzar su plantilla de forma extraordinaria para absorber el aumento de solicitudes en un plazo tan corto, ese coste adicional podría compensar, al menos en parte, el ahorro esperado por evitar el mes de julio.

El presupuesto electoral de 2023, el más alto de la historia hasta ahora, da una idea de todo lo que hay que financiar en menos de dos meses. Además del operador postal y el escrutinio, el Estado pagó el despliegue de mesas, urnas y cabinas de votación, el funcionamiento de las juntas electorales, el refuerzo de los cuerpos de seguridad en los colegios electorales, la oficina del censo electoral y la colaboración de los ayuntamientos, que ceden sus colegios y personal para la jornada. A esto se suman las subvenciones a los partidos políticos, que el Estado empieza a adelantar antes de la jornada electoral, calculadas sobre los resultados obtenidos en los comicios anteriores.