Gobierno de Trump compra cárceles para deportar migrantes: Paga 950 mdd por tres penales en California

La administración de Donald Trump acordó pagar 950 millones de dólares para comprar tres centros de detención de inmigrantes en California a GEO Group Inc., como parte de una iniciativa más amplia para otorgar al gobierno federal un control más directo sobre la infraestructura que respalda su campaña de deportaciones masivas.

El acuerdo abarca tres instalaciones contiguas en Adelanto, al sur de California, con una capacidad combinada de más de 2 mil 600 camas. GEO continuará operando las instalaciones bajo un contrato vigente hasta diciembre de 2034, según informó la compañía el lunes.

“Nos complace la finalización de estas importantes ventas de activos al gobierno federal de los Estados Unidos y esperamos seguir brindando servicios de apoyo seguros y de alta calidad en virtud de nuestros contratos a largo plazo vigentes con ICE”, dijo George C. Zoley, director ejecutivo de GEO, en un comunicado.

Durante mucho tiempo, el ICE ha dependido de empresas penitenciarias privadas y gobiernos locales para gran parte del espacio utilizado para retener a inmigrantes que esperan la deportación o el resultado de los procesos judiciales. Bajo la administración Trump, la agencia ahora está comprando más de esas instalaciones por su cuenta, al tiempo que continúa contratando a empresas privadas para su operación.

Gasto en el ICE permite incrementar deportaciones masivas en EU

A principios de este año, el ICE pagó alrededor de mil 500 millones de dólares por dos centros de detención, incluyendo uno con capacidad para casi 2 mil personas cerca de San Diego, propiedad de CoreCivic, que ha seguido operándolos tras la venta. Tanto CoreCivic como GEO han declarado que están negociando la posible venta de propiedades adicionales al gobierno.

Funcionarios de la agencia han informado a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el brazo investigador del Congreso, que ser propietario de centros de detención le da a ICE un mayor control sobre la capacidad y puede ayudar a asegurar espacio en partes del país donde prevé necesitarlo.

El ICE también ha buscado otras maneras de ampliar su capacidad ante el aumento de las detenciones por motivos de inmigración por parte de la administración Trump. Según la GAO, la agencia gastó alrededor de mil millones de dólares en la compra de 11 almacenes en todo el país que planeaba convertir en centros de detención. Posteriormente, la agencia decidió vender al menos siete de estas propiedades.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) descubrió que el ICE había estado avanzando sin haber desarrollado previamente un plan integral sobre cuántas camas necesitaba, dónde debían ubicarse o cómo se comparaban los costos de los diferentes enfoques a lo largo del tiempo.

Según el informe de la GAO, “la compra por parte de ICE de centros de detención ya existentes podría generar despilfarro”. “Si bien los funcionarios nos dijeron que consideraron riesgos como las responsabilidades ambientales y el historial de los sitios que identificaron para una posible compra, ICE no ha evaluado la viabilidad económica a largo plazo de ser propietario de estas instalaciones”.

Desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo el año pasado, el ICE ha arrestado a más de 650 mil personas, según datos de la agencia. A mediados de julio, según los últimos datos gubernamentales disponibles, la administración había deportado a aproximadamente 600 mil personas.

“El DHS lleva a cabo actividades policiales a diario en todo el país para mantener a los estadounidenses a salvo. No debería sorprender que el ICE vaya a realizar arrestos en varios estados de Estados Unidos y garantizar que contemos con los recursos necesarios para cumplir la misión del presidente Trump”, declaró el DHS en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas.

El aumento de casos ha intensificado el escrutinio de las condiciones dentro de los centros de detención de inmigrantes. Organizaciones de derechos civiles y exdetenidos han expresado repetidamente su preocupación en demandas y en informes gubernamentales sobre la atención médica, la seguridad y el trato recibido en centros de todo el país, incluido Adelanto. GEO, CoreCivic y otros operadores han negado reiteradamente cualquier acusación de irregularidades o maltrato.