Régimen cubano evalúa nuevas obligaciones sociales para los negocios privados, en medio de la crisis que golpea la isla
Los negocios privados de Cienfuegos, una provincia cubana en la costa centro-sur podrían quedar sujetos a un esquema de compromisos sociales con supervisión estatal, según un documento que plantea nuevas exigencias para los emprendedores de la provincia. La iniciativa prevé que cada actor económico seleccione tareas de apoyo comunitario, las incorpore a su planificación y presente pruebas de su cumplimiento, e incluso se habla de sanciones a quienes no se apeguen a las normas.
El texto establece que los propietarios de pequeños negocios deberán asumir al menos tres responsabilidades sociales. La medida tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y podría renovarse cada año.
La información fue difundida a partir de una publicación sobre un documento filtrado por el periodista cubano Jorge Castro, que fue retomada por el medio CubitaNow. Según ese material, la propuesta aparece en un momento de dificultades económicas que afectan a la población cubana y a los negocios particulares, marcados por problemas de abastecimiento, inflación y limitaciones para operar.
Los negocios deberían elegir tres tareas de apoyo comunitario
Entre las opciones incluidas figuran el apoyo a comedores del Sistema de Atención a la Familia, hogares de ancianos, hogares maternos y centros para niños sin cuidado parental. También se contempla la entrega de productos a instituciones sociales y la creación de ofertas o módulos con precios diferenciados para personas vulnerables.
El listado incorpora aportes a los servicios de salud, educación, cultura y deporte, además de tareas de saneamiento en comunidades. Los negocios podrían participar en el apoyo al transporte público y sanitario, así como en la asistencia funeraria para familias sin recursos.
Otra de las alternativas consiste en suscribir acuerdos bancarios para facilitar pagos a jubilados y pensionados. En casos de emergencia, los establecimientos privados podrían convertirse en puntos de acopio de recursos o integrarse a fondos sostenidos con aportes de emprendedores.
El documento no precisa qué actividades deberá elegir cada negocio ni establece criterios públicos para distribuir esas responsabilidades entre los distintos sectores. Tampoco detalla si las tareas se determinarán según el tipo de actividad económica, los ingresos de cada emprendimiento o las necesidades de cada municipio.
El esquema prevé controles e informes trimestrales
Además de cumplir con las acciones seleccionadas, los negocios tendrían que presentar informes cada tres meses. Esos documentos deberían incluir las actividades realizadas, la cantidad de beneficiarios y los recursos utilizados.
Las autoridades también pedirían conservar pruebas de cada acción. Entre los documentos requeridos aparecen fotografías, actas, facturas y listados. Ese material permitiría verificar el cumplimiento de los compromisos incluidos en el acuerdo.
El texto establece posibles consecuencias frente al incumplimiento que no tenga justificación. Entre ellas figuran amonestaciones, evaluaciones negativas en los registros municipales, la pérdida de incentivos y la notificación a organismos de control.
El carácter voluntario concentra las dudas sobre la medida
La propuesta presenta estas tareas como parte de la responsabilidad social comunitaria de los negocios privados. Sin embargo, la filtración señala que algunos trabajadores por cuenta propia habrían sido convocados para firmar un contrato relacionado con estas obligaciones.
Ese punto concentra las dudas sobre el alcance real de la medida. Si bien el documento usa un enfoque de colaboración con instituciones y sectores vulnerables, la existencia de sanciones administrativas ante un eventual incumplimiento plantea interrogantes sobre el grado de voluntariedad para los emprendedores.
Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre la aplicación del esquema, los mecanismos para evaluar los compromisos ni el número de negocios que podrían quedar alcanzados en Cienfuegos. El acuerdo, de confirmarse, incorporaría nuevas obligaciones para el sector privado de la provincia durante los próximos meses.
Infobae
