Procuraduría le puso la lupa a billonario contrato entre Air-e y una compañía china: hay dos billones en juego
La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a otro contrato firmado por la comercializadora energética Air-e que designó recursos por dos billones de pesos a la compañía asiática China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), en medio de la estrategia denominada “Paz Energética” del organismo de control.
Según informó el Ministerio Público en la mañana del lunes 5 de octubre, revisará la negociación y las decisiones de quienes dirigieron la empresa intervenida para determinar si el contrato expuso a Air-e a riesgos financieros, operativos o administrativos.
“La “Paz Energética” exige anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio. La Procuraduría mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre AIR-E, el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida”, señaló la entidad.
Sin embargo, el Ministerio público que el procedimiento responde a una medida preventiva y que no establece, de momento, irregularidades ni responsabilidades individuales, pero busca evitar efectos sobre el servicio eléctrico en la región Caribe.
El contrato prevé recursos para proyectos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Entre las iniciativas contempladas figuran la renovación tecnológica de subestaciones de potencia, la ampliación de redes de distribución y transmisión y el incremento de la capacidad del sistema.
La empresa anunció en su momento que el acuerdo permitirá ejecutar proyectos priorizados para reforzar la red eléctrica y mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los usuarios de la región.
“Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable”, sostuvo el interventor de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago, al momento de anunciar el negocio
El esquema financiero incorpora un año de gracia, contado desde la entrada en funcionamiento de la infraestructura que reciba financiación. La tasa de interés acordada es de 5,2% efectivo anual.
La vigencia del contrato será de 60 meses. Durante ese período, un comité técnico deberá priorizar y aprobar los proyectos que accederán a los recursos.
La Procuraduría pidió documentos a Air-e y a la Superintendencia
La revisión se desarrolla dentro de la Mesa Integral de la estrategia “Paz Energética”. La Procuraduría formuló requerimientos a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El organismo examinó el contrato, sus anexos y la documentación recopilada durante el seguimiento. Tras ese análisis, identificó asuntos que requieren una vigilancia especial por sus eventuales efectos sobre la compañía y sobre la continuidad del suministro eléctrico.
La entidad busca actuar antes de que esas situaciones se conviertan en dificultades para la empresa intervenida o para los usuarios del servicio en los territorios donde opera.
La dimensión económica del negocio elevó la atención sobre sus condiciones financieras y administrativas. El seguimiento también abarca las decisiones futuras que adopten las autoridades frente a Air-e.
Cinco administraciones serán revisadas por la negociación
La Procuraduría examina las actuaciones de cinco agentes especiales que estuvieron al frente de la empresa durante el proceso: Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Mesa Buitrago.
El último de ellos suscribió el contrato con CMC el 19 de agosto de 2026. La firma se produjo luego de un período de negociaciones que, según lo anunciado por Air-e, se extendió cerca de un año.
La revisión pretende reconstruir la trazabilidad completa de la operación. El organismo busca precisar la participación de cada administración y las decisiones tomadas en las distintas fases de estructuración y firma.
El control preventivo también apunta a establecer si las condiciones del acuerdo generaron riesgos derivados del proceso. La Procuraduría evaluará posibles responsabilidades vinculadas con las actuaciones revisadas.
Infobae
