La Delegación del Gobierno de Madrid insta a respetar el derecho de reunión en la acampada

Madrid, 5 oct (EFE).- La Delegación del Gobierno en la región ha considerado positiva la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol solicitado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la vez que ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han señalado que la ley es clara y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y que la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso.

El criterio que guía los pasos de la Delegación del Gobierno en Madrid es "prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión".

"Ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental", ha resaltado la institución que dirige Francisco Martín.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha instado al Gobierno de Ayuso a respetar las "garantías" constitucionales y asumir sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna.

El TSJM ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar inmediatamente la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Díaz Ayuso.

Aunque en opinión de la sección sexta de lo Contencioso "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado", recoge el auto dictado este lunes.

Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño con posible utilización de "medidas de compulsión física" por parte de las fuerzas de seguridad si no accediesen a abandonar la acampada. EFE