Registrador nacional entuteló al expresidente Gustavo Petro: solicitó que se retracte por acusarlo de hacer supuesto fraude en elecciones de 2026
El expresidente Gustavo Petro tendrá un nuevo pleito legal, esta vez con la Registraduría Nacional del Estado Civil, después de que el Consejo de Estado admitiera una acción de tutela presentada por el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo tras acusarlo públicamente de liderar un supuesto plan para hacer fraude en las elecciones presidenciales de mayo y junio de 2026.
Según el documento aceptado por el alto tribunal el 30 de septiembre, Penagos solicitó formalmente que el exmandatario rectifique las acusaciones que, según afirmó, lo vincularon a él y a la entidad electoral con una supuesta manipulación de los comicios.
En el documento, el registrador nacional apeló a la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación, además del buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El caso quedó en manos de la Sección Tercera, Subsección C, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El consejero Nicolás Yepes Corrales resolvió sobre la admisión de la tutela el 30 de septiembre.
La acción sostiene que las afirmaciones cuestionadas fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto, mediante 14 publicaciones en la cuenta personal de X de Gustavo Petro. También incluye un consejo de ministros transmitido públicamente el 14 de julio.
De acuerdo con el escrito, los mensajes atribuyeron al registrador y a la Registraduría la comisión de un fraude electoral. Las acusaciones se relacionaron con presuntas modificaciones del censo electoral, del número de puestos y mesas de votación, y de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14.
El accionante también cuestionó señalamientos sobre una supuesta alteración de las direcciones IP de los servidores de la entidad, la existencia de bloques matemáticos que demostrarían una manipulación de los resultados y la negativa a permitir una auditoría del código fuente.
Penagos afirmó que esas acusaciones carecían de pruebas y que quien las formuló no era la autoridad competente para hacerlo. Según la tutela, pidió una rectificación, pero no recibió respuesta ni corrección una vez venció el plazo de 15 días hábiles.
Infobae
