Gentrificación a la medida: cuando el capital privatiza el Paseo de San Francisco

Análisis urbano y política pública

Hay proyectos que no se miden por sus cuatro mil millones de pesos de inversión, sino por el nivel de cinismo con el que se disfrazan de “desarrollo”. El anuncio estelar del edil Pepe Chedraui presentando, entre manteles largos, el megaproyecto inmobiliario de Carlos Slim en el histórico Paseo de San Francisco no es una victoria ciudadana; es un manual clásico de urbanismo patrimonial privatizador concebido para una élite reducida.

Decir que levantar 700 departamentos de lujo, comercios exclusivos y macroestacionamientos subterráneos en el corazón de la zona fundacional de Puebla es “un acuerdo entre privados que nos beneficiará a todos” revela algo más que miopía técnica: expone la nostalgia de una burocracia municipal caduca que concibe la ciudad como una simple maqueta de bienes raíces.

La lógica del enclave: gentrificación con tufo a conflicto de interés

La narrativa del Ayuntamiento capitalino presume la llegada del capital de Grupo Carso como una hazaña de gestión. Sin embargo, omiten responder la pregunta básica y de fondo: ¿desarrollo para quién?

Cuando el alcalde asegura con soltura que la obra “aumentará la plusvalía de las viviendas alrededor”, olvida mencionar el reverso inevitable de esa moneda teórica: el encarecimiento desmedido de las rentas, la expulsión sistemática de los habitantes tradicionales de los barrios de El Alto y San Francisco, y la asfixia de la vida comunitaria a manos del consumo de alta gama.

A esto se le llama gentrificación. Y cuando la facilitación institucional de este fenómeno viene aderezada con nexos de parentesco directo y redes familiares —donde el capital beneficiado orbita en el mismo árbol genealógico del edil al ser Carlos Slim el abuelo de la nuera del propio alcalde—, el asunto deja de ser un debate sobre planificación urbana para convertirse en un evidente conflicto de interés y tráfico de influencias. Avalar este modelo no es solo un error estratégico; es una abierta traición a la plataforma de justicia social de la Cuarta Transformación, basada en el principio inapelable de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Armenta y la firmeza del Estado: inversión sí, pero con sentido social

Afortunadamente para Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier y su gabinete han puesto un freno de mano institucional. Al advertir que la zona fundacional no es una mercancía rematable al mejor postor y exigir el cumplimiento estricto de las normativas de conservación, la administración estatal reafirma el papel regulador y la soberanía del Estado.

La postura del Ejecutivo estatal no es anti empresarial —falso dilema que la derecha suele desempolvar—; es una postura de soberanía urbana y equidad económica. Armenta entiende que la capital del estado no necesita torres de marfil para inversores foráneos ni enclaves de consumo privativo. Lo que la metrópoli exige con urgencia es agua potable, movilidad digna, pavimentación en sus juntas auxiliares golpeadas por el rezago y la recuperación del espacio público para la gente trabajadora.

La lección económica global: el modelo de París y la inversión con justicia social

Si el Ayuntamiento capitalino quisiera aprender cómo se diseña una metrópoli moderna, inteligente y altamente rentable sin rematar su identidad, le valdría la pena analizar la evidencia económica empírica de proyectos globales de conservación histórica, como la transformación de París bajo la gestión de Anne Hidalgo y el urbanista Carlos Moreno:

Datos duros: el retorno económico y social de la conservación histórica

Incremento del comercio local (+20% a +30%): la peatonalización y reconversión de centros históricos en áreas de proximidad en París no destruyó el comercio; incrementó el flujo peatonal y las ventas minoristas locales entre un 20% y un 30%, multiplicando la economía de escala comunitaria en lugar de concentrarla en un solo corporativo.

Retorno de inversión pública (1:4 en Economía Turística Sostenible): por cada euro invertido por el Estado en regeneración de patrimonio histórico accesible y espacio público verde, la economía local genera más de 4 euros en servicios, cultura y hostelería de pequeña y mediana escala (según análisis del Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo ITDP y la OCDE).

Criterio de vivienda accesible (regla del 25%): París aprobó el Plan Local de Urbanismo (PLU) exigiendo que para 2035 el 30% de la vivienda sea accesible y social, deteniendo la expulsión de familias trabajadoras del centro histórico y manteniendo una densidad urbana viva y diversa.

Reducción de costos en salud y contaminación: la estrategia de la “Ciudad de los 15 Minutos” redujo en París más del 25% las emisiones de CO en zonas centrales y ahorró millones de euros anuales en gastos de salud pública asociados a la contaminación e inactividad física.

El modelo parisino demuestra con datos duros que la rentabilidad financiera no está peleada con la equidad. La modernización del siglo XXI no consiste en cavar macro-estacionamientos subterráneos para los automóviles de la élite ni en edificar condominios verticales inalcanzables, sino en descentralizar el bienestar a través de la proximidad, el transporte limpio y la protección del patrimonio popular.

O el pueblo, o las cúpulas

El proyecto de San Francisco coloca a la capital en un parteaguas histórico. De un lado está la visión reactiva de Pepe Chedraui, que entiende la política pública como un trámite para facilitar negocios corporativos a espaldas de la comunidad y en beneficio de redes de parentesco. Del otro, está la visión del gobernador Alejandro Armenta, enfocada en devolverle el sentido humano, equitativo e histórico a la gestión del territorio.

Puebla no necesita condominios de lujo para unos cuantos miles de pesos por metro cuadrado. Puebla necesita infraestructura comunitaria, dignidad presupuestal y proyectos con justicia social. En esta batalla por el suelo, la memoria y la economía popular, la razón política, los datos técnicos y la coherencia ética están del lado del gobierno estatal.

Paola Migoya, abogada, consultora en estrategia pública y especialista en desarrollo económico regional.