Viri Ríos: qué convincente suena la propaganda

“Ver lo que está ante nuestras narices exige un esfuerzo constante.”

George Orwell

A mí, varias de las intervenciones de Viri Ríos me parecen propaganda bien articulada, pero propaganda al fin. Y ese es parte del problema: habla con soltura, responde con seguridad y sabe hacer parecer convincente un argumento.

Sus credenciales añaden prestigio, pero la facilidad de palabra hace buena parte del trabajo. Podemos terminar creyéndole porque lo dice de corrido, antes de revisar si lo que dice es cierto.

Hay además una comodidad para los medios: una voz favorable al oficialismo sirve para “equilibrar” a los críticos. Conviene preguntar si ese lugar en la mesa se gana por la calidad de los argumentos o por el bando que se representa. Porque hablar a favor del gobierno y hacerlo con buena labia no demuestra nada. Ser convincente es una habilidad. Tener razón requiere pruebas y verdadera argumentación.

El episodio reciente de Luz y Fuerza muestra por qué hace falta esa revisión. Ríos afirmó que a los sindicalistas “nunca se les liquidó conforme a ley”. La ASF documentó 28,190 extrabajadores indemnizados al cierre de 2009, incluidos 27,406 sindicalizados, y verificó pagos conforme al esquema aprobado en los casos revisados. Lo anterior obliga a Rios a explicar el “nunca”.

Puede haber reclamaciones individuales pendientes. Pero entonces corresponde decir cuáles, de quiénes y por qué aquellos otros pagos incumplían la ley. Defender a trabajadores inconformes no autoriza a meter todas las liquidaciones en el mismo saco. Una frase rotunda produce indignación inmediata; separar casos exige trabajo y honestidad. Ese trabajo y esa honestidad se le deben al público. Y el medio debe pedirlo antes de dar por buena la frase.

Lo digo sin rodeos: también hay afirmaciones falsas. En marzo de 2025, José Antonio Aguilar Rivera cuestionó que Ríos lo presentara como dirigente de una fuente académica sobre corrupción. Él negó liderar V-Dem en México y haber elaborado los datos aludidos. La institución lo identifica como investigador asociado. Una cosa es colaborar con una organización; otra, dirigirla o producir sus cifras.

La diferencia importa porque un nombre prestigiado ayuda a vender una conclusión. Si se le atribuye una responsabilidad que no tiene, el argumento recibe un respaldo que no le corresponde. Aguilar afirmó, además, que había pedido una aclaración y no la había obtenido hasta entonces. Aquí hay una falsedad concreta que discutir. El desacuerdo ideológico no la vuelve cierta.

También está la vara que se estira y se encoge. En 2019, Ríos cuestionó que Banxico atribuyera al salario mínimo una pérdida de empleo sin separar otras causas. En 2025 atribuyó categóricamente la reducción de la pobreza a las reformas laborales del régimen 4t. Para el resultado incómodo, lupa; para el favorable, aplauso.

Que los ingresos hayan mejorado no demuestra, por sí solo, cuánto de esa mejora produjo cada política. Hay que explicarlo. Si a otro le exige demostrar qué causó un resultado, debe hacer lo mismo cuando reparte medallas al gobierno. De lo contrario, el rigor termina siendo un requisito para los adversarios y una cortesía opcional para los amigos.

Otro caso es su explicación de las protestas de la generación Z: utilizó una encuesta de población para concluir por qué marchan los jóvenes. Pero saber qué preocupa a una generación no equivale a saber por qué salió a protestar un grupo. Para averiguar eso hay que preguntar a quienes marcharon. El promedio no puede contestar por ellos, aunque resulte más cómodo sentarlo en una mesa de opinión.

Ahí se entiende cómo puede engañar un argumento sin que todas sus cifras sean inventadas. Se toma un dato verdadero y se le hace decir más de lo que permite. Se pasa de “esto ocurrió” a “esto demuestra que el gobierno tiene razón”. El lector reconoce la cifra y termina aceptando también el salto argumentativo. La manipulación puede estar en la conclusión, no en la matemática.

Eso es lo que yo cuestiono de Ríos en estos casos. Las fuentes mal atribuidas, las explicaciones demasiado seguras y el rigor que cambia según la conclusión construyen una defensa política con apariencia de análisis. Para mí, hacen el trabajo de la propaganda: dar al relato oficialista una credibilidad que debe ganarse con pruebas.

Una analista puede simpatizar con Morena. Puede defender el salario mínimo, los programas sociales o cualquier decisión gubernamental. Después debe reconocer qué está demostrado y qué solo lo está interpretando. Los diplomas no dan permiso para confundir ambas cosas. Tampoco vuelven cierto un argumento que acaba de ser desmentido. “Lo que natura no da, Salamanca no presta”: un certificado acredita estudios; el criterio, la honestidad intelectual y la disposición a corregir se demuestran al hablar y escribir. No vienen garantizados en el título.

Y los medios tienen su parte de responsabilidad. Ríos participa en Tercer Grado, de N+; interviene en Así las cosas, de W Radio, y ha sido entrevistada en Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire. La tentación es dar por cumplida la pluralidad cuando ya hay alguien que defiende al gobierno y lo hace sin trabarse. Así se puede confundir una buena intervención televisiva con un buen argumento. Pero el aplomo no comprueba cifras ni corrige falsedades. Quien conduce también debe cuestionar a la invitada que habla bonito. Sobre todo si su seguridad hace que una afirmación dudosa parezca indiscutible.

Cuando se difunde una falsedad, la pregunta para el editor o el conductor es sencilla: ¿la van a comprobar?, ¿van a pedir una respuesta?, ¿van a corregir? No puedo afirmar que todas las redacciones hayan ignorado cada objeción. Sí puedo exigirles que expliquen qué hacen cuando el documento contradice al colaborador. “Es su opinión” no resuelve una atribución falsa.

Esa falta de examen beneficia al poder. Una defensa del gobierno puede recibir un pase por servir de contrapeso y otro por estar bien dicha. El prestigio académico y el del medio completan el paquete. Al público le llega una conclusión con varias garantías aparentes, aunque ninguna sustituya la comprobación. La responsabilidad editorial empieza justamente donde termina la impresión de que alguien “se vio muy bien”.

Y que nadie aproveche esta crítica para justificar la necesidad de un censor gubernamental. Me opongo a que el poder decida qué puede circular en redes, qué debe publicar un periódico o quién merece un micrófono. Un gobierno interesado en proteger su propia versión de las cosas no es un árbitro confiable para dictaminar la verdad. Darle ese poder sería entregarle también la manera de silenciar a quienes lo cuestionan.

Ríos tiene derecho a hablar, escribir y defender sus posiciones. Los demás tenemos derecho a señalar sus falsedades, discutir sus cifras y cuestionar sus conclusiones. A los medios les corresponde hacer periodismo: preguntar, contrastar y corregir. Esa tarea debe hacerse con independencia del gobierno. La respuesta a un mal argumento es exhibirlo, no poner una oficina pública a autorizar los buenos.

Por eso mi reclamo es que dejen de dar por buenos argumentos que no han resistido la comprobación. Que una objeción documentada reciba respuesta. Que el currículum no cierre la conversación justo cuando debería abrirla. Y que los medios recuerden que la libertad de una colaboradora para opinar incluye nuestra libertad para pedirle cuentas.

Giro de la Perinola

La libertad de expresión también protege a quien señala que la especialista se equivocó. Curioso que algunos la invoquen para defender el micrófono, pero se incomoden cuando alguien pide revisar lo que salió de él.

Yo quiero medios libres del gobierno y exigentes con sus colaboradores. Los necesito precisamente para poder discutir al poder. Una falsedad dicha con soltura sigue siendo una falsedad. Y cuando la redacción confunde labia con razón y cuota política con pluralidad, le presta al oficialismo una confianza que no se ha ganado. La labia será de Ríos. La credibilidad que los medios ponen en juego es la suya.