Sólo hasta el 3% de la desigualdad de renta se debe a la brecha de ingresos entre españoles e inmigrantes
Entre el 97% y el 99% de la desigualdad de la renta en España se produce dentro de los propios colectivos de hogares nacionales e inmigrantes, y únicamente entre un 1% y un 3% responde a la brecha de ingresos medios existente entre ambos grupos.
Así lo determina un estudio publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y elaborado por los investigadores José E. Boscá, Carolina Calatayud y Antonio Cutanda, de la Universitat de València y Fedea.
El trabajo constata que los resultados no muestran evidencia alguna de una creciente segmentación o segregación económica entre ambos colectivos a lo largo de las últimas décadas, a pesar del notable incremento de la población nacida en el extranjero, que ha pasado de representar un 5,7% de los residentes en 2002 a situarse en el 19,3% en 2025.
El análisis utiliza los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a los años 2008, 2013, 2019 y 2025.
Para la investigación, los autores catalogan como "hogar inmigrante" o "nacional" aquel cuyo sustentador principal -la persona que aporta la mayor proporción de ingresos- ha nacido fuera o dentro de España, respectivamente. En 2025, el 18% de los hogares analizados tenían a un sustentador nacido en el extranjero.
En cuanto a los ingresos medios por unidad de consumo equivalente, el informe señala que las diferencias se han acortado en los ingresos que no proceden de ayudas públicas.
En concreto, la renta de mercado ampliada (que incluye salarios, rentas del trabajo por cuenta propia, capital, alquileres o indemnizaciones por despido, excluyendo la intervención del Estado) de los hogares inmigrantes era en 2025 un 9,3% inferior a la de los nacionales, una distancia sensiblemente menor al 31,6% que se registraba en 2008.
Sin embargo, al incorporar las pensiones públicas de jubilación como un "salario diferido", la brecha de renta media en 2025 se amplía hasta el 35,7% a favor de los hogares nacionales (frente al 48,3% en 2008).
Esta diferencia responde a la distinta estructura demográfica y de edad entre ambos grupos: mientras que en 2025 el 31% de los sustentadores nacionales estaba jubilado y la edad media del grupo se situaba en 57,1 años, en el colectivo inmigrante únicamente el 7% era jubilado y la edad media era de 46,1 años.
LAS PENSIONES INVIERTEN EL MAPA DE LA DESIGUALDAD INTERNA
El estudio revela que las pensiones públicas alteran de forma sustancial la comparación de la desigualdad interna. Si se analiza de forma exclusiva la renta de mercado ampliada, los hogares nacionales presentan una mayor desigualdad interna que los inmigrantes.
De este modo, la población extranjera contribuye a reducir la desigualdad de mercado en el conjunto de España.
No obstante, al añadir las pensiones públicas de jubilación, el efecto se invierte: los hogares inmigrantes pasan a presentar un nivel de desigualdad interna superior al de los nacionales.
Esto se debe a que las pensiones ejercen un potente efecto igualador que beneficia de forma sustancial al colectivo nacional por su mayor tasa de jubilación, mientras que apenas repercute en el colectivo inmigrante por su juventud, apunta el estudio.
El informe señala que, aunque la brecha de acceso a estudios superiores entre los sustentadores de ambos grupos no es abultada -el 41% de los nacionales y el 35% de los inmigrantes contaban con titulación superior en 2025-, el "retorno" en términos de renta es claramente más desigual entre la población extranjera.
Los autores asocian este fenómeno a la dificultad en la homologación de títulos extranjeros, a la sobrecualificación o "brain waste" (inmigrantes con estudios desempeñando empleos de menor cualificación) y a la segmentación del mercado laboral.
LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A INMIGRANTES NO DEBEN SER SÓLO DE FORMACIÓN
Entre las conclusiones del trabajo, los autores subrayan que diseñar políticas públicas articuladas en clave de "nacionales frente a inmigrantes" tiene "muy poco sentido desde una óptica agregada", puesto que cualquier medida o transferencia orientada a reducir la brecha de rentas medias entre colectivos actuaría únicamente sobre el 1% o 3% de la desigualdad total.
Asimismo, advierten de que las políticas dirigidas a la población inmigrante no deben centrarse únicamente en "más formación", sino en corregir las trabas de homologación, la sobrecualificación y los obstáculos en el acceso a profesiones reguladas, para que el rendimiento de sus titulaciones equipare su capacidad de generación de renta.
Igualmente, teniendo en cuenta que la cohorte de inmigrantes llegada a España a partir del año 2000 se jubilará en las próximas décadas, advierten de que si sus carreras de cotización resultan más cortas o precarias, el sistema público de pensiones no podrá ejercer sobre ellos el mismo papel igualador que hoy desempeña sobre los nacionales.
Infobae
