Las leyes sociales del Gobierno que decaen por adelanto electoral: violencia vicaria, ley de Asilo o menores y redes

El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el aire multitud de normas de corte social planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, algunas de ellas ya en tramitación parlamentaria y que decaerán por la disolución de las Cortes Generales.

Concretamente, desde el Ministerio de Igualdad, caerá la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso. La norma tipificaba como agravante de género este tipo de violencia, preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y prohibía explícitamente a los condenados por violencia vicaria hablar sobre el crimen durante un tiempo de hasta 20 años.

Igualmente, no verá la luz La Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres humanos, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. El pasado mes de junio, la ministra Ana Redondo argumentó que la aprobación de la Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto y que no quería hacer una "chapuza jurídica". También queda pendiente la Ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba actualmente en en el Senado.

Asimismo, la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante.

Mientras, desde el Ministerio de Derechos Sociales, decaerá la Ley de Familias, varada en el Congreso y, además, la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) hará que no salga adelante una de las medidas más deseadas por Sumar: la prestación universal por crianza. Además, cuando el ministro Pablo Bustinduy asumió el cargo también hizo suya la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, que había impulsado su predecesora en la anterior legislatura, Ione Belarra, pero esta norma ni siquiera ha vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Juventud e Infancia es uno de los impulsores de otra de las normas que no verá la luz, el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en fase de ponencia en el Congreso, con el objetivo principal de restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.

Además, se encuentra también pendiente la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo de este año, que establece la garantía de escucha al menor y el alejamiento de progenitores sobre los que pesen acusaciones de maltrato. Igualmente, la ministra Sira Rego avanzó en una entrevista con Europa Press que quería llevar al Consejo de Ministros tras este verano una Ley de familias acogedoras para favorecer la acogida y la adopción que ahora tampoco verá la luz.

En la misma situación queda la pretendida la Ley de Juventud, de la que Rego aseguró que ya estaba negociando el borrador con el PSOE y en la que quería incluir el voto a partir de los 16 años.

ESPAÑA, PENDIENTE DE ADAPTARSE AL PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO

En materia de Extranjería, no verá la nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

También en cuestión migratoria, aunque ha sido convalidado, hay un Decreto-Ley en materia de Extranjería que se están tramitando como proyecto de Ley en el Congreso. El adelanto En caso de adelanto electoral, quedará en vigor tal y como se publicó en el BOE al haber sido convalidado. Se trata de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en caso de contingencia migratoria.

Además, el Ejecutivo estudiaba otro decreto para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta, que permitiría entre otras cosas, prescindir de ACNUR en el examen de las solicitudes.