Críticas a Junts tras el revés a los decretos de vivienda: “Sus votantes no solo son caseros, sino también inquilinos, y sobre todo gente sensata”

La crisis de la vivienda ha llevado la tensión social y política en España a un nivel inédito. Las protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, el caso que ha despertado una oleada de indignación que reclama soluciones al problema habitacional, se extendieron a lo largo de la semana pasada por distintos puntos del país, más allá de la acampada en la Puerta del Sol en Madrid, mientras el Gobierno afrontaba negociaciones políticas y un nuevo revés en el Congreso, cuando Junts per Catalunya, PP y Vox tumbaron el viernes los dos decretos de vivienda aprobados dos días antes en el Consejo de Ministros.

Junts tenía la llave para que salieran adelante las medidas que buscaban una mayor protección para los inquilinos, evitar desahucios y limitar la compra de viviendas a fondos buitre, pero los nacionalistas catalanes las rechazaron pese al clamor en las calles. Los de Carles Puigdemont acusaron al Gobierno de “alimentar una falsa esperanza” con unos decretos que, a su juicio, no resuelven la especulación inmobiliaria, trasladan “inseguridad jurídica” a los pequeños propietarios y reducen la oferta del alquiler. El mismo viernes, el partido independentista catalán presentó al Ejecutivo un decreto alternativo que reforzaba la protección de los propietarios y recortaba varias garantías para los inquilinos: eliminaba la regulación de los alquileres de habitación y de temporada, convertía en voluntarias las prórrogas de los contratos y limitaba el escudo antidesahucios.

La principal crítica de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, respecto a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno fue que perjudican a los pequeños propietarios, pero expertos consultados por Infobae como el ingeniero y urbanista José Manuel López defienden que las medidas buscaban dar estabilidad a propietarios e inquilinos al limitar la especulación y asegura que el partido nacionalista “ha realizado un mal diagnóstico”.

“Junts ha intentado introducir una capa ideológica en un tema que no lo es, cuando además sus votantes no solo son caseros, sino también inquilinos y, sobre todo, son gente sensata. En la política nunca se toman decisiones cuando estás en zona de confort y las medidas del pasado viernes tenían que ver más con lo material que con la ideología, en definitiva, con dar un giro”, sostiene López, autor del libro ‘Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda’ (editorial Akal), donde realiza una radiografía del mercado inmobiliario.

A su juicio, Junts ha construido “una ideología y unos datos que no existen sobre los caseros” con un cálculo político “realmente incomprensible”. “Hay que dar un paso porque la situación no se sostiene”, subraya el también actual director del gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. “Este no es un debate ideológico, se trata de un debate que tiene que ver con la vida cotidiana, porque la gente ya no puede más. El desahucio de Maricarmen solo ha revelado la punta del iceberg, porque no solo se trata de desalojos, sino de tener que compartir piso con varias personas con más de 40 años, de que no te puedes emancipar o que tampoco puedas divorciarte” por la actual situación del mercado inmobiliario, añade.

Regular los precios de la vivienda

Los datos de una encuesta reciente elaborada por 40dB para El País y la Cadena SER refuerzan el planteamiento de López, pues, según este sondeo, una mayoría de la población respalda que el Estado regule los precios de la vivienda, incluso si esto perjudica las ganancias de los propietarios: el 67,5% se muestra a favor. El apoyo a la regulación trasciende a los votantes de izquierda: alcanza al 95,8% de los simpatizantes de Sumar, al 85,4% de los de Podemos y al 82,6% de los del PSOE, pero también reúne a más de la mitad de quienes se identifican con el PP (56,5%) y Vox (55,2%). Solo el 21,7% considera que los precios deberían quedar sujetos a la oferta y la demanda, sin intervención pública. Además, el 56,5% de los arrendadores consultados respalda establecer límites a las rentas.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta con 3,9 millones de viviendas en régimen de alquiler. De ellas, algo más de un millón están en manos de empresas privadas -más de la mitad pertenece a sociedades que poseen diez o más inmuebles-, de acuerdo al Catastro de 2025, mientras que la mayor parte de viviendas en renta pertenecen a pequeños propietarios. Por otro lado, los datos del INE indican que también hay 3,8 millones de viviendas vacías en el país, un 14% del total, y muchas de ellas llevan años desocupadas.

En ese sentido, López diferencia entre aquellos propietarios que alquilan como una forma de ahorro, con rentas estables, y quienes intentan especular como los fondos buitre, tensionando el mercado al encarecer los precios. De ahí la importancia, destaca el especialista en urbanismo, de regular el mercado y dar estabilidad a los inquilinos para que “dejen de vivir en una ruleta rusa”. “Si tu inquilino te paga y quieres estabilidad, deja la situación como está, porque si la cambias todo el tiempo con subidas de precio, entonces estás jugando al Monopoly”, afirma, e insiste en que los decretos de vivienda que había aprobado el Gobierno favorecían a esos propietarios ahorradores que no buscan especular.

En cuanto a las casas vacías, López sostiene muchas permanecen fuera del mercado por el temor de los propietarios a los impagos, los conflictos con los inquilinos o las dificultades de gestión. Por eso plantea medidas que combinan impuestos sobre las viviendas desocupadas junto con una agencia pública que dé garantías a los propietarios ante eventuales impagos o incidencias.

López considera que el principal problema es la falta de regulación para contener las subidas de precios. Por eso, sostiene que la solución no pasa solo por construir más viviendas, sino por incorporar al mercado parte del parque que permanece vacío.

Las herencias son un factor clave

Para el especialista también hay un factor clave que amplía las diferencias en el acceso a la vivienda: las herencias. López explica que muchas propiedades adquiridas por generaciones anteriores pasan ahora a hijos o nietos que ya tienen una vivienda y, parte de ese patrimonio, se vende para financiar nuevas compras inmobiliarias o se conserva para alquilarlo y trasladarlo a la siguiente generación.

El resultado, asegura, es una brecha entre quienes heredan viviendas y quienes no tienen patrimonio familiar. “Algunos contarán con una casa propia o heredada a medio plazo, mientras que otros, especialmente los hijos de familias migrantes o sin propiedades, parten con menos recursos para entrar al mercado”.

Por último, López añade un problema menos visible: la calidad y la accesibilidad del parque residencial y es que, según un estudio elaborado elDiario.es junto con datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del INE, alrededor de cinco millones de personas en España viven en pisos de tres o más alturas sin ascensor. A su juicio, los planes de rehabilitación deberían servir no solo para mejorar la eficiencia energética, sino también para eliminar barreras, instalar ascensores y crear nuevas viviendas en los edificios ya existentes.

Tras el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso, el Sindicato de Inquilinas ya ha confirmado que está manteniendo conversaciones con los sindicatos mayoritarios laborales para convocar una huelga general y ha asegurado que “gobierne quien gobierne” no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país, ante la posibilidad de que se convoquen elecciones generales próximamente.