Cerro de La Campana

“Polo” se fue, pero los estragos siguen afectando en el Sur de Sonora donde el huracán dejó comunidades incomunicadas que han requerido abasto de agua y alimentos por diversos medios.

Aún se siguen contabilizando los daños por las lluvias extraordinarias provocadas por el ciclón tropical categoría 1 que dejó más de mil damnificados y golpeó a catorce municipios de la entidad, principalmente en Guaymas, Empalme, Navojoa y Cajeme.

En esa región siguen activos los operativos de apoyo con puentes aéreos de la Armada de México para proveer de comida y agua a los pobladores por las dificultades de ingresar por caminos y carreteras que resultaron dañados.

No sólo las familias enfrentan las consecuencias por “Polo”, también los sectores productivos como las plantas porcícolas ya que por las inundaciones la planta TIF en Navojoa se reportaban cerradas y con operaciones suspendidas por lo que cerca de 2 mil 500 cerdos listos para sacrificios estaban detenidos.

Ante este panorama difícil para muchas familias se reporta que atención gubernamental para la población vulnerable.

Los escándalos y detenciones de políticos y funcionarios señalados por presuntos vínculos con criminales no terminan y, de cara al 2027, esto impone a todos los involucrados la responsabilidad de garantizar que no aparecerán perfiles impresentables.

Apenas ayer fueron detenidos en Chiapas el alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara, y el ex alcalde Alexis Nucamendi, junto con otros 19 funcionarios y policías, investigados por posibles delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa. Esto fue parte de la Operación Enjambre.

Es alarmante lo que sucede, pues hay que recordar que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que del primero de octubre de 2024 a finales de septiembre de este año han detenido a 111 funcionarios señalados por vínculos con el crimen organizado y delitos de alto impacto.

Independientemente de lo que determinen los jueces, en el lado político son los partidos los que deben esclarecer por qué decidieron que eran buena opción y ahora, con el proceso electoral en marcha, deben asegurarse de que los filtros y todo mecanismo se cumpla para determinar quién merece estar en una boleta electoral para que no terminen siendo cómplices de los delincuentes.

Nada alentador es el balance del empresariado sobre el impacto de la reforma judicial en el sector privado, que impone un desafío importante a todo el sistema de impartición de justicia en el País.

A dos años de la implementación de este nuevo modelo judicial y a un año de la llegada de los primeros ministros electos por voto popular, el sector privado tiene un análisis que merece atención.

Y es que una encuesta de la Coparmex, realizada entre 3 mil 721 empresarios, revela que 67.8% considera que sus proyectos de inversión fueron frenados, recortados o pospuestos en el contexto de la reforma. Entre sus preocupaciones aparecen el rezago judicial, la menor certidumbre sobre la protección de la propiedad, los contratos y el acceso al amparo.

Aunque la reforma no es responsable de cada inversión sí incide el ambiente que genera, por lo que las mujeres y hombres de negocios perciben que aún falta trabajar para tener la confianza. Por eso la Coparmex, presidida por Juan José Sierra Álvarez, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una agenda de trabajo y diálogo que busque certeza jurídica e independencia en las resoluciones.

Ahora, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, tiene el reto de convertir esa transformación institucional en resultados porque el Poder Judicial está bajo el escrutinio público para conocer si el cambio profundo ha sido para mejorar.