Los convenios autonómicos con las mutuas para agilizar bajas laborales siguen sin despegar

Madrid, 4 oct (EFE).- La colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud para agilizar los procesos de incapacidad temporal por dolencias musculoesqueléticas apenas ha generado peticiones de pruebas, pese a que ya hay cinco convenios suscritos con comunidades autónomas más el que afecta a Ceuta y Melilla.

La posibilidad de que las mutuas puedan colaborar con la sanidad pública para agilizar las bajas laborales procede de un acuerdo firmado en julio de 2024 entre el Ministerio de Inclusión y los agentes sociales, que desarrollaba lo pactado previamente por patronal y sindicatos.

Dicho acuerdo recogía la necesidad de implicar a las mutuas en la incapacidad temporal, con la puesta a disposición de sus recursos para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos de rehabilitación en patologías de origen traumatológico, las más frecuentes, contando siempre con la voluntariedad y el consentimiento de las personas afectadas.

Para ello, es necesario que cada comunidad autónoma suscriba un convenio de colaboración con las mutuas que desarrolle el acuerdo en su territorio.

Hasta la fecha, sólo han suscrito convenios Baleares (PP), Cataluña (PSOE), Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE) y Cantabria (PP), además del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla.

El de Baleares fue el primero y en él se recoge que el servicio público de salud pondrá a disposición de la mutua, previo consentimiento informado del paciente y a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las actuaciones sanitarias que estime necesarias para la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, incluidas las intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, subraya que será el médico de atención primaria el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, así como de la determinación del diagnóstico inicial y de las modificaciones que se pudieran producir.

El convenio, que posteriormente debía replicarse en el resto de comunidades autónomas, tiene una vigencia de cuatro años y contempla la constitución de una comisión de seguimiento para la vigilancia y el control de su ejecución, así como para evaluar su funcionamiento.

Desde las mutuas y los sindicatos critican el escaso impacto que están teniendo estos convenios, aunque apuntan a diferentes razones.

"Sobre el papel es una idea fantástica, a través de los especialistas en plantilla de las mutuas y de sus medios propios se podrían reducir muchísimo las listas de espera de pacientes con patologías de hombro y rodilla. Pero a la hora de bajar sobre el papel la realidad, surgen los problemas", ha explicado a EFE el director territorial del Área Centro de Asepeyo, Constantino Perea.

Por un lado, no existen procedimientos informáticos y sería necesario desarrollar un circuito de comunicación "seguro y confidencial" entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas para consultar informes o transferir información de los pacientes a los médicos.

Por otro lado, añade, las mutuas tienen problemas internos, porque no todas, sobre todo las pequeñas, cuentan con medios propios para llevar a cabo esa gestión y el Ministerio de Inclusión no les autoriza partidas extra para hacerlo con centros concertados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, apuntó a un "objetivo partidista" y llegó incluso a reprochar al PP que las regiones en las que gobierna no suscriban estos convenios.

Para el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, las mutuas tienen cierta resistencia a entrar en este tipo de convenios, ya que no supone controlar todo el proceso, sino que sus servicios se utilicen "a la carta".

"Donde los gobiernos autonómicos tiran, ellas entran, pero si no, muestran resistencia", añade Bravo a EFE.

El vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, recordaba esta semana que desde 2023, cuando se abrió la puerta (con el AENC) a las mutuas para que realizaran pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, "ese camino apenas se ha recorrido".

"A las mutuas no les ha interesado diagnosticar, tratar ni rehabilitar (...) Parece que la salud de las personas trabajadoras no les preocupa, lo único que les interesa es el alta", subrayaba Luján.

En este punto, CCOO aboga por hacer públicas las mutuas. "Sólo si las mutuas son públicas podrán aumentar su capacidad de control y evitar conflictos de interés", subraya Bravo. EFE

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