Bienestar animal y derechos culturales: el problema constitucional

Mtro. Sergio Guillermo Lozano Galindo.

Como abogado he transitado por la consultoría, el litigio y la academia dentro del campo del Derecho Administrativo, rama del Derecho Público que regula las relaciones entre la ciudadanía y la Administración Pública y que constituye, al mismo tiempo, un contrapeso jurídico frente al ejercicio del poder público.

Hoy inicio una nueva etapa con una serie de publicaciones en las que abordaré diversos temas desde el Derecho Público, procurando analizar asuntos que forman parte de nuestra realidad cotidiana y del debate público.

Espero que estas reflexiones puedan contribuir, aunque sea modestamente, a su análisis y que resulten de su interés.

Iniciamos.

La reforma constitucional de 2024 en materia de bienestar animal abrió un nuevo capítulo en el constitucionalismo mexicano. La protección de los animales adquirió rango constitucional, pero con ello surgió una pregunta inevitable: ¿cómo armonizar ese mandato con otros derechos también reconocidos por la Constitución, como los derechos culturales?

La interrogante cobra especial relevancia frente a actividades de profundo arraigo histórico, como la tauromaquia, cuya presencia en México se remonta al periodo novohispano y que, con el paso de los siglos, se integró a la vida social y cultural de distintas regiones del país, entre ellas Aguascalientes.

La reforma modificó los artículos 3º, 4º y 73 constitucionales: incorporó la protección de los animales en el ámbito educativo, prohibió expresamente el maltrato animal y facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia. El verdadero reto estaba en determinar hasta dónde llegaría esa ley y qué espacio conservarían las entidades federativas.

El 29 de septiembre de 2026, el Senado dio una primera respuesta. Aprobó el proyecto de Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y lo remitió a la Cámara de Diputados. Durante la discusión legislativa se incorporó un elemento especialmente relevante para los espectáculos con animales: corresponderá a las entidades federativas regular su participación en actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

La decisión no equivale a una autorización federal de las corridas de toros, pero tampoco establece una prohibición nacional uniforme. El Senado optó por reconocer a los estados un espacio específico de regulación, aunque sujeto al marco constitucional y a los principios generales de bienestar animal.

En otras palabras, el balón pasó a las entidades federativas, pero no en una cancha sin límites, siempre sujeta a la Ley General.

Dicha Ley pretende establecer una base común de protección animal para todo el país, por lo que los congresos locales no tendrán una libertad absoluta; sin embargo, reconocerles expresamente una facultad regulatoria supone también que existe un margen para que cada entidad determine cómo deben desarrollarse estos espectáculos dentro de ese marco general.

Ahí comienza una nueva discusión jurídica: ¿hasta dónde llega ese margen? ¿Puede una entidad mantener un modelo tradicional de espectáculo taurino sujeto a determinadas reglas de bienestar, mientras otra adopta un esquema más restrictivo, como ha ocurrido en la Ciudad de México?

La respuesta ya no parece encontrarse únicamente en la legislación federal. Si la Cámara de Diputados conserva el modelo aprobado por el Senado, serán también los congresos estatales quienes deban definir los alcances concretos de esta convivencia entre bienestar animal, regulación de espectáculos y derechos culturales.

Para Aguascalientes, por su historia y arraigo taurino, la cuestión adquiere una dimensión especial.

La reforma constitucional abrió el debate y el Senado acaba de mover las piezas. Falta conocer si la Cámara de Diputados mantendrá esta distribución de competencias y, posteriormente, cómo ejercerán los estados ese espacio regulatorio.

En la actualidad, ya no se trata únicamente de si debe protegerse el bienestar animal; eso está constitucionalmente resuelto. La cuestión ahora es cuánto margen tendrán las entidades federativas para determinar la manera en que esa protección deberá convivir con manifestaciones culturales profundamente arraigadas en su propia historia.