Las Malvinas y el GAFI: cómo defender los intereses nacionales en las platarformas globales

Existen razones de oportunidad y conveniencia para que la administración Milei introduzca un planteo técnico-político sobre la Cuestión Malvinas en el seno del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el argumento central de que la explotación ilegítima de recursos naturales en el Atlántico Sur impulsada por Gran Bretaña produce un volumen significativo de activos ilícitos que son lavados en el sistema económico-financiero internacional, en grave detrimento de la integridad que dice proteger el mecanismo global.

Este planteo daría continuidad a las acciones internacionales que comenzaron con la presentación del presidente argentino ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre pasado, en Nueva York, cuando recordó que para los argentinos Malvinas es una “causa nacional”, y que seguirán con la promoción de una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, a efectos de que el Reino Unido respete finalmente las disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Aunque la realidad prueba día tras día que el conjunto de organizaciones y mecanismos globales fue creado y desarrollado esencialmente por los grandes poderes fácticos para proteger sus propios intereses nacionales, lo cierto es que se ha dado un contexto positivo para que un país geopolíticamente importante como la Argentina haga valer al máximo posible su membresía internacional, ya que el Estado argentino está compelido a amplificar su poder relativo cada vez que los escenarios internos y externos lo permitan.

Bajo un criterio de estricto realismo político, el presidente de la Nación debe ordenar que el jefe de Gabinete de Ministros, junto al canciller y el ministro de Justicia, con un dictamen del procurador del Tesoro, pongan en conocimiento de la reunión plenaria que el GAFI celebrará entre el 26 y el 30 de octubre próximo en su sede central en París, la serie de acciones que el Gobierno argentino ha llevado a cabo en estos últimos 30 días, resaltando que estos otorgan una nueva y significativa densidad a la histórica reivindicación argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, tornando inaceptables las prácticas de lavado de dinero de gran escala que resultan de las actividades ilegítimas que se llevan a cabo en el Atlántico Sur.

Téngase presente que el GAFI se encuentra actualmente bajo la presidencia de Giles Thomson, en representación del Reino Unido, lo que convierte este planteo en una verdadera prueba de fuego para el doble estándar que suele regir estos foros multilaterales a la hora de tratar temas que supuestamente son de interés común.

El documento que los funcionarios argentinos deben presentar formalmente en la Secretaría General del GAFI, y exponer a viva voz frente al pleno de representantes, tiene que dar cuenta detallada de la apertura de sesenta procedimientos administrativo-sancionatorios en el marco de la Ley 26.659 contra cuarenta personas jurídicas vinculadas operativamente a las licenciatarias que actúan en la explotación ilícita de petróleo en la cuenca norte de Malvinas llamada Sea Lion (Navitas Petroleum Development and Production Limited, Navitas Petroleum Atlantic Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, JHI Associates Inc., JHI Falklands Inc. y Borders & Southern Falkland Islands Limited). Lo que se debe destacar es que la imputación se amplifica a veinte personas humanas que revisten el carácter de accionistas, directores, representantes, proveedores, asesores e intermediarios en esta explotación fraudulenta.

En cualquier caso, todos los sumariados tienen su sede y/o nacionalidad en países que son miembros plenos del GAFI y pregonan la adopción de estándares globales de combate del lavado de activos: no solo Gran Bretaña, sino también Estados Unidos, Israel, Canadá, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Sudáfrica.

Es importante explicitar también que, además de estos sumarios administrativos, el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, han denunciado penalmente ante cuatro tribunales federales de la Capital Federal a las diez empresas y a los veintisiete directivos directamente implicados en la comisión de los delitos tipificados en la Ley 26.659, en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, en el Código Aduanero, así como también en el Código Penal de la Nación, entre ellos el de asociación ilícita, destacándose el delito consecuente de lavado de activos.

También es relevante que los miembros de la plataforma global que elabora recomendaciones sobre ilícitos económico-financieros tomen nota de que la explotación de la cuenca norte denominada Sea Lion es, de acuerdo a las propias compañías autorizadas por los usurpadores ingleses Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, el único descubrimiento del archipiélago con decisión final de inversión tomada: la Fase 1 prevé unos 170 millones de barriles y un pico cercano a 50.000 barriles diarios, con primer petróleo proyectado para 2028. Eso implica una ganancia ilícita de magnitud que será inyectada en el sistema económico-financiero formal, en menoscabo de todos los pilares que justificaron la creación del dispositivo global que pregona investigar las prácticas graves de lavado de dinero, mitigar los riesgos que estos ilícitos generan y determinar si los países están tomando medidas eficaces al respecto.

Es poco probable que una declaración técnico-política de este tipo produzca consecuencias directas en el interior del GAFI, ya que las reglas que lo dominan están orientadas a combatir el lavado de dinero que afecta los intereses de coyuntura de las grandes potencias, y no el que se perpetra como resultado de la piratería de ultramar que practica uno de sus líderes, Gran Bretaña.

Lo relevante, sin embargo, es que pone en valor la Cuestión Malvinas desde la dimensión económico-financiera que está en juego en esta disputa, reforzando las consecuencias reputacionales que producen las sanciones selectivas que el Estado argentino aplica contra todo aquel que coopere con estas graves prácticas extractivas de nuestros recursos naturales.

Se advertirá así que, por lo pronto, resultará, como mínimo, más problemático que antes invertir en las ricas zonas estratégicas del continente (Vaca Muerta y otras) si se participa de proyectos impulsados por el neocolonialismo inglés en zonas circundantes a las islas. De hecho, la acción del gobierno argentino ya produjo sus primeros resultados: las compañías petrolíferas SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron públicamente que no participan del proyecto de explotación inglesa en el Atlántico Sur. Tampoco podría ocurrir, de ahora en más, que una empresa como Bluewater Energy Services provea servicios a los sumariados y, al mismo tiempo, suministre boyas a YPF, como había ocurrido anteriormente.

Un planteo de este tipo también permite a la Argentina, siempre sobre la base de su poder relativo, calibrar mejor tanto las alianzas como las enemistades políticas que se organizan en torno a la Cuestión Malvinas. Es fundamental saber quiénes nos apoyan no solo en los discursos, sino también en los hechos. Esto vale tanto para los aliados fuertes —como Estados Unidos e Israel— como para China, también miembro del GAFI y beneficiario de las exigencias que el mismo organismo vierte sobre los mercados abiertos y la libertad de comercio.

Haciendo el mismo planteo —que la Argentina debe llevar también a GAFILAT, el mecanismo regional símil del GAFI— se podrá saber si Brasil y Perú, nuestros hermanos históricos, continúan acompañando como siempre a la Argentina en esta reivindicación tan cara a la identidad nacional, aun considerando que el primero acaba de firmar con Gran Bretaña un acuerdo de asociación estratégica con serias implicaciones en materia de defensa y seguridad internacionales. También podremos mensurar la profundidad del compromiso que nuestros vecinos Chile y Uruguay tienen con la Corona Británica, ya que, mientras nos abrazan en el barrio, dan soporte logístico y humanitario a los usurpadores.

Finalmente, llevar la posición argentina sobre Malvinas a una plataforma global como la mencionada produce un ordenamiento interno necesario en el funcionariado argentino que trabaja en esta materia. Necesariamente resultará un aprendizaje forzado, ya que comprenderán por fin que deben dejar de ser predicadores de ideas artificiosas (como si fueran empleados de GAFI) para tornarse fieles representantes de los intereses del Estado que paga sus salarios: la única chance de combatir eficazmente el lavado de activos no pasa por aplicar recetas que en nada se compatibilizan con nuestras necesidades económico-financieras, sino por enfrentar amenazas concretas que realmente afectan a la seguridad nacional argentina.

Oportunidad y conveniencia son marcos referenciales estrictamente políticos para que un gobernante sea exitoso en las decisiones que toma, sobre todo considerando el complejo escenario que se vislumbra, donde la guerra por los recursos naturales es tan importante como la guerra por la inteligencia artificial. Por ello, es cada vez más imprescindible que todo ciudadano comprometido con la Cuestión Malvinas haga todo lo posible para que la Argentina haga de la necesidad virtud y se fortalezca en esta coyuntura tan incierta como fascinante que nos toca vivir como Nación.