¿Alerta sobre El Campín? Una denuncia del Congreso pone contra las cuerdas a la alcaldía de Bogotá y Sencia. Retrasos y sobrecostos

El nuevo estadio El Campín llega a su fase de construcción en medio de una controversia por el cronograma, los permisos que hicieron posible el arranque y las consecuencias económicas que podría tener para Bogotá.

El 30 de septiembre, la Alcaldía anunció oficialmente el inicio de la construcción y confirmó que el escenario ya no estará listo a finales de 2027, como se había anunciado en marzo, sino al cierre de 2028. El proyecto, además, pasó de contemplar 46.500 espectadores a más de 60.000.

Precisamente, el cronograma es uno de los principales puntos de controversia. El representante Mauricio Toro sostiene que existe una diferencia entre las obras de adecuación y la construcción propiamente dicha. “Una cosa son las obras y otra cosa es la construcción”, aseguró.

Según Toro, la obra integral debió comenzar desde el anuncio del 4 de marzo y, bajo esa interpretación, acumula al menos siete meses de retraso. “Lo que está atrasado es la obra en general, que incluye la construcción”, afirmó.

El congresista también cuestiona los trámites de movilidad y advierte sobre una vía de acceso que, según su versión, no tendría recursos suficientes para ser terminada. A esto suma dudas sobre el impacto económico de la ampliación.

“Si no hay plata para una calle, ¿cómo va a haber para toda una ampliación de la obra?”, cuestionó Toro, quien pidió conocer cuánto podría costar el retraso y qué sanciones se aplicarían frente a eventuales incumplimientos.

La Alcaldía tiene una lectura diferente. El alcalde Carlos Fernando Galán sostiene que la obra no estuvo “pausada” porque la construcción formal todavía no había comenzado. “La obra no se pausó porque no había iniciado y todavía no podía iniciar porque no tenía la licencia firme”, explicó.

Galán atribuyó parte del tiempo transcurrido a los recursos presentados contra la licencia, que quedó en firme el 19 de junio, y a los trámites posteriores. “Sí toma un tiempo más, pero un tiempo más que va a garantizar que Bogotá tenga un estadio de talla mundial con más de 60.000 espectadores”, dijo.

Desde Sencia, su CEO, Mauricio Hoyos, también niega que haya existido una pausa de la construcción. Explicó que el acta de inicio dependía de varias condiciones contractuales: cierre financiero, estudio de tránsito, licencia en firme, diseños aprobados por la interventoría y contrato con el constructor.

“No podíamos arrancar la obra porque todavía no teníamos el acta de inicio de construcción”, afirmó Hoyos. Según explicó, esas condiciones ya fueron cumplidas y por eso comenzaron los trabajos de pilotaje.

La discusión económica tiene otro ingrediente y es el aumento de capacidad. Hoyos sostiene que llevar el estadio por encima de 60.000 espectadores tendrá un mayor costo, pero será asumido por Sencia y sus accionistas. “El ciento por ciento de la inversión es por parte de Sencia. Esto no tiene recursos del Estado”, aseguró.

El punto que genera dudas es si ese esfuerzo adicional terminará teniendo alguna consecuencia sobre las condiciones de la concesión. Toro advierte que, aunque no exista un pago directo del Distrito, podría haber un costo indirecto si se amplía el periodo de explotación del escenario.

Hoyos, sin embargo, aseguró que actualmente no existe un cambio contractual por el aumento de capacidad. La concesión está planteada inicialmente por 29,2 años, aunque reconoció que las condiciones podrían cambiar por circunstancias previstas en el contrato.

Otro frente de discusión es el cierre financiero. Toro dijo estar indagando versiones sobre eventuales dificultades en ese proceso. Hoyos lo negó: “No es cierto lo del otrosí. Nosotros teníamos que presentar el cierre financiero; lo presentamos”. Aseguró además que fue aprobado por el Distrito y era uno de los requisitos para firmar el acta de inicio.

La construcción ya comenzó. Ahora el nuevo desafío será determinar si el cronograma que va hasta finales de 2028 se cumple y si la ampliación del proyecto, los tiempos adicionales y las condiciones de la concesión terminan teniendo algún impacto económico para Bogotá.