La “Ley anti memes y parodias” contra el impacto de noticias desfavorables en redes sociales

En el primero y segundo piso de la cuatro té son malos para gobernar pero buenos para truquear la ley y ganar las elecciones. A eso se les ha dado en llamar ”ingeniería electoral”.

El comentario viene a cueto porque el gobierno ha perdido la narrativa en las redes sociales y la consecuente opinión negativa que generan las noticias malas que regalan muchos morenistas en el gobierno, sobretodo en el electorado.

Los expertos en bulling en medios digitales ya perdieron el monopolio de la injuria y quieren poner freno a las redes sociales y a la inteligencia artificial.

¿Cuál es la solución? Pues aprovechando que las nuevas tecnologías digitales permiten crear contenidos diversos tales como audio, video, películas e imágenes, y que incluso están integrados a las redes sociales, y ya que en tristes episodios la tecnología ha sido utilizada para vulnerar derechos como el de las mujeres, niñas y niños; los diputados encontraron el camino.

Tanto en su proyecto de Ley General para Reglamentar y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial como en las nuevas reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial que se ganaron el mote de “Ley anti memes y parodias”, pretenden hacer ver subrepticiamente a sus gobernantes y candidatos como posibles víctimas de bullying, por si alguien se atreviera a criticarlos a través de un meme, comedia o parodia.

Cosa de ver que en la Ley General para regular la inteligencia artificial se encuentran disposiciones para prevenir que la IA no se utilice para cometer abusos contra mujeres, niñas y niños, pero también que no se vulneren las elecciones usando la IA, una idea imprecisa y bizarra.

Y en las reformas de la “Ley anti memes y parodias” pretenden hacer ver que defienden la propiedad intelectual introduciendo la especie de que, si se usa la inteligencia artificial para criticar a los gobernantes o funcionarios de Morena, se estarían violando códigos institucionales oficiales. ¡Ahora resulta que las pifias o pillerías cometidas por funcionarios o gobernantes morenistas son institucionales, faltaba más!

Es decir, como si toda comunicación, ya fuere de la instancia o gobierno que fuere, para explicar lo inexplicable, deviniera del ente mismo.

Ahora resulta que la comunicación de Ruben Rocha Moya, que realizó aún como gobernador, donde se exculpa de las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia estadounidense, podría en sí misma ser institucional, por emanar del ente mismo. ¡Válgame!

Las instituciones son fruto de la sociedad mexicana en su conjunto. Son fruto del trabajo y la decisión del pueblo de México, de allegarse de estos complejos institucionales para el desarrollo de la nación. Ejemplo de ello son el IPN, la UNAM, la Secretaría de Salud, o el propio INEGI.

Tales instituciones no se convierten en la persona que fue designada para dirigirlas. Tampoco son propiedad patrimonial de ningún funcionario. A estos, se les designa o se les elige, para servir en las dependencias o gobiernos y encargarse de que cumplan su misión, de acuerdo con su marco jurídico y constitucional.

En el ámbito internacional regular la IA pasa por el tamiz preponderante de la Ciberseguridad.

El 25 de septiembre, en el marco de la 81a Asamblea General de la ONU, Sam Altaman, CEO de OpenAI y Darío Amodei, CEO de Antrhopic, solicitaron al Consejo de Seguridad de este organismo, adoptar normas internacionales sobre IA, considerando que la industria necesita normas y cooperación internacionales, o de lo contrario pondrá en riesgo la seguridad mundial.

Durante su participación, el CEO de OpenAI instó al Consejo a crear normas internacionales para medir capacidades, evaluar riesgos, determinar si las salvaguardas son suficientes y preservar una supervisión humana significativa, sobre esta tecnología.

Al gobierno de México no se le haya por ningún lado, quien sabe a qué se refieren con sus supuestas reformas para regular el uso de la inteligencia artificial, descontextualizadas pero sí utilizadas para censurar, sancionar y recaudar a través de millonarias multas.

La ATDT de José Merino no se ha pronunciado en materia de Ciberseguridad, tema que atañe a su dependencia y que se sabía que tomaría un rol destacado en esta celebración de la Asamblea General de la ONU.

En los temas nodales de la tecnología, la ATDT, ausente, ajena y dejando pasar mamotretos legislativos en el Congreso en materia de inteligencia artificial. Nada que tenga que ver con la ciberseguridad de los sistemas que soportan a las principales dependencias de Gobierno, bueno, al menos así se percibe, dado el más reciente hackeo al Sistema de información de la Marina, ocurrido en abril pasado.

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