El artículo del Código Penal cubano que usaron para condenar a Anna Bensi y su madre por publicar un video en redes
Anna Bensi salió de la sede judicial de Cojímar y relató un operativo que había cercado la jornada: la policía del régimen impidió a periodistas independientes y activistas acompañarla hasta el tribunal.
Yoani Sánchez denunció un dispositivo que le bloqueó la salida de su vivienda, mientras Camila Acosta y el equipo del proyecto Fuera de la Caja también quedaron bajo vigilancia.
El Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó el 1 de octubre a Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad a cada una.
Así lo informó Árbol Invertido, medio cubano independiente. La sanción no implica cárcel, pero sí restricciones de movimiento y la prohibición de salir del país.
El tribunal aplicó la misma pena a madre e hija pese al pedido de prisión
La Fiscalía había solicitado dos años de privación de libertad para Anna Bensi y dos años de limitación de libertad para su madre, según Árbol Invertido.
El tribunal descartó el encarcelamiento de la joven y terminó aplicando a ambas la misma sanción. Las declaró culpables por grabar y difundir el video de un agente policial; la condena se cumple fuera de prisión pero con control judicial y salida del país vedada.
El abogado defensor, Roberto Ortega, explicó a EFE, agencia española de noticias, que el fallo oral deberá confirmarse por escrito en unos 15 días. A partir de la notificación, madre e hija tendrán 10 días hábiles para apelar, aunque la decisión “solo depende de Bensi y su madre”, precisó ante Diario Las Américas.
El mismo diario detalló que la audiencia, prevista inicialmente para el 17 de septiembre, se había aplazado y finalmente se extendió por alrededor de cuatro horas.
Al salir del tribunal, la creadora de contenido fue tajante: “Realmente esto es una injusticia”. Antes de ingresar, había ofrecido declaraciones a EFE y a NBC, cadena estadounidense de televisión, y había defendido su derecho a opinar sobre política en redes: “No es justo, no es justo, ninguno de nosotros somos unos criminales, solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono”.
El caso se originó en marzo por una citación grabada en Alamar
La causa se remonta al 10 de marzo de 2026, cuando el suboficial del Ministerio del Interior Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió vestido de civil a la vivienda de las acusadas, en Alamar, para entregar una citación de la Seguridad del Estado. Madre e hija grabaron el encuentro y lo difundieron en redes, según Árbol Invertido.
La acusación se sustentó en el artículo 393 del Código Penal cubano, que castiga los “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”. EFE precisó que esa norma prevé una agravante cuando el contenido se reproduce o transmite por redes sociales, con penas de hasta cinco años de privación de libertad.
La causa fue archivada y reabierta el 6 de julio de 2026 tras una nueva querella del agente. La Policía cubana defendió el proceso en una publicación de Facebook del 1 de octubre: “Las redes sociales no son un territorio sin ley. La facilidad para publicar no exime de la responsabilidad sobre lo que se difunde”.
La jueza del caso integró tribunales en juicios contra manifestantes del 11J
El proceso fue conducido por la jueza Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. Según Árbol Invertido, la magistrada integró tribunales que juzgaron a manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en La Güinera, con pedidos fiscales de hasta 30 años de prisión por sedición.
CiberCuba confirmó que Marrero Morgado presidió también la audiencia contra Bensi y su madre, y que rechazó previamente una solicitud de la defensa para anular el procedimiento.
Iglesias evangélicas y un escritor pidieron no dejarlas solas
La Convención Bautista de Cuba Occidental respaldó a ambas mujeres en una declaración del 29 de septiembre, a la que se sumaron la Convención Bautista de Cuba Oriental, la Iglesia Metodista de Cuba y las Asambleas de Dios de Cuba. La institución reclamó respeto al debido proceso: “En medio de tanto crimen impune en Cuba, es inadmisible que ellas sean condenadas a prisión”.
La organización religiosa pidió a sus congregaciones acompañar a las acusadas: “Por un sentido elemental de justicia, no podemos, no queremos y no vamos a dejarlas solas”. Según la activista Jenny Pantoja, solo lograron entrar al tribunal junto a las acusadas el pastor Arturo Leal y Bárbaro Marrero, presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba Occidental.
El escritor cubano Amir Valle llamó a una muestra de solidaridad pública: “Todos deberían hacer una cadena humana de solidaridad que abrace y proteja este primero de octubre a estas dos dignas mujeres”. El intelectual advirtió que “dejarlas solas sería indigno”.
Entre los detenidos de la jornada figuró el activista cristiano David Espinosa Martínez, trasladado a una unidad policial de La Lisa, además del pastor Rolando Pérez Lora y la vigilancia contra su colaborador Vladimir Turró, de acuerdo con el recuento de Árbol Invertido.
Infobae
