Causa ARSAT: confirman restricciones a los bienes de la empresa involucrada en presunta corrupción

La Cámara Federal de San Martín confirmó que una empresa investigada por la presunta contratación irregular multimillonaria con ARSAT, durante la gestión de Facundo Leal, no podrá vender su flota de vehículos. Advirtió, además, que al daño por los contratos y supuestos “retornos” a funcionarios en la mira de la Justicia, debe sumarse el perjuicio económico que sufrió la firma estatal de telecomunicaciones por el robo de insumos de alto valor.

Se trata de equipos que estaban almacenados en un galpón de San Fernando bajo custodia por contrato de la empresa acusada, ALS, y fueron robados: se guardaban en contenedores tecnológicos (shelters) usados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica y eran considerados bienes “estratégicos” para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones.

Leal, en cuyos domicilios se encontraron USD 2,4 millones en efectivo, está acusado por supuestos delitos con la firma de los contratos para la contratación de ese predio. El Tribunal de Apelaciones ratificó ahora una decisión del juez de la causa, Lino Mirabelli, quien rechazó levantar la prohibición de innovar que dispuso sobre la flota de automotores y moto vehículos de esa empresa privada.

La firma pretendía cesar con esta medida para disponer de esos bienes pero los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones rechazaron el planteo.

La acusación

Los camaristas advirtieron que ALS está imputada por contrataciones irregulares por U$S 1.912.000 y $130.600.000 con ARSAT, pero además hay que sumar “el perjuicio económico que se habría generado por la sustracción de numerosos elementos de ARSAT que estaban almacenados en el predio de San Fernando de ALS S.A., episodio ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el cual asciende a las sumas de USD 151.126, $1.651.047,66 y $3.383.805, según la valuación de la damnificada”.

Este robo fue el que inició la causa judicial y luego se avanzó sobre contratos supuestamente direccionados y otros delitos. Además se comprobó que el predio no estaba bien mantenido, había deficiencias y falta de seguridad.

Al rechazar levantar la medida, el juez Mirabelli había advertido que “se ha podido verificar un perjuicio verosímil para las arcas del Estado Nacional de U$S 1.912.061,3 y $40.300.000 que son las cifras totales de los servicios contratados por ARSAT a la firma ALS en condiciones que se presumen irregulares”. El magistrado tiene a estudio un pedido fiscal para procesar a todos los acusados y el juzgado trabaja en una resolución de situaciones procesales, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Retornos y canales marginales

Cuando el 26 de mayo pasado se negó a levantar la prohibición a ALS, el juez explicó que la hipótesis de investigación a la que se sumaron nuevas pruebas permite asignar “un alto grado de probabilidad de que aquellas cifras sean el producto de un presumible hecho de corrupción de funcionarios de ARSAT en connivencia con empresarios y otros particulares”. Así lo recordó la Cámara de San Martín al confirmar esa decisión.

Ese accionar con supuesto pago de “retornos” habría operado por “canales marginales” y por eso no intervenir sobre los bienes de los involucrados “en forma inmediata”, podría implicar “una eventual modificación de la propiedad de ellos que importaría, nada menos, que un irreparable perjuicio para la consecución de los fines del proceso”.

El Tribunal de Apelaciones ratificó lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la empresa no podrá cambiar la titularidad de los bienes pero sí puede usarlos en sus actividades cotidianas.

El pedido fiscal

Leal tiene un pedido de procesamiento con prisión preventiva por parte de la fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la empresa estatal de soluciones satelitales. Fue tras concluir que hubo un “direccionamiento complejo y deliberado” para beneficiar a la firma privada en la contratación del predio de San Fernando.

El exfuncionario ya está detenido procesado con prisión preventiva y bajo arresto domiciliario en otra causa penal que se lleva en los tribunales federales de Retiro, por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a raíz del hallazgo de droga en su departamento de Palermo durante un allanamiento que había ordenado el juzgado de San Isidro, en el marco de la causa ARSAT.

En ese departamento se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leal presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei. Los fiscales pidieron además procesar sin prisión preventiva a los demás indagados en el caso.