Marchan indígenas de 12 pueblos en Alcozacán; exigen la libertad de promotores del Cipog-EZ

Señala la CRAC-PF a los tres órdenes de gobierno de tener vínculos con el grupo delictivo Los Ardillos, que los quiere desplazar y despojar de su territorio

Chilpancingo, Guerrero, 1 de octubre de 2026. Indígenas nahuas de al menos 12 comunidades del municipio de Chilapa marcharon ayer en Alcozacán, en demanda de la libertad de los promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia y Jesús Plácido Galindo; el primero detenido el lunes pasado y el segundo el 17 de julio, ambos por el delito de homicidio calificado, en agravio de distintas personas.

Durante la protesta, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), aliada del Cipog-EZ en esas comunidades de la región centro del estado, leyeron un pronunciamiento en el que señalan a los tres órdenes de gobierno de tener vínculos con el grupo delictivo de Los Ardillos, que los quiere desplazar y despojar de su territorio, denuncian.

Después de las 10 de la mañana, más de 500 pobladores de las localidades del Cipog-EZ y de la CRAC-PF marcharon de la entrada de la localidad a la cancha techada del centro del pueblo, donde participaron en un mitin.

Durante la marcha y la concentración exhibieron pancartas en las que se leyó: “Alto a la detención de indígenas”, “no a la detención de indígenas”, “Diálogo con el fiscal”, “Libertad a Sixto Mendoza Limpia” y “Libertad a Jesús Plácido Galindo”.

En el mitin una indígena leyó el pronunciamiento de la CRAC-PF, con destino a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las organizaciones sociales nacionales y extranjeras, en el que denuncian la persecución del gobierno a sus dirigentes para proteger al grupo delictivo Los Ardillos.

Denuncian: “Por medio del presente damos a conocer los atropellos y abusos de los que estamos siendo objeto por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en lugar de perseguir y detener a quienes nos agredieron en el mes de mayo del 6 al 11, está fabricando delitos a quienes levantaron la voz”.

Denuncian que durante esas agresiones que sufrieron por el grupo delictivo, “el gobierno tuvo conocimiento sin que interviniera; en lugar de buscar a los delincuentes que nos atacaron con explosivos lanzados por drones y fueron desplazadas más de 800 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, la Fiscalía se ha puesto a las órdenes del cartel de Los Ardillos”.

Reprochan que no actúa a pesar de que los agresores “están plenamente identificados, pues actuaron con apoyo del Ejército mexicano del 50 Batallón con sede en Chilapa, porque ellos eran los responsables de la seguridad en dicho lugar y no hicieron nada para evitar el ataque a la comunidad”.

En cambio, reprochan, ahora se emprende la persecución en contra de todos aquellos que levantaron la voz para defender a sus comunidades, fabricándoles delitos que ni ellos se los creen, como es el caso del Jesús Placido Galindo, quien fue detenido el 17 de julio cuando se dirigía hacia la ciudad de Acapulco, así como a Sixto Mendoza Limpia, detenido el lunes en su casa.

Recriminan que Sixto fue detenido después de que pidió apoyo debido a que su casa se encontraba en llamas, “pero en lugar de brindarle la ayuda que necesitaba, fue detenido por más de 50 elementos de la Fiscalía del estado”.

La CRAC-PF exige el cese de la persecución “que el gobierno ha emprendido en nuestra contra como pueblos indígenas; el gobierno se ha encargado de arrebatarnos a quienes levantan la voz para proteger a sus cómplices Los Ardillos, quienes hacen y deshacen a su antojo”.

En su pronunciamiento exigen un: “Basta ya, ya no vamos a permitir que ninguno de nuestros compañeros sea secuestrado por elementos encapuchados como sucedió el lunes cuando fue detenido el compañero Sixto Mendoza Limpia y su esposa fue golpeada por un elemento de la Fiscalía, cuando trataba de impedir que fuera detenido”. Denuncian que no les importó que su esposa cargara un bebé en sus brazos.

Señalan que los agentes llegaron de manera violenta con la gente que se encontraba ayudando a apagar el incendio en la casa de Sixto Mendoza, “por ello decimos ya basta de perseguir y encarcelar a los pobres que se encuentran en la más grande indefensión”.

Hacen un llamado al fiscal general del estado, Jesús Zipacná Torres Ojeda, que “deje de inventar delitos en contra de nuestros pueblos”.

Piden la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las organizaciones sociales nacionales e internacionales “que están en contra de las injusticias que comete el gobierno de México para que nos apoyen y nuestra voz sea escuchada y se nos haga justicia”.

El pronunciamiento está firmado por los coordinadores de la CRAC-PF Benjamín Sánchez Hernández, Francisco Coapango Tepetiltán, Salvador Ahuejote Pasado, Santiago Pablo Salazar y Felipa Marcelo de la Cruz.

Zacarías Cervantes

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