Se celebra hoy en Santander la audiencia previa a una cajera de supermercado acusada de robar 333.800 euros en dos años
La Audiencia Provincial de Cantabria acoge este jueves, 1 de octubre, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera la vista preliminar del procedimiento de una cajera de supermercado acusada de robar 333.800 euros de los terminales de cobro en dos años. El objetivo de esta vistilla es que las partes lleguen a un acuerdo y, en caso contrario, se señalará la fecha de juicio oral.
La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión a la implicada, así como multa de 4.500 euros y que indemnice en la cantidad sustraída a la empresa, que reclama diez años de cárcel.
El establecimiento tenía dos líneas de caja: una en la que se generaba un albarán con los productos adquiridos y otra en la que se procedía al pago, según indica ministerio público en su escrito, en el que explica que la acusada, "con ánimo de lucrarse de lo ajeno", cuando se encontraba en la segunda línea de cajas a la que acudían clientes que pagaban en efectivo importes de menos de 400 euros desenchufaba de la corriente el terminal de punto de venta.
Esa operación impedía que el tique se guardara en el sistema y permitía la apropiación del dinero. A lo largo de dos años, actuó de ese modo en 1.160 ocasiones, y su proceder fue detectado por la responsable de aplicaciones informáticas al revisar incidencias. Descubrió que varios tiques se habían quedado abiertos y al mirar un periodo más amplio comprobó que existía un patrón que se repetía: a primera y a última hora, y siempre utilizando las credenciales de la procesada, que identificaban cada operación.
La empresa realizó un seguimiento a la empleada durante dos días y se comprobó su actuación a través de las cámaras. Fue despedida una jornada después, cuando portaba en un bolsillo 845 euros.
Los hechos constituyen, a juicio del ministerio fiscal, un delito continuado de apropiación indebida agravada, merecedor de tres años de prisión y 4.500 euros de multa. En concepto de responsabilidad civil, pide que la acusada indemnice a la empresa en 333.800 euros, la cantidad de la que presuntamente se apropió.
Por su parte, la acusación particular, que ejerce la empresa, eleva la petición de pena de prisión a diez años, así como la multa, a 288.000 euros. Como responsabilidad civil, pide una indemnización de 331.750 euros, ya que 2.000 fueron devueltos por la acusada a los pocos días de su despido.
Infobae
