Imputaron a siete personas por formar parte de una banda narco dirigida por un preso desde el penal de Ezeiza
Una investigación por narcotráfico derivó en la imputación de siete personas, entre ellas cuatro hermanas, acusadas de integrar una red de venta de drogas con operaciones en el sur de Santa Fe y conexiones en Junín. La Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para cinco de los acusados, mientras que otros dos quedaron en libertad por su presunta participación secundaria.
La causa está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA y de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario. Según la Fiscalía, la estructura habría funcionado al menos desde el 3 de mayo de 2024.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que una de las presuntas coordinadoras recibía instrucciones de un hombre condenado por narcotráfico que se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
La investigación comenzó a partir de una pericia forense realizada sobre un teléfono celular incautado el 8 de mayo de 2024, perteneciente al condenado. La hipótesis fiscal sostiene que el detenido intervenía en la planificación de movimientos de droga, pese a estar privado de su libertad.
De acuerdo con la acusación, en ese dispositivo se encontraron comunicaciones con E.T.M., una de las imputadas. En los intercambios se habría hablado sobre paquetes de estupefacientes y otros aspectos vinculados con la actividad investigada. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía profundizó las intervenciones telefónicas y las tareas de seguimiento.
Los fiscales sostuvieron que las comunicaciones permitieron reconstruir una modalidad de trabajo coordinada, con roles diferenciados para el traslado, acopio, distribución, cobro y administración de dinero. La pesquisa también incluyó seguimientos, fotografías y registros de vehículos que habrían sido utilizados por los integrantes de la organización.
Durante la audiencia, el fiscal federal coadyuvante Franco Benetti afirmó que las medidas reunidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitían descartar que se tratara de vínculos familiares o sociales aislados.
El 9 de septiembre, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante 29 allanamientos. En ese contexto fueron detenidas E.T.M., N.I.M., L.P.M., E.V.M., E.M.L., L.O.J.L. y M.C.A.S.
Allí, secuestraron: USD 38.700, cheques diferidos por $3 millones, cinco escopetas, 420 cartuchos de distintos calibres, seis autos, cuatro camionetas y 42 teléfonos celulares. Además, los investigadores incautaron más de un kilogramo de marihuana y otros elementos que serán analizados.
La Fiscalía planteó que los inmuebles allanados estaban relacionados con distintas etapas de la operatoria atribuida a la organización. Algunos habrían funcionado como lugares de reunión, puntos de acopio de sustancias, espacios para guardar dinero o domicilios desde los cuales se coordinaban entregas.
La estructura y el rol de los imputados
Según la imputación, E.T.M. ocupaba un lugar central dentro de la presunta estructura. Los fiscales le adjudicaron la coordinación del abastecimiento mediante viajes al norte argentino y a Bolivia, la fijación de precios, la distribución mayorista entre revendedores, la entrega de sustancias y la recaudación de los ingresos obtenidos.
A N.I.M., hermana de la anterior, le atribuyeron tareas de apoyo en la logística de provisión en la zona de frontera. La acusación señala que realizó viajes frecuentes hacia Aguas Blancas para coordinar el ingreso de droga y su traslado posterior a Rosario, además de administrar dinero y realizar ventas a intermediarios y consumidores.
En el caso de L.P.M., la fiscalía sostuvo que participaba en viajes hacia Salta y Bolivia para la adquisición de sustancias. También habría acompañado a E.T.M. en traslados a Córdoba, donde la organización contaría con clientes, y habría intervenido en ventas destinadas tanto a consumidores como a revendedores.
Respecto de E.V.M., los investigadores le adjudicaron tareas de distribución, custodia de drogas en su domicilio y comercialización. Además, habría sido la conductora habitual en viajes de entrega y cobro en Junín. La acusación también le atribuye instrucciones sobre el fraccionamiento de las sustancias y controles internos sobre la recaudación.
La Fiscalía señaló que la red investigada desplegaba su actividad en Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez, con una extensión de su distribución mayorista hacia Junín y localidades cercanas. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la ciudad bonaerense era uno de los destinos de los envíos y de la recaudación de dinero.
A E.M.L. se le imputó el acopio de sustancias y la gestión de activos desde un domicilio del microcentro rosarino. También le adjudicaron movimientos a través de cuentas virtuales que habrían servido para financiar la actividad del grupo.
La imputación también alcanzó a L.O.J.L. y M.C.A.S., detenidos durante los allanamientos. Si bien la fiscalía los ubicó como integrantes de la presunta organización, en la información difundida no se precisaron las tareas específicas que habrían desempeñado dentro de la estructura.
Infobae
