El 30° aniversario de la Constitución de la Ciudad reclama un actuar resolutivo para completar la autonomía judicial

Se celebra un hito trascendental en la historia de nuestra Ciudad: el 30° aniversario de la Constitución local. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar la importancia de uno de los preceptos fundamentales que establece: el mandato irrenunciable de alcanzar y preservar la autonomía porteña. Esa tarea, aún inconclusa, reclama un actuar proactivo para completar la (muy postergada) autonomía judicial.

Cierto es que desde el 1° de octubre de 1996, fecha en que se sancionó la Constitución de la Ciudad, existieron importantes avances en esa dirección. Entre ellos, con la firma de distintos convenios de transferencia de competencias penales, se incorporó al catálogo de la justicia local gran cantidad de delitos que, años atrás, eran juzgados por tribunales nacionales. Además, engrosaron ese listado las figuras delictivas que fueron creadas con posterioridad a la Ley Nacional N°24.588, llamada “Ley Cafiero”.

Del mismo modo, se registraron grandes avances en el plano judicial. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en coincidencia con la postura permanente de la Fiscalía General que actualmente dirijo, afirmaron la necesidad constitucional de consolidar y avanzar en la concreción de la autonomía.

Sin embargo, el deber encomendado por los vecinos exige redoblar los esfuerzos en pos de completarla. Quienes estamos llamados a ello no podemos, en palabras del Máximo Tribunal del país, ser parte del “inmovilismo” que ralentizó el proceso; por el contrario, es indispensable adoptar un rol dinámico expresado en acciones concretas para lograr el traspaso total de las competencias que nos pertenecen.

Que quede claro: lo que la Constitución exige es que sean sus magistrados los que administren la justicia en su territorio, que los conflictos entre quienes transitan o habitan este medio sean resueltos por los fiscales y jueces que fueron designados por los representantes del Pueblo de la Ciudad. Se trata de algo que, dicho sea de paso, nadie discute cuando se habla del resto de las provincias.

Bajo esa mirada, toman real dimensión los dos nuevos convenios de transferencia que se acordaron el pasado 3 de julio y que incluyen, respectivamente, diversos tipos penales que serán tratados por el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, entre ellos, los delitos contra la integridad sexual; y el traspaso de la competencia total de hechos delictivos en los que sean autores o partícipes adolescentes de entre 14 y 18 años.

Por otra parte, hay que destacar la labor decisiva de la Legislatura que, en su actual composición, aprobó recientemente la Ley N°6.956, que crea el Registro de Perfiles Genéticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal. Gracias a ello, se contará no sólo con la facultad investigativa reconocida por los convenios, sino también con una herramienta fundamental para llevarla adelante.

Así como se avanzó en lo penal, al día de hoy, la justicia de la Ciudad cuenta con una actuación plena en materia electoral, contencioso administrativa, tributaria y de relaciones de consumo. Además, posee una amplia intervención a nivel recursivo, al asumir el Tribunal Superior de Justicia el rol de máxima instancia ordinaria previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos los casos penales y en los litigios laborales, civiles y comerciales de la Ciudad. Incluso, con relación a estos tres, está en proceso la puesta en marcha de la estructura judicial necesaria para dar trámite a esos expedientes en todas las instancias.

Al respecto, quiero subrayar lo mucho que se progresó en los últimos meses para lograr el traspaso completo del fuero Laboral. Al día de hoy, se cuenta con un Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; también se suscribió y aprobó un amplio Acuerdo de Transferencia de Competencias y, además, está en pleno trámite el nombramiento de los magistrados de esa especialidad. Que un universo de conflictos tan relevante para la vida de los ciudadanos ingrese, finalmente, en la órbita de la justicia local es un hito fundamental en aras de lograr un autogobierno pleno.

Ahora bien, el camino por recorrer es aún extenso y descansar en lo ya conseguido no es una opción; el horizonte a seguir ya está definido, lo trazaron los propios vecinos de la Ciudad cuya voluntad se plasmó clarísima en las páginas de nuestra Constitución.