Tras casi seis años de desplazamiento, 144 familias de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, siguen sin avances para regresar a su comunidad pese al compromiso del gobierno estatal de generar condiciones de seguridad y retomar el diálogo
Las 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, continúan sin una fecha definida para regresar a su comunidad, casi seis años después de haber abandonado sus hogares a causa de la violencia. Las víctimas señalan que el compromiso anunciado por autoridades estatales para comenzar a generar condiciones de seguridad tampoco se ha traducido, hasta ahora, en avances que les permitan conocer cuándo y cómo podría concretarse su retorno.
De acuerdo con información de EL UNIVERSAL Oaxaca, las familias permanecen principalmente en Yosoyuxi Copala, aunque otras se encuentran refugiadas en diferentes comunidades, municipios y estados. En agosto, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que existía un nuevo mecanismo de diálogo para avanzar hacia un retorno gradual y construir condiciones de convivencia en Tierra Blanca Copala.
El plazo de 45 días terminó sin información para las familias
Uno de los compromisos planteados en agosto fue comenzar a generar condiciones de seguridad en Tierra Blanca Copala para posteriormente avanzar en las reuniones relacionadas con el regreso de las familias.
Horacio Santiago, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), recordó que el gobierno estatal había planteado un plazo de entre 30 y 45 días para comenzar ese proceso.
Ese periodo terminó el 22 de septiembre, pero las familias aseguran que, hasta finales de mes, no habían recibido información oficial sobre los avances.
“Nosotros hemos buscado respuestas por los canales correspondientes, pero no tenemos ninguna”, señalaron las víctimas, de acuerdo con la información difundida por EL UNIVERSAL Oaxaca.
La situación contrasta con el anuncio realizado en agosto por la Secretaría de Gobierno estatal, cuando Jesús Romero López afirmó que se había abierto un mecanismo de diálogo que podría generar condiciones diferentes para avanzar en el retorno.
¿Qué dijo el gobierno de Oaxaca sobre el regreso?
Durante su visita a Yosoyuxi Copala, Romero López reconoció que los esfuerzos realizados anteriormente no habían sido suficientes para concretar el regreso de las familias desplazadas.
El funcionario explicó que el objetivo no consistía únicamente en trasladar a las personas desplazadas nuevamente a Tierra Blanca Copala, sino en construir condiciones para una convivencia pacífica entre quienes regresarían y las personas que actualmente permanecen en la comunidad.
Por ello, planteó la posibilidad de un retorno gradual, acompañado de acuerdos para establecer un nuevo modelo de convivencia y evitar que el regreso genere nuevos enfrentamientos.
La Secretaría de Gobierno también había señalado que las mesas de negociación buscaban alcanzar acuerdos entre las organizaciones involucradas, las personas que permanecen en Tierra Blanca y las familias que fueron desplazadas.
¿Por qué las familias tuvieron que abandonar Tierra Blanca Copala?
El desplazamiento ocurrió a finales de 2020, en medio de un conflicto y hechos violentos registrados en la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que el 26 de diciembre de 2020 se produjo un ingreso violento a la comunidad que, según la información presentada ante ese organismo, provocó el desplazamiento forzado de 144 familias hacia diferentes lugares del país.
Desde entonces, las familias han permanecido fuera de sus hogares mientras las autoridades y organizaciones han intentado establecer acuerdos que permitan un retorno bajo condiciones de seguridad.
En enero de 2026, EL UNIVERSAL Oaxaca reportó que habían transcurrido cinco años desde el desplazamiento de más de 500 personas y que las familias continuaban exigiendo un regreso seguro y justicia.
La CIDH pidió garantizar un retorno seguro
El caso también está acompañado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares en octubre de 2023 debido a la situación de riesgo que enfrentaban las familias desplazadas.
La CIDH pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las familias triquis desplazadas y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.
El organismo también solicitó que las medidas fueran acordadas con las personas beneficiarias y sus representantes, además de que se informara sobre las acciones destinadas a investigar los hechos que originaron la situación de riesgo.
La propia CIDH advirtió que las personas desplazadas enfrentaban una situación de riesgo grave y que existían obstáculos para un regreso seguro.
Un proceso de retorno que lleva años sin concretarse
El regreso de las familias no es un proceso nuevo. Desde 2021, autoridades federales y estatales habían establecido mecanismos para intentar crear las condiciones necesarias para un retorno.
En julio de ese año, por ejemplo, se instaló una mesa permanente de seguridad y se planteó un protocolo dividido en tres fases: establecer un operativo de seguridad en la comunidad, acreditar a las personas que regresarían y posteriormente permitir su ingreso mediante filtros de seguridad.
Sin embargo, el proceso no llegó a concretarse de manera definitiva.
En los años siguientes también se reinstalaron mesas de diálogo entre autoridades y organizaciones de la región, aunque las negociaciones enfrentaron interrupciones y desacuerdos.
Las familias también reclaman justicia
Además de exigir condiciones para regresar, las víctimas mantienen el reclamo de acceso a la justicia por los hechos de violencia que provocaron su desplazamiento.
De acuerdo con Horacio Santiago, representante del MULTI citado por EL UNIVERSAL Oaxaca, las familias aseguran que hasta ahora no hay detenidos ni personas sancionadas por los hechos relacionados con el desplazamiento.
Este reclamo se relaciona también con las medidas solicitadas por la CIDH, que incluyeron la petición de que el Estado informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a la situación de riesgo.
Por ahora, las 144 familias continúan fuera de Tierra Blanca Copala y esperan información sobre las condiciones de seguridad y las negociaciones necesarias para avanzar hacia un retorno. El gobierno de Oaxaca ha planteado que el proceso debe ser gradual y acompañado de acuerdos de convivencia, mientras que las familias señalan que el plazo anunciado en agosto terminó sin que recibieran información sobre los avances.
El Imparcial
