La CAR podrá reducir o suspender concesiones de agua en 35 municipios por desabastecimiento hídrico
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció que revisará, reducirá o suspenderá en forma temporal concesiones de agua en cuencas con estrés hídrico de 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá, ante el riesgo de que el descenso de los caudales afecte el suministro para consumo humano. Las decisiones se definirán con inspecciones técnicas en cada zona y priorizarán los acueductos urbanos y rurales.
La medida se adopta mientras el 33% de la jurisdicción de la autoridad ambiental registra algún nivel de dificultades de abastecimiento, según la entidad. Dos municipios, Puerto Salgar y Viotá, ya declararon calamidad pública; seis se encuentran en alerta roja y otros afrontan restricciones, cortes parciales o distribución mediante carrotanques.
La CAR revisará cuencas y permisos en 35 municipios
La directriz de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordena a sus 14 direcciones regionales examinar el estado de las fuentes superficiales que abastecen a comunidades y revisar los expedientes de quienes cuentan con permisos de uso productivo del recurso.
Con base en aforos y conceptos elaborados en campo, la autoridad podrá ajustar los volúmenes asignados o detener transitoriamente concesiones otorgadas a industrias, comercios y actividades agropecuarias. La medida se aplicará cuando esas captaciones representen una presión sobre las bocatomas de los acueductos comunitarios.
El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló que la prioridad será garantizar el servicio para la población. “No podemos permitir que el estrés hídrico deje sin agua potable a la población”, afirmó. Según explicó, cada determinación tendrá respaldo técnico y se adoptará bajo las normas que establecen la prevalencia del consumo humano frente a los usos económicos.
La CAR recomendó a empresas y productores abstenerse de presentar nuevas solicitudes de concesión en las fuentes superficiales ubicadas en áreas de riesgo. De acuerdo con la entidad, los balances disponibles indican que esos trámites no tienen viabilidad técnica de otorgamiento en las cuencas críticas.
Puerto Salgar y Viotá declararon calamidad pública
El escenario más complejo se concentra en Puerto Salgar y Viotá, municipios que declararon calamidad pública por las restricciones en el acceso al agua. La CAR ubicó además en alerta roja a Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, donde las empresas de servicios públicos no tienen capacidad suficiente para atender la demanda.
En alerta naranja están Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene, en Cundinamarca, junto con Buenavista, en Boyacá. Estos municipios registran interrupciones parciales del servicio. En las localidades situadas al occidente de la Sabana de Bogotá, que dependen de aguas subterráneas, las autoridades impulsan medidas de ahorro para evitar un deterioro adicional.
La alerta amarilla incluye a Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama, en la cuenca baja del río Bogotá. También abarca a La Palma, Paime, Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania.
En Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán, las dificultades de suministro para consumo humano han obligado a llevar agua en carrotanques a algunas veredas. Por su parte, Chaguaní impuso racionamiento en su zona urbana como una medida preventiva para limitar el uso del recurso.
Pozos y recolección de lluvia, las alternativas para los sectores productivos
Para reducir la competencia por las fuentes que alimentan los acueductos, la CAR instalará mesas de acompañamiento con sectores productivos. El objetivo es orientar alternativas que permitan mantener sus actividades sin aumentar la presión sobre las corrientes superficiales comprometidas.
La estrategia contempla la utilización regulada de aguas subterráneas mediante pozos profundos y aljibes tecnificados, además de sistemas de cosecha de agua lluvia. La entidad también evaluará fuentes superficiales secundarias que no estén conectadas a redes de acueducto público.
La apertura de pozos requiere autorización ambiental. La CAR advirtió que reforzará la vigilancia sobre captaciones irregulares, desvíos de cauces y riegos sin permiso. “El agua es para la gente”, dijo Ballesteros al anunciar operativos para sellar puntos de extracción ilegal.
En lo que va de 2026, la autoridad ha iniciado más de 300 procesos sancionatorios por afectaciones al recurso hídrico. Los casos incluyen captaciones sin concesión, vertimientos ilegales, alteraciones de cauces, ocupación de rondas y exploración de pozos profundos sin permisos.
El Comité Hidrológico de la CAR continuará evaluando las medidas para el resto de su jurisdicción. La entidad indicó que los pronósticos climáticos contemplan la posibilidad de sequías prolongadas hasta agosto de 2027, por lo que mantendrá controles sobre los usos del agua en los municipios con mayor vulnerabilidad.
Infobae
