La Contraloría de Medellín estableció un daño patrimonial de casi $11.000 millones por el caso del lote Aguas Vivas
La controversia por el lote Aguas Vivas, ubicado en Medellín, sumó un nuevo capítulo luego de que la Contraloría Distrital de Medellín determinara la existencia de un daño patrimonial al Distrito por $10.944 millones, relacionado con el mayor valor que alcanzó el inmueble mientras estuvo bajo titularidad pública y que, según el organismo de control, no fue reconocido al momento de su devolución.
El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando el predio ingresó al patrimonio de Medellín mediante una cesión gratuita e irrevocable realizada por particulares como parte del cumplimiento de obligaciones urbanísticas futuras. El lote, con un área de 146.686,29 metros cuadrados, fue considerado por la Administración distrital para proyectos relacionados con espacio público, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico.
Posteriormente, el inmueble salió nuevamente del patrimonio distrital tras la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita mediante la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022. La inscripción registral de esta decisión se realizó en febrero de 2023, momento en el que el predio volvió a manos de los particulares.
La Contraloría Distrital señaló que el valor del lote aumentó en $10.944 millones mientras estuvo bajo propiedad pública, diferencia que no fue reconocida al Distrito al efectuarse la devolución.
Actuación fiscal sobre el predio
La Contraloría Distrital de Medellín informó que la revisión fue adelantada a través del Grupo Especial de Reacción Inmediata, con un alcance temporal entre 2019 y 2026, con el propósito de establecer si existió una afectación al patrimonio público.
Según el informe, el valor estimado del inmueble cuando ingresó al patrimonio del Distrito en 2019 era de $52.561 millones, mientras que para 2023, cuando dejó de hacer parte del inventario público, alcanzaba los $63.046 millones. La diferencia entre ambos valores corresponde al monto establecido como daño patrimonial.
La entidad aclaró que esta determinación corresponde a un insumo técnico dentro del proceso de control fiscal y no representa una declaración definitiva de responsabilidad. El informe y las pruebas recopiladas serán remitidos a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, dependencia que deberá adelantar las actuaciones correspondientes.
“La determinación del daño patrimonial no constituye una declaratoria de responsabilidad. Es un insumo técnico que da inicio a una etapa posterior”, indicó la Contraloría Distrital de Medellín en su comunicado. El organismo también precisó que durante las siguientes etapas deberán establecerse los hechos, analizarse las pruebas y garantizarse el debido proceso, la contradicción y la defensa de las personas o entidades que puedan ser vinculadas.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, se pronunció sobre el informe de la Contraloría de Medellín a través de su cuenta en X, donde destacó los resultados de la actuación fiscal y el traslado del expediente a la dependencia encargada del proceso de responsabilidad fiscal.
“Este es el caso que tiene a Daniel Quintero contra las cuerdas. Los Hermanitos Q deben responderle a Medellín, resarcir el daño y que de una vez por todas los reciban en la cárcel”, señaló.
Antecedentes del caso y proceso judicial
El lote Aguas Vivas también hace parte de una investigación penal en la que fueron imputadas trece personas, entre ellas el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El proceso continúa abierto luego de que el juez de conocimiento presentara reparos frente a la imputación realizada por la Fiscalía.
La discusión alrededor del predio surgió después de que sus antiguos propietarios solicitaran el reconocimiento de un valor superior a $40.000 millones, petición que no prosperó debido a la intervención de organismos de control y funcionarios técnicos de la administración distrital.
Durante la administración de Quintero, en mayo de 2023, se expidió un decreto que modificó las restricciones de uso del predio, decisión que fue señalada dentro de las controversias que rodean el caso debido a sus efectos sobre la valoración comercial del inmueble.
Infobae
