La Procuraduría no halló pruebas contra el Ministerio de Defensa por el supuesto espionaje a Andrés Idárraga con el software Pegasus
La Procuraduría General de la Nación archivó la indagación disciplinaria por el presunto espionaje con Pegasus contra el entonces ministro de Justicia encargado y secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, al concluir que no encontró elementos que vincularan al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional ni a sus funcionarios con la operación denunciada.
La Sala Disciplinaria de Instrucción adoptó la decisión el 19 de agosto de 2026, bajo la ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco. El expediente también incluyó verificaciones sobre el exministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, integrantes del grupo de seguridad de la cartera y miembros del Ejército señalados en la denuncia inicial.
La decisión cierra la actuación en el ámbito disciplinario. La Procuraduría determinó que no hay pruebas de que las entidades investigadas hubieran adquirido o utilizado Pegasus, destinado gastos reservados a vigilar a Idárraga o emitido una orden de inteligencia contra el funcionario.
La denuncia surgió tras un análisis forense del celular de Idárraga
El caso se hizo público el 13 de enero de 2026, cuando Idárraga afirmó que él y su familia habían sido objeto de espionaje. Según su denuncia, la operación se habría ordenado desde el Ministerio de Defensa mediante recursos reservados y estructuras de contrainteligencia del Ejército Nacional.
El entonces ministro de Justicia encargado presentó un informe forense privado sobre su iPhone 15 Pro Max. El estudio indicó que el teléfono habría sido comprometido desde agosto de 2025 y reportó 8.742 eventos manipulados, 134 activaciones remotas y la extracción de 2,3 gigas de información.
Idárraga sostuvo que la información extraída incluía denuncias de corrupción y comunicaciones con fuentes. También señaló que el software espía habría permitido acceder a funciones como la cámara y el micrófono del dispositivo.
La denuncia mencionó una presunta orden de operaciones o misión de trabajo del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim). Además, apuntó hacia el sargento viceprimero Darwing Jesús Ramírez Pertuz como posible responsable de ejecutar o emitir instrucciones relacionadas con la supuesta operación.
Las Fuerzas Militares y la Policía negaron tener el software Pegasus
Durante la indagación, la Procuraduría solicitó información al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.
Las respuestas de esas entidades coincidieron en que no poseen, no han adquirido ni han utilizado el software Pegasus. El expediente estableció que tampoco existían registros de negociaciones para incorporar esa herramienta a sus capacidades de inteligencia o contrainteligencia.
La Sala Disciplinaria consideró acreditado, a partir del informe forense aportado por Idárraga, que el teléfono presentó indicios de una afectación atribuida a Pegasus. Sin embargo, ese elemento no permitió identificar a la persona, grupo o entidad que habría operado el programa.
En su declaración jurada, el propio Idárraga reconoció que no contaba con una prueba técnica, documental o pericial que demostrara que Ramírez Pertuz hubiera tenido control, administrado o manipulado Pegasus. Tampoco pudo establecer que el militar o algún funcionario del Ministerio de Defensa hubiera recibido una orden directa o indirecta para seguirlo.
La Procuraduría descartó una misión de trabajo contra el funcionario
Otro de los puntos centrales de la investigación fue la revisión de la supuesta misión de trabajo que habría dado origen al espionaje. La Procuraduría concluyó que no existe una orden de operaciones de inteligencia o contrainteligencia que mencionara a Idárraga como objetivo.
Las verificaciones se extendieron a los sistemas de información utilizados por las instituciones militares. La Sala indicó que no encontró una orden M/T ORDOP del Cacim con referencias al exsecretario de Transparencia ni a miembros de su familia.
El documento presentado como soporte de esa hipótesis también fue objeto de contraste. Según la información entregada a la Procuraduría, el formato no correspondía a los modelos autorizados y contenía inconsistencias sobre los vehículos y los agentes que presuntamente habrían intervenido en la operación.
La entidad disciplinaria tampoco halló soportes sobre el uso de gastos reservados para recolectar información de funcionarios de rango ministerial. La Inspección General de las Fuerzas Militares y la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa revisaron registros del Sistema Integrado de Información Financiera, conocido como Siif Nación, sin encontrar apropiaciones ni ejecuciones presupuestarias con ese propósito durante 2025.
Los integrantes del esquema Polonia negaron tareas de espionaje
La investigación incluyó declaraciones de miembros del Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa y del esquema de protección Polonia. Los funcionarios consultados negaron haber recibido instrucciones para vigilar, seguir o realizar labores de inteligencia contra Idárraga o su familia.
También explicaron las funciones de los equipos Orion, Mesa y Anditron. De acuerdo con los testimonios, esos dispositivos se usan para tareas de inteligencia protectiva, como la detección de micrófonos, cámaras, radiofrecuencias, conexiones Bluetooth, redes WiFi y señales de drones.
Los declarantes afirmaron que estos equipos no pueden ingresar a celulares ni extraer datos. Además, indicaron que el grupo de seguridad no realiza actividades de contrainteligencia y no maneja recursos reservados.
Sobre Ramírez Pertuz, la Procuraduría estableció que sus funciones se relacionaron con la seguridad del exministro de Defensa, su despacho y las instalaciones de la cartera. La decisión indicó que no tenía equipos, facultades ni órdenes legales para interceptar comunicaciones o desarrollar actividades de espionaje contra personas.
La Sala Disciplinaria de Instrucción resolvió terminar la actuación en etapa de indagación previa y archivar definitivamente el expediente IUS E-2026-010252 / IUC D-2026-4233970.
La conclusión se basó en la ausencia de elementos para atribuir al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, al exministro Pedro Sánchez, al sargento Ramírez Pertuz o a otros funcionarios investigados la operación del software o el supuesto seguimiento contra Idárraga.
Infobae
