El presunto hallazgo de mil 600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán, ha conmocionado al país, pero también vuelve a exhibir los vacíos en los registros sobre fosas clandestinas. Margarita López Pérez, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, afirma que su colectivo ha recuperado piezas dentales infantiles desde 2021, mientras la Fiscalía de Michoacán sostiene que no cuenta con información oficial del caso.
La controversia ocurre cuando cerca de 83 mil restos humanos permanecen sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, PDH IBERO, señala que esa falta de identificación prolonga la búsqueda de las familias, aun con los restos bajo resguardo de las autoridades.
López Pérez asegura que en un predio de Zacapu localizan cientos de piezas presuntamente pertenecientes a niñas y niños, además de un crematorio artesanal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el 24 de septiembre que no tiene registro de piezas dentales atribuidas a menores de edad encontradas en ese municipio. Hasta ahora no hay una confirmación oficial ni pericial pública sobre el origen, cantidad o características de los indicios reportados por el colectivo.
Las búsquedas en la zona comenzaron en 2021, cuando integrantes del colectivo detectaron humo que salía de un cerro cercano a un basurero. Al revisar el terreno, recuperaron un diente que personal pericial habría identificado como una pieza dental infantil, de acuerdo con el testimonio de la fundadora del grupo, Margarita López.
La buscadora planteó como hipótesis que los menores podrían haber sido víctimas de explotación sexual, tráfico de órganos o pornografía infantil. Esas posibilidades permanecen bajo investigación y no han sido acreditadas por las autoridades como explicación del hallazgo.
El cribado permitió recuperar piezas dentales de menor tamaño
Tras el primer diente encontrado, el colectivo redujo el tamaño de las herramientas de cribado hasta una medida de un cuarto de centímetro. El ajuste permitió separar de la tierra fragmentos pequeños que podrían haberse perdido durante revisiones previas del sitio.
La falta de identificación impide establecer cuántos niños estarían representados por los dientes recuperados. Tampoco hay una conclusión oficial sobre el origen biológico de las piezas, el número de personas fallecidas o la causa de muerte en el predio de Zacapu, dijo Margarita a una reportera de El Sol de México desde 2023.
La FGR mantiene mesas de trabajo con las madres buscadoras
La FGR informó que sostuvo mesas de trabajo con el colectivo para atender las denuncias relacionadas con Michoacán. La dependencia precisó que los estudios forenses continuaban pendientes y que aún no validaba oficialmente el número de dientes humanos ni su procedencia.
Las integrantes de Buscando Cuerpos en Todo México mantuvieron un plantón de más de 15 días frente a las instalaciones de la FGR en CDMX. Exigieron que las pruebas genéticas y los estudios forenses avanzaran para identificar los restos y evitar que el expediente quedara sin resultados.
Margarita López, también diputada, comenzó su labor después de la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe el 13 de abril de 2011 en Oaxaca. La joven se había casado con un militar en 2009, cuando tenía 17 años.
La madre buscadora afirmó que inició las indagatorias por cuenta propia y utilizó sus recursos económicos para obtener información sobre el posible paradero de su hija. Dos años después, dijo haber encontrado a los responsables y recuperado los restos de Yahaira.
A partir de esa experiencia, López fundó el colectivo y acompañó a otras familias con personas desaparecidas. Su trabajo recibió reconocimientos como defensora de derechos humanos por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y formó parte del documental Retratos de una Búsqueda, que aborda las historias de Margarita, Guadalupe y Natividad.
El colectivo también aseguró haber recuperado en Tacámbaro restos relacionados con al menos 375 personas, además de 157 fragmentos óseos en una fosa clandestina del municipio.
Reportan medios más cuerpos en fosas que las autoridades en México
Un nuevo estudio universitario reveló que la prensa documentó más cuerpos en fosas clandestinas que los registros de las fiscalías en México. Entre 2006 y 2024, los medios contabilizaron 8 mil 341 cuerpos, mientras que las autoridades reportaron 5 mil 718, lo que deja una diferencia de 2 mil 623 cuerpos más reportados por los periódicos y portales de noticias.
El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), elaborado por el PDH IBERO, encontró diferencias significativas entre la información proporcionada por fiscalías y la recopilada a partir de registros periodísticos.
El informe también identificó entidades donde los medios han registrado un mayor número de hallazgos de fosas que las fiscalías estatales, entre ellas Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco.
Para las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno, del PDH IBERO, el problema de las fosas clandestinas no puede entenderse únicamente como una suma de casos aislados, sino en un contexto marcado por deficiencias institucionales en la búsqueda, documentación e identificación de personas.
¿A qué se debe la diferencia de números?
La falta de un registro unificado es la causa principal de estas variaciones en las estadísticas. El informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señala que el país carece de un sistema unificado y actualizado para registrar las fosas y dar seguimiento a los restos encontrados.
Las fallas institucionales dificultan conocer la dimensión real del problema en el país. Las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno explicaron que los datos deben analizarse junto con las deficiencias del gobierno para buscar, documentar e identificar mejor a las personas desaparecidas.
Michoacán, entre los estados con más cuerpos documentados
La controversia ocurrida en Zacapu cobra especial relevancia debido a que Michoacán se encuentra entre las cinco entidades con mayor número de cuerpos localizados en fosas clandestinas durante los 18 años estudiados por la IBERO.
También se han registrado hallazgos en cerros, barrancas, ejidos, terrenos de cultivo, pozos y junto a cuerpos de agua, pero incluso en lugares de uso cotidiano como parques infantiles, mercados, escuelas, salones de fiesta y panaderías.
Encontrar restos no termina la búsqueda
Otro de los problemas señalados por el PDH IBERO comienza después de la localización de una fosa.
Las investigadoras han insistido en la necesidad de generar registros especializados, interoperables y permanentemente actualizados que permitan seguir la trazabilidad de los restos desde su recuperación hasta su identificación.
Frente a este escenario, el PDH IBERO ha señalado que contar con registros precisos no constituye únicamente un ejercicio estadístico: es una herramienta necesaria para garantizar el derecho de las familias a la búsqueda, la verdad y la justicia.
El caso denunciado en Zacapu, cuya naturaleza y dimensiones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, vuelve así a colocar en el centro una de las preguntas planteadas por las investigaciones de la IBERO: qué ocurre cuando los hallazgos reportados por quienes buscan en campo no encuentran correspondencia en los registros institucionales.
El cambiante mapa de fosas clandestinas en México
Las fosas clandestinas se han extendido por todo México durante las últimas dos décadas. No se concentran en una sola región ni responden a un único patrón, pero su expansión y su cambiante geografía en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, especialmente, de Andrés Manuel López Obrador, ha venido determinada por el aumento de las desapariciones en el país y del recrudecimiento de las disputas criminales. También por los esfuerzos de búsqueda desarrollados por los colectivos.
La mayoría de víctimas son hombres —tres de cada cuatro—, pero el problemático fenómeno ha crecido significativamente en casos relacionados con feminicidios. Varios Estados, como Guerrero o Jalisco, han visto agravarse el problema en los últimos tres sexenios en su territorios.
Los cuerpos, con diferentes signos de violencia en función del tipo de perpetrador, son hallados en predios, caminos, terrenos de cultivo, barrancas, pozos, inmuebles privados y, en algunos casos, cerca de espacios donde transcurre la vida cotidiana. El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México 2006-2024, ha documentado a detalle el avance de las fosas clandestinas con el paso de los últimos tres gobiernos.
Los hallazgos periodísticos se incluyeron cuando fueron reportados por al menos dos medios; sin embargo, como las fuentes utilizan criterios y niveles de desglose distintos, sus cifras no son directamente equivalentes y deben leerse como una reconstrucción parcial del fenómeno.
Ya que el informe reúne dos fuentes principales —notas periodísticas y respuestas de fiscalías—, el contraste entre ambas revela un problema central: México no cuenta con un registro único, completo y homologado sobre fosas clandestinas.
La prensa documentó entre 3.516 y 4.071 fosas, mientras que las fiscalías comunicaron 5.152 registros. Estas cifras no pueden sumarse directamente ni interpretarse como mediciones equivalentes, porque fueron construidas con metodologías distintas y presentan omisiones, discrepancias y categorías que no siempre coinciden.
La distancia entre las fuentes resulta especialmente evidente en algunos Estados. Guerrero aparece entre las entidades con más fosas registradas por la prensa durante los tres periodos analizados, con 416 hallazgos acumulados. Las fiscalías, en cambio, reportaron cero fosas para Guerrero en cada uno de esos periodos. Guanajuato presenta una diferencia similar: la prensa registró 283 fosas entre 2019 y 2024, mientras que las autoridades no reportaron ninguna en ese mismo intervalo.El cero oficial pone en cuestión la inacción de la autoridad local.
Los focos principales se modificaron con el tiempo. Entre 2006 y 2012, los registros periodísticos se concentraron sobre todo en el norte; entre 2013 y 2018 destacaron Veracruz, Guerrero y Jalisco; y entre 2019 y 2024 sobresalieron Sonora, Guanajuato y Colima. Esto sugiere una violencia que se desplaza y se reconfigura, más que una disminución uniforme. Además, las tasas por población cambian la lectura: Colima, por ejemplo, no encabezó el número absoluto de fosas, pero registró la tasa más alta del último periodo, con 30 por cada 100.000 habitantes.
Los hallazgos se agrupan en territorios concretos. Acapulco, Tecomán, Hermosillo, Veracruz y Juárez concentraron 19% de las fosas documentadas por la prensa. En algunos Estados, un solo municipio reunió una proporción considerable de los registros: Tecomán concentró 81% de las fosas de Colima y Acapulco, 45% de las de Guerrero.
La cantidad de fosas tampoco indica por sí sola la magnitud de la violencia. Durango registró 348 cuerpos entre 2006 y 2012 pese a tener menos fosas que otras entidades. En Ixtlahuacán, Colima, se localizaron 170 cuerpos en dos fosas, mientras que en Delicias, Chihuahua, se hallaron 80 cuerpos en una sola.
Las dinámicas detrás de las fosas clandestinas
Diversas figuras del reporte muestran que las fosas clandestinas no responden a una sola dinámica de violencia: pueden estar vinculadas con grupos del crimen organizado, agentes estatales, conflictos territoriales y relaciones interpersonales. Esta diversidad también se refleja en los espacios donde fueron localizadas, que incluyen predios, inmuebles privados, caminos y zonas cercanas a cuerpos de agua. La inhumación clandestina ocurre tanto en áreas aisladas como en lugares integrados a la vida cotidiana.
Formas de violencia más comunes de acuerdo al perpetrador
Crimen organizado:
Particular:
Patrón identificable:
El informe también identifica formas diferenciadas de violencia contra las víctimas, que exponen la crueldad de trato de los perpetradores. Cuando se trata del crimen organizado, predominan los casos de desmembramiento, armas de fuego y muertes con un tiro de gracia. En los casos en los que el responsable es una persona particular, la tipología varía: golpes, estrangulamiento o uso de arma blanca.
El informe también muestra casos compatibles con elementos del delito de feminicidio, así como desapariciones relacionadas con ocupaciones específicas, como conductores de transporte público y de plataformas. Estos patrones no permiten generalizar las causas de cada hallazgo, pero sí muestran que las fosas forman parte de contextos diversos y que su análisis requiere considerar el perfil de las víctimas, el tipo de espacio, los posibles perpetradores y las condiciones locales en que ocurrieron las desapariciones.
En casi la mitad de los casos, el responsable fue la pareja sentimental de la víctima, lo que muestra que estos asesinatos y su posterior inhumación no necesariamente responden a dinámicas de narcotráfico o a la acción de sicarios, sino que con frecuencia ocurren en contextos de intimidad, confianza y violencia de género.
La relación con el entorno cercano también aparece en el lugar de los hallazgos: 34 de las 56 fosas cuya ubicación pudo determinarse estaban en inmuebles privados, como casas, ranchos o negocios, y en 13 casos se trataba de propiedades de las víctimas o de sus perpetradores. Los datos sugieren que, en estos casos, la fosa no funciona principalmente como una práctica asociada al control territorial del crimen organizado, sino como el último eslabón de una violencia ejercida dentro de espacios cotidianos y relaciones previamente establecidas.
Además, encontrar una fosa no concluye el proceso. Todavía deben realizarse la exhumación, el análisis forense, la identificación y la restitución de los restos a las familias. La existencia de cuerpos recuperados no garantiza que sus identidades hayan sido establecidas.
La participación de los colectivos de búsqueda resulta central: aportan información territorial y, en ocasiones, localizan sitios que no habían sido identificados por las autoridades. Su intervención amplía el conocimiento disponible, pero también revela la distancia entre las responsabilidades institucionales y las tareas que terminan asumiendo las familias./PUNTOporPUNTO
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