Miami votará si autoriza un proyecto privado de 80 millones de dólares en Virginia Key: qué está en juego
Los votantes de Miami decidirán el 3 de noviembre si autorizan un plan privado de USD 80 millones para renovar y administrar las marinas de Virginia Key, una iniciativa que enfrenta posturas contrapuestas por sus posibles efectos ambientales, el acceso público a la costa y el uso futuro de terrenos municipales.
La medida, identificada como Referéndum 3, propone habilitar el arrendamiento y la modernización de casi 11 hectáreas de suelo público en las cercanías de las marinas Rickenbacker y Miami Marine Stadium. El proyecto fue presentado por Virginia Key LLC, una alianza entre RCI Group y Suntex Marinas.
CBS Miami informó que la consulta se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral local. Quienes respaldan la propuesta sostienen que permitirá actualizar instalaciones deterioradas y generará ingresos estables para la ciudad. Sus detractores advierten que el desarrollo puede profundizar las presiones sobre la bahía Vizcaína y restringir el carácter público del frente costero.
El proyecto contempla arrendar casi 11 hectáreas de terreno municipal
El plan sometido a votación habilitaría a los desarrolladores a renovar y explotar las marinas situadas en Virginia Key, una isla ubicada al este de Miami y conectada con la ciudad a través de la calzada Rickenbacker.
De aprobarse, el acuerdo contemplaría una inversión privada estimada en USD 80 millones, destinada a la infraestructura marina y a las áreas vinculadas con los muelles. La propuesta incluye un contrato por el cual la ciudad recibiría una renta mínima anual de USD 2,2 millones, además del 6 % de los ingresos brutos que generen las marinas.
Robert Christoph, presidente de RCI Marine, sostuvo ante CBS Miami que el debate debe centrarse en la contraprestación que recibirá la ciudad. “Los votantes pueden decidir qué quieren que les aporte su activo, no solo como destino y acceso al agua, sino también en términos de la cantidad adecuada de dinero que debe pagárseles”, afirmó.
Los promotores presentan el proyecto como una forma de rehabilitar una zona que consideran subutilizada. La aprobación popular es necesaria debido a que los terrenos pertenecen al municipio y la iniciativa plantea un arrendamiento de largo alcance para operadores privados.
La protección de la bahía Vizcaína concentra las críticas ambientales
Las organizaciones opositoras colocaron el impacto ecológico en el centro de la discusión. Sus representantes alertaron sobre el deterioro de las praderas de pastos marinos y los problemas de calidad del agua en la bahía Vizcaína, un ecosistema costero sometido a presión por el desarrollo urbano y la actividad náutica.
Laura Reynolds, asesora de políticas de Friends of Biscayne Bay, aseguró al medio que la situación exige precaución. “Estamos en un punto de inflexión en la bahía Vizcaína, donde tenemos que proteger los pastos marinos y la calidad del agua”, declaró.
En respuesta, Suntex Marinas afirmó que el diseño incorpora medidas de protección ambiental. Entre ellas figuran los llamados muros costeros vivos, estructuras impresas en tres dimensiones que buscan reproducir hábitats naturales, como las raíces de los manglares. La empresa sostiene que estos elementos pueden favorecer la presencia de especies marinas junto a las instalaciones.
No obstante, los críticos cuestionan que una obra de esta escala pueda desarrollarse sin agravar las condiciones del entorno. El Referéndum 3 no resuelve en forma definitiva cada detalle técnico de la construcción, pero habilitaría el marco para que el proyecto avance.
El futuro de los inquilinos actuales también entra en la campaña
La situación de los comercios que hoy operan en el área se sumó a la controversia. Adam Gersten, propietario del restaurante frente al agua Gramps Getaway y opositor de la iniciativa, señaló que su negocio funciona bajo un contrato mensual, pese a haber invertido más de USD 500.000 en el establecimiento.
Gersten indicó que el alquiler base ronda los USD 4.700 mensuales y que, al sumar otros costos, el desembolso asciende a cerca de USD 15.000 por mes. El empresario planteó que la votación debe evaluarse por las condiciones del acuerdo propuesto y no por su caso particular.
“El referéndum no trata sobre Adam Gersten ni sobre Gramps Getaway. Trata sobre Suntex, RCI y la propuesta para la marina que hicieron hace 10 años”, manifestó en declaraciones recogidas por CBS Miami.
Los opositores sostienen que la renovación podría priorizar embarcaciones de alto costo. David Filler, director de desarrollo de Suntex Marinas, rechazó esa caracterización y aseguró que el proyecto solo prevé alrededor de cinco amarres para barcos de más de 30 metros. “No se parece en nada a una marina para megayates”, afirmó.
La decisión quedará en manos de los electores de Miami el 3 de noviembre, cuando definirán si la ciudad puede avanzar con el arrendamiento y la reurbanización de las marinas de Virginia Key.
Infobae
