El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 26/2026 que establece que ninguna vivienda propiedad del Estado podrá dejar de ser pública en el futuro. Hasta ahora, buena parte de estas viviendas podían acabar vendiéndose al mercado libre, como ya ocurrió tras la crisis financiera de 2011, cuando miles de viviendas construidas con dinero público acabaron en manos privadas.

El Consejo de Ministros aprobó el texto este martes, tras un acuerdo entre el PSOE y Sumar, dentro de un paquete de dos decretos de vivienda impulsado tras la indignación social por el desahucio de Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años. Aunque el decreto entra en vigor con su publicación, su continuidad depende de que el Congreso de los Diputados lo convalide este viernes en un pleno extraordinario, donde los votos de Junts y Podemos serán decisivos.

Entre sus medidas sobre alquileres, desahucios y fiscalidad, el decreto dedica un bloque específico a ampliar y proteger el parque público de vivienda, con dos ejes centrales: el blindaje legal frente a la privatización y el traspaso de inmuebles estatales a Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda.

La vivienda pública seguirá siéndolo aunque el Estado la venda

El decreto establece que toda la vivienda propiedad del Estado queda protegida de forma permanente e indefinida. En la práctica, esto significa que, aunque el Gobierno decida vender alguna de estas viviendas en el futuro, nunca podrá hacerlo a precio de mercado: el precio máximo de venta queda fijado en el módulo de vivienda protegida de cada comunidad autónoma, que es notablemente más bajo.

Ese límite de precio no desaparece con la primera venta. Si la persona que compra la vivienda decide revenderla más adelante, tendrá que respetar el mismo tope, y así con cada propietario que venga después. La condición queda inscrita en el Registro de la Propiedad para que conste de forma permanente. Con este mecanismo, el Gobierno evita que una vivienda pública termine, tarde o temprano, revendiéndose como una vivienda cualquiera en el mercado libre.

Para las viviendas que ya cuentan con algún tipo de protección pública, pero con fecha de caducidad, la nueva norma entrará en vigor justo cuando ese plazo termine, para que no se queden sin ninguna protección en ese momento.

La exposición de motivos del decreto explica por qué el Gobierno ha optado por esta cautela: recuerda que, en el pasado, viviendas construidas con grandes cantidades de dinero público se vendieron muy por debajo de su valor real, y que hoy eso está provocando, según el texto, “la injusta expulsión de centenares de vecinos y vecinas” de sus barrios.

La misma protección se aplica también a los solares públicos destinados a construir vivienda, para que no puedan venderse a manos privadas y perder así, de forma definitiva, su uso social.

El Estado suma más viviendas a su parque público a través de Casa 47

Además de blindar lo que ya existe, el decreto ordena traspasar más inmuebles a Casa 47. El objetivo es que todas las viviendas y terrenos que el Estado tenga en propiedad y que puedan usarse como vivienda pasen a depender de esta entidad, incluidas las que actualmente pertenecen a la Seguridad Social.

El procedimiento cambia según de dónde proceda cada inmueble. Los que vienen del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de Adif o de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado pasan a Casa 47 sin que nadie tenga que pagar nada a cambio. Las viviendas que hoy son de la Seguridad Social, en cambio, se valoran antes del traspaso, y el pago puede hacerse perdonando una deuda equivalente que la Seguridad Social tenga con el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, los inmuebles que pertenecen al fondo de pensiones de los funcionarios (MUFACE) y a los Reales Patronatos no cambiarán de propietario, pero Casa 47 podrá usar estas viviendas para su política de vivienda asequible.

Vender una vivienda al Estado tendrá menos impuestos

De forma complementaria, el decreto añade dos ventajas fiscales pensadas para que sea más atractivo que una vivienda privada pase a ser pública. La primera afecta al propietario: si una persona vende su vivienda a una administración pública y esta se compromete a protegerla de forma permanente, no tendrá que pagar impuestos por la ganancia obtenida en esa venta, algo que sí ocurre en una venta normal. Las condiciones exactas varían según el valor de la vivienda.

La segunda ventaja afecta al IVA que se paga al comprar una vivienda nueva. El decreto reduce este impuesto al 4%, el tipo más bajo que existe, para las viviendas de protección oficial, de promoción pública o con protección permanente, cuando quien las vende es el propio promotor. Esta rebaja también se aplica a los garajes y otros anexos -como trasteros- que se compren junto con la vivienda, con un máximo de dos plazas de garaje por vivienda.