Casi 40 personas denunciaron ventas falsas de celulares en Bahía Blanca y la estafa total ascendería a 80 mil dólares
Un conjunto de compradores denunció ante la Justicia una presunta maniobra comercial vinculada con la venta de iPhone que dejó alrededor de 40 damnificados y un perjuicio estimado de entre USD 60.000 y USD 80.000. El caso involucra a un comercio que funcionaba en la calle Zelarrayán 170 y está bajo investigación.
Las presentaciones apuntan contra Martín D.M., quien, según las denuncias, ofrecía teléfonos celulares con cobro anticipado. Los clientes entregaban dinero en efectivo, realizaban transferencias o dejaban señas con la expectativa de recibir los equipos en fechas acordadas que, de acuerdo con sus reclamos, no se cumplieron.
De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Nueva, la situación tomó mayor dimensión luego de que el local dejara de atender al público y familiares del comerciante retiraran pertenencias del lugar. Un grupo de afectados se presentó en el comercio al advertir el movimiento y el episodio requirió la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los compradores que acudieron a la Justicia sostienen que la operatoria se basaba en la oferta de dispositivos Apple mediante adelantos de dinero. En algunos casos, las partes habrían firmado documentos en los que se establecían fechas concretas para la entrega de los teléfonos.
Esos plazos vencieron sin que los equipos fueran entregados, según las denuncias. Otros clientes indicaron que recibieron aparatos con problemas de funcionamiento, una circunstancia que también fue incorporada a los reclamos presentados.
La cantidad de afectados rondaría las 40 personas, mientras que el cálculo inicial de los montos comprometidos se ubica entre USD 60.000 y USD 80.000. La cifra podría variar conforme avancen las denuncias y se determinen los pagos efectuados por cada cliente.
Los damnificados presentaron denuncias penales ante la Justicia provincial. A la vez, llevaron sus reclamos a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), organismo que interviene en conflictos entre consumidores y proveedores.
Uno de los aspectos señalados por los denunciantes se vincula con los destinos de las transferencias bancarias. Según indicaron, los pagos no habrían sido dirigidos únicamente a una cuenta a nombre de quien figuraba como responsable del comercio.
Frente a las quejas de los compradores, D.M. publicó mensajes en redes sociales en los que atribuyó su situación a dificultades económicas posteriores a un robo que, según afirmó, sufrió en septiembre del año anterior.
Después de la interrupción de la atención presencial, en la puerta del local fue colocado un cartel que informaba un cierre temporal. El aviso atribuía la medida a la falta de suministro eléctrico y anunciaba que las ventas continuarían de manera virtual.
Tras el cierre del establecimiento, se mencionó la posibilidad de una mediación legal para gestionar la restitución de los fondos. Los denunciantes esperan precisiones sobre esa alternativa y sobre la forma en que se responderá por los pagos que, aseguran, quedaron sin contraprestación.s.
El caso comercial se desarrolla en paralelo con una causa que tramita en el fuero federal. A comienzos de este año, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), realizaron un allanamiento en un local de la calle Zelarrayán al 100.
El procedimiento fue ordenado dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de contrabando, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal. Durante el operativo se secuestraron documentación y productos electrónicos.
Por el momento, la información disponible no establece una resolución judicial sobre ninguna de las causas. Las denuncias de los compradores y la pesquisa federal continuarán su curso para determinar responsabilidades y el destino de los fondos reclamados.
Infobae
