Consulta a los “zancudos”: los 14 partidos que acompañarán al régimen de Nicaragua en elecciones sin oposición real
“Respaldo unánime”, anunció la Asamblea Nacional de Nicaragua como resultado de la consulta que hizo el régimen el pasado 24 de septiembre a los partidos políticos que mantiene legalmente habilitados para conocer una reforma constitucional que, en realidad, ya había sido aprobada en primera legislatura. Hubo 16 intervenciones y ninguna objeción.
Según la versión oficial, participaron 86 representantes de esas organizaciones. El encuentro formaba parte de una segunda ronda de consultas denominada “Hay Patria”, con la que el oficialismo ha llevado por distintos municipios e instituciones los siete puntos principales de la reforma.
Un día después de reunirse con los partidos, funcionarios del Gobierno informaron al cuerpo diplomático acreditado en Managua que más de 300.000 nicaragüenses habían participado en una primera etapa de consultas y otros 50.000 en la segunda.
La reunión con los partidos siguió el mismo esquema que el oficialismo ha utilizado en las demás consultas: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, presentó los alcances de la reforma y después cedió la palabra a los asistentes.
Los representantes hablaron de soberanía, paz, estabilidad y seguridad. Algunos elogiaron directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros anunciaron que se preparan para las elecciones de 2028. Ninguno cuestionó las nuevas facultades que tendrá el Consejo Supremo Electoral (CSE) para impedir candidaturas o retirar personerías jurídicas.
Ortega: “No habrá elecciones”
La reforma tiene su origen político en una declaración que Ortega hizo el 19 de julio pasado y que inicialmente pareció anunciar el fin de las elecciones en Nicaragua. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista.
Nueve días después fue presentado el proyecto de reforma constitucional. La iniciativa no suprimió las elecciones, como podía desprenderse literalmente de las palabras de Ortega, sino que estableció un mecanismo diferente: mantenerlas, pero ampliar constitucionalmente las causales mediante las cuales el Estado podrá decidir quién tiene derecho a competir.
Porras terminó de aclarar esa relación durante el encuentro del 24 de septiembre. Recordó la advertencia de Ortega y sostuvo que lo que no volvería a ocurrir serían elecciones que permitieran regresar al poder a quienes el Gobierno responsabiliza de haber intentado destruir el país. “Eso es lo que está claro en este segundo punto, para darle cumplimiento a esa orientación clara”, dijo.
La “orientación” quedó convertida en una serie de prohibiciones constitucionales. No podrán ser candidatos ni ejercer determinados cargos quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”, ni quienes, según las autoridades, promuevan injerencia extranjera, soliciten sanciones o intervenciones contra Nicaragua, reciban financiamiento del exterior o incumplan los principios fundamentales establecidos en la Constitución. El CSE tendrá facultades para aplicar esas disposiciones tanto a personas como a organizaciones políticas.
Demolición electoral
Durante los últimos diez años, el régimen ha ejecutado un proceso de demolición electoral en el que las organizaciones opositoras que representaban una competencia política efectiva han sido intervenidas o eliminadas del sistema.
En 2016, la Corte Suprema quitó el control legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a la dirigencia alrededor de la cual se había organizado la principal coalición opositora y se lo entregó a un desconocido político llamado Pedro Reyes.
En 2021, en vísperas de las elecciones en las que Ortega buscaba un cuarto mandato consecutivo, fueron encarcelados los siete aspirantes presidenciales y dirigentes políticos y se cancelaron las personerías de Ciudadanos por la Libertad, el Partido Restauración Democrática y el Partido Conservador. En 2023 fue eliminada también YATAMA, la histórica organización indígena de la Costa Caribe.
El resultado es un grupo que el propio CSE cifra actualmente en apenas 14 partidos con personalidad jurídica: nueve nacionales y cinco regionales. Los nacionales son el FSLN, PLC, PRN, ALN, APRE, PLN, Alternativa por el Cambio, PLI y PUC. Los cinco regionales son PIM, PAMUC, PAL, MYATAMARAN y Moskitia Pawanka.
Estos partidos son tradicionalmente llamados “zancudos”, que es el nombre peyorativo que la política nicaragüense le da a los partidos que simulan ser oposición, pero actúan como colaboradores del gobierno de turno.
Algunos forman parte directamente de la alianza que encabeza el FSLN. Otros conservan formalmente la condición de opositores, tienen diputados y reciben los beneficios que la legislación concede a las organizaciones participantes en las elecciones, pero su comportamiento legislativo muestra hasta dónde llega esa oposición.
Un análisis del diario La Prensa sobre los primeros cuatro años de la actual legislatura encontró que PLC, PLI, ALN y APRE no habían presentado una sola iniciativa de ley propia y habían acompañado con sus firmas proyectos sandinistas, decretos del Ejecutivo y reformas constitucionales.
El término “partidos zancudos” viene de la época de la familia Somoza y comenzó a utilizarse para identificar a sectores opositores que aceptaban participar en elecciones controladas por el poder y proporcionaban una apariencia de competencia política.
Hay, sin embargo, una inconsistencia en la propia consulta que acaba de celebrar el oficialismo. El CSE registra 14 partidos con personalidad jurídica, pero la lista mencionada por Porras durante el encuentro no coincide exactamente con ese registro.
El presidente de la Asamblea no mencionó al Partido Indígena Multiétnico (PIM) e incluyó en cambio al Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), que no aparece entre los 14 partidos vigentes publicados actualmente por el CSE. En documentos electorales anteriores, el MLCI aparece como un movimiento que acompaña a la alianza encabezada por el FSLN.
Respaldo unánime
Más allá de esa anomalía, las intervenciones permitieron observar quiénes son y qué papel desempeñan las organizaciones con las que Ortega y Murillo pretenden llegar a 2028.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ocupa una categoría diferente al resto porque no acompaña al sistema: lo controla. Tiene 75 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional y encabeza Nicaragua Unida Triunfa, alianza en la que durante las elecciones de 2021 participaron varias de las organizaciones que ahora respaldan la reforma. Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, celebró durante la consulta que “todos los partidos políticos nos hemos juntado” y agradeció el respaldo recibido.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue alguna vez el principal adversario electoral del sandinismo y con Arnoldo Alemán derrotó al FSLN en 1996. La relación cambió con el pacto entre Alemán y Ortegaque permitió a las dos fuerzas repartirse espacios de poder institucional y modificar las reglas electorales.
Actualmente el PLC conserva diez diputados y constituye la segunda bancada de la Asamblea, pero en más de cuatro años no ha presentado una iniciativa legislativa propia, según la revisión de La Prensa. Su vicepresidente, Miguel Ángel Meléndez, dijo en la reciente reunión que el partido “acompaña este proceso de consulta” y anunció que se prepara para competir en 2028.
La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) tuvo un origen muy diferente al papel que desempeña actualmente. Fue el vehículo electoral del político y emopresario Eduardo Montealegre después de su ruptura con el PLC y en 2006 consiguió el segundo lugar en las elecciones presidenciales, por encima del liberalismo encabezado por José Rizo.
Con los años perdió aquella dirigencia y terminó dentro del sistema de partidos tolerados por el régimen. Actualmente tiene dos diputados y tampoco ha presentado iniciativas legislativas propias durante esta legislatura. Su representante Noel González informó en la consulta que la directiva nacional había decidido dar un “respaldo unánime” a la reforma.
La Alianza por la República (APRE) nació durante el gobierno de Enrique Bolaños y fue perdiendo progresivamente peso político hasta quedar reducida a una organización con un diputado.
Desde hace más de una década dirigentes opositores la califican como partido colaboracionista o “zancudo”. En la consulta tuvo incluso dos intervenciones: Carlos Canales expresó el respaldo de APRE y Manuel Canales volvió a tomar la palabra posteriormente para reiterarlo.
El Partido Liberal Independiente (PLI) conserva una de las historias más representativas de la forma en que fue desarticulada la oposición electoral. En junio de 2016, cinco meses antes de las elecciones, la Corte Suprema quitó su representación legal a la dirigencia vinculada a Eduardo Montealegre y la entregó a Pedro Reyes.
Posteriormente fueron separados de la Asamblea 28 diputados que habían sido elegidos bajo la alianza encabezada por el PLI y se negaron a reconocer a Reyes. La organización que conserva actualmente esa personalidad jurídica tiene dos diputados. “Nosotros respaldamos totalmente la Reforma Constitucional”, dijo su representante Margine Trujillo el 24 de septiembre.
El Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) nació de sectores de la antigua Contra que durante los años ochenta combatieron con las armas al primer gobierno sandinista. Una parte de aquella dirigencia terminó décadas después convertida en aliada electoral del FSLN y el PRN fue registrado oficialmente dentro de Nicaragua Unida Triunfa en las elecciones de 2021. Su presidente, Julio César Blandón, calificó ahora las reformas como una “iluminación grande” de Ortega y Murillo y manifestó su respaldo al proyecto.
El Partido Liberal Nacionalista (PLN) conserva la sigla del partido que sirvió como estructura política de la familia Somoza, aunque la organización actual no tiene el peso que aquella tuvo. El PLN forma parte de la alianza electoral encabezada por el FSLN y su presidente, Constantino Velázquez, declaró durante la consulta que su organización había analizado las reformas y las apoyaba por considerar que garantizan “Seguridad, Paz y Tranquilidad”.
Alternativa por el Cambio (AC) surgió como Alternativa Cristiana y presentó a Edén Pastora como candidato presidencial en 2006. Posteriormente terminó incorporándose a Nicaragua Unida Triunfa y participó dentro de la alianza sandinista en las elecciones de 2021. Orlando Tardencilla, uno de sus principales dirigentes, expresó en la consulta la “plena adhesión” de su partido y celebró que las organizaciones presentes hicieran “causa común”.
El Partido Unidad Cristiana (PUC) también pertenece formalmente a la alianza que encabeza el FSLN. Su vicepresidenta, María Consuelo Castro, fue una de las dirigentes que expresó con mayor claridad la relación con el poder durante el encuentro: dijo que el PUC “respalda plenamente” las reformas y agregó que el partido se adhería a la decisión de quienes llamó “nuestros Copresidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Partido Indígena Multiétnico (PIM) es una organización regional de la Costa Caribe que mantiene personalidad jurídica y ha formado parte de Nicaragua Unida Triunfa. Sin embargo, pese a que aparece en la lista oficial de los 14 partidos vigentes del CSE, Porras no lo mencionó entre las 14 representaciones reunidas el 24 de septiembre. La información oficial divulgada sobre el encuentro no explica la ausencia ni por qué fue sustituido en la enumeración por el MLCI.
El Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) presenta una diferencia: en las elecciones de 2021 no concurrió dentro de la alianza sandinista, sino aliado con el PLI. Su representante Armando Arista manifestó “total respaldo” a la reforma y formuló una de las escasas preguntas concretas registradas durante la consulta, relacionada con la forma en que los nuevos períodos de siete años se armonizarán con el régimen autonómico y las elecciones regionales. La pregunta se refería a la aplicación de la reforma y no cuestionaba su aprobación.
El Partido Autónomo Liberal (PAL) es otra organización regional que sí fue incorporada a la alianza del FSLN en 2021. Su representante legal, René Bello Romero, explicó que había viajado a Managua para “ratificar el respaldo” que las estructuras del partido en el Caribe Sur ya habían expresado y relacionó su posición con la continuidad de los proyectos gubernamentales en la región.
El Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (MYATAMARAN) también pertenece al grupo de organizaciones regionales aliadas al FSLN, pero no debe confundirse con YATAMA, el histórico partido indígena encabezado por Brooklyn Rivera al que el CSE canceló la personalidad jurídica en octubre de 2023. MYATAMARAN permanece autorizado y participó dentro de Nicaragua Unida Triunfa en 2021. En la consulta, Osorno Coleman elogió las transformaciones realizadas bajo Ortega y Murillo y ofreció el “firme respaldo” de su organización a la reforma tanto en primera como en segunda legislatura.
El Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia, Moskitia Pawanka, completa el listado oficial del CSE y también formó parte de la alianza electoral sandinista en 2021. Su vicepresidente y representante legal, Víctor Manuel Padilla Zamora, atribuyó a Dios la sabiduría concedida a Ortega y Murillo para conducir Nicaragua y no dejó dudas sobre su posición: “Nuestro respaldo total, 100%, a este proceso de reforma parcial a la Constitución”.
Queda finalmente el caso del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), que Porras incluyó entre las 14 representaciones pese a que no figura como partido con personalidad jurídica en el registro vigente del CSE. En la documentación electoral de 2021 aparece como movimiento acompañante de Nicaragua Unida Triunfa. Jessica Sinclair respaldó las reformas durante el encuentro y otro representante del MLCI resumió con particular claridad el ambiente de la reunión al señalar que habían llegado “todos juntos y contentos” y que “el único camino que hay es apoyar las Reformas”.
Infobae
