Presume Sheibaum una Rendición de Cuentas que sigue oculta

Jorge Miguel Ramírez Pérez.

A dos años de ocupar la oficina de la presidencia la señora Claudia Sheibaum presumió una gira de “rendición de cuentas” en diversas ciudades del país, así tituló también su discurso del domingo en el zócalo capitalino, que como es tradicional de gobiernos populistas se llenó de acarreados. Esas concentraciones son la muestra obvia de costos en cuentas que nunca se rinden, recuerdos efímeros intrancendentes que se evaporan. Dineros que aparecen sin huella en las tesorerías que no dan cuantía del hecho irrefutable que la gente que asiste a esas expresiones obligatorias, tuvo que ser transportada, alimentada y compensada tanto por asistir en un día no laborable, como en dádivas en efectivo, que por supuesto la convocante no pagó de su bolsillo.

Porque no hay una sola frase que justifique ese gasto porque la rendición de cuentas que se establece en la normatividad, no habla que el dinero del presupuesto se destine a mover acarreados.

Eso de destacar que se informa de las acciones del gobierno al pueblo como un todo idealizado o como sujeto amorfo, no es lo que corresponde jurídicamente al pueblo que está representado constitucionalmente en el Congreso, donde teóricamente reside la soberanía y no en las masas acarreadas.

Usan de una masa asoleada para tapar los datos que sí interesan a los contribuyentes: se debe mucho dinero y hay gastos que no están precisados en los informes, tampoco se ven resultados verificables de gobernar mediante las obligaciones específicas como  garantizar la seguridad para los ciudadanos y el castigo expedito de tanto bribón que se pasean por el mundo, derrochando los recursos sutraidos a los mexicanos como es el ejemplo del socio del Andy, el Olán, los alias de conocidos facinerosos que en Tokio y Lugano, se burlan del verdadero pueblo, incluyendo a la masa de acarreados.

Lo que los de la cuatro T califican como “rendición de cuentas”, es la capacidad de mover a la borregada, y producir en las redes los “likes” en los que se apoyan para pavonearse de una falsa popularidad, como si ésta, la fama, devolviera la vida de miles de personas ejecutadas en las guerras civiles delincuenciales,  o si con aplausos se pudieran regresar los desaparecidos que hasta en la ONU claman por justicia. No es con falsas e irrelevantes simpatías la capacidad de revertir los fracasos de obras inútiles y costosas.

De hecho el problema no solo es el ocultamiento de información que el gobierno está obligado a proporcionar, sino la instituciolización del mal, al denominar como bueno o legal lo que es ilegal y moralmente reprobable: reservando información pública para que no se sepa la realidad y los delitos que se endosan a acciones que al calificarlas como “seguridad nacional” quedan  bajo ese manto  protector de fechorías, fuera de cualquier revisión de parte del mismo gobierno y por supuesto, de parte de los ciudadanos y analistas independientes.

La rendición de cuentas no les interesa y se explica porque en los hechos eliminaron el Instituto de Acceso a la Información, cuyo deber era obligar a los burócratas de cualquier rango a rendir cuentas, con datos veraces  no con discursos, habladas y amenazas a las potencias, con un público cautivo que solo iba por su torta, su chesco y una feriecilla para salir de la obligación de oír nada concreto.

Una revisión rápida de asuntos ocultos bajo el blindaje de “seguridad nacional” nos muestra que los datos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez o la muerte del ex rector Melesio Cuén, están ocultos al ciudadano igual que los que  la Secretaría de Relaciones Exteriores  clasificó por 5 años de los intercambios diplomáticos con autoridades de EUA sobre presuntos nexos con el crimen organizado. Tampoco se dan a conocer  los documentos de las auditorías del mayor desfalco financiero que se hizo en SEGALMEX que están bloqueadas por 5 años para supuestamente “no afectar” las indagatorias de la FGR. El caso de Pío López Obrador: Su carpeta de investigación por recibir dinero en efectivo para la campaña obradorista, se mantuvo bajo secreto ministerial hasta que la FGR la archivó. Bajo el mismo criterio están las megaobras federales: pese a que la SCJN, la última, la verdadera que fue eliminada junto con todo el poder judicial, declaró inconstitucional el acuerdo de 2021, pero un nuevo decreto devolvió el carácter de seguridad nacional al Tren Maya y al Corredor Interoceánico, al aeropuerto Felipe Ángeles etc.

Resguardados  de la vista ciudadana están los presupuestos asignados, los contratos con proveedores o los sobrecostos de las obras gubernamentales que son de naturaleza administrativa y de interés público, no militar ni de inteligencia. No se diga los expedientes de corrupción o negligencia: casos de implicaciones políticas, declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel, o investigaciones sobre operativos policiales fallidos, como el archivo del “Culiacanazo” que ha sufrido intentos de reserva temporal argumentando “seguridad nacional” o “seguridad pública”.

Incluyen en la secrecía oficial información sobre salud pública: Durante emergencias sanitarias, se llegaron a reservar datos técnicos sobre contratos de adquisición de insumos médicos o vacunas.

Reservar datos por razón de seguridad nacional es algo serio que debería  reflejar gravedad para México, no para los burócratas, ellos no son México. Seguridad nacional es proteger al país de amenazas exteriores militares y a los servicios estratégicos  de infraestructura crítica indispensable para la provisión de servicios públicos esenciales como la red eléctrica, el suministro de agua, instalaciones petroleras, sistemas de salud y telecomunicaciones.

La ley de Seguridad Nacional se ocupa de la prevención y neutralización del espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión y traición a la patria; delincuencia organizada transnacional y actos que impidan a las autoridades actuar contra ella como el narcotráfico de gran escala. Así mismo el tráfico ilegal de sustancias nucleares, armas químicas, biológicas o convencionales de destrucción. Su naturaleza es sobre asuntos que vulneran el estado mexicano, su independencia y la defensa de la integridad del territorio: suelo, mares y espacio aéreo. Algo que afecte el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Lo de Rocha o la declaración patrimonial del Almirante Ojeda secretario de Marina de Obrador, no provocan ni remotamente un riesgo para México.

El ejemplo de lo que sí es grave son las violaciones constitucionales que han promovido Obrador y Sheibaum afectando la integridad de la división de poderes, en complicidad de un Congreso que sin tener la legitimidad de una verdadera mayoría calificada, destruyeron instituciones como el Poder judicial, el INAI y los demás poderes autónomos constitucionales que fueron de lo que Sheibaum   presumió en el discurso del domingo.

Lamentablemente la falta de conciencia ciudadana y de acción opositora parlamentaria no parece recurrir a los recursos obligados que determinan el impacto real y destructivo de abrir los expedientes como una rendición de cuentas real, como lo mandata la ley de presentar la “prueba del daño” para evitar que la información del gobierno permanezca bajo llave. Así que mientras que la Sheibaum y sus asociados no presenten la documental de las pruebas del daño y lo que causaría revelar los datos ocultos a modo, para hablar de rendición de cuentas, es hablar por hablar de un tema que tiene un solo propósito: seguir ocultando contratos ordinarios de obras públicas y todo lo que a usted se le ocurra para mantener la impunidad.

El cargo Presume Sheibaum una Rendición de Cuentas que sigue oculta apareció primero en El Arsenal.