Santiago Tuxtla: 86 mdp, el presunto daño / Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Santiago Tuxtla: 86 mdp, el presunto daño
Enrique Yasser Pompeyo
En Santiago Tuxtla hay una cifra que difícilmente puede pasar inadvertida: 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos señalados como presunto daño patrimonial en la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
El dato coloca nuevamente bajo los reflectores el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal encabezada por Brianda Kristel Hernández Topete.
Debe decirse con precisión: no se trata de afirmar que exista un desvío de recursos ya acreditado por una sentencia.
Son observaciones derivadas del proceso de fiscalización que deberán ser atendidas, aclaradas y, en su caso, solventadas conforme a los procedimientos correspondientes.
Pero tampoco se puede minimizar la dimensión de la cifra.
Más de 86 millones de pesos representan una cantidad demasiado importante como para despacharla con explicaciones superficiales o con el argumento de que se trata simplemente de observaciones administrativas.
Detrás de cada peso público hay recursos que debieron traducirse en obras, servicios, infraestructura y mejores condiciones para los habitantes de Santiago Tuxtla.
Por eso, la discusión no debería centrarse únicamente en quién gobernó o quién heredó el problema.
La verdadera cuestión es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más incómoda: ¿dónde están los documentos que expliquen peso por peso esos 86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos?
Si los recursos fueron ejercidos correctamente, corresponde demostrarlo con expedientes, contratos, comprobantes, obras ejecutadas, facturas y toda la documentación que exija el proceso de fiscalización.
Si existen inconsistencias, tendrán que determinarse responsabilidades conforme a la ley.
La administración municipal ya terminó, pero las cuentas no terminan con el cambio de gobierno.
El dinero público tampoco pierde dueño cuando concluye un periodo constitucional: sigue siendo de los ciudadanos.
Santiago Tuxtla merece respuestas claras, no evasivas. Merece saber qué se hizo con sus recursos y por qué el órgano fiscalizador llegó a una observación de semejante magnitud.
Ahora la pelota está en la cancha de quienes deben aclarar y solventar.
86 millones 469 mil 239 pesos con 63 centavos no son una cifra más en un informe. Son 86 millones de interrogantes que esperan respuestas documentadas.
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