Director de la UNP reveló la millonada que pagó el Estado por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero en año y medio
En medio del debate de control político por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, se conocieron nuevos detalles sobre el esquema de seguridad que le fue otorgado a Juliana Guerrero, la joven que falsificó títulos para acceder a un viceministerio durante el mandato de Gustavo Petro.
Durante su presentación, el jefe de la entidad reveló que se destinaron 739 millones de pesos para garantizar las medidas de protección aplicadas entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.
Según la auditoría revelada por Blanco, el monto corresponde al esquema definido tras un estudio de riesgo elaborado para la entonces protegida. La UNP indicó que la información detallada sobre los componentes del dispositivo permanece bajo reserva legal.
La revelación se produjo durante una sesión en la que el director de la entidad expuso ante los congresistas los costos y dificultades relacionados con la asignación de esquemas de seguridad.
Entretanto, se sabe que a la joven se le retiró el dispositivo de seguridad mientras comparecía ante la justicia. La decisión formó parte de una revisión de las medidas de protección y de las condiciones de riesgo de personas que recibieron dispositivos de seguridad durante el gobierno de Gustavo Petro.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Guerrero durante una audiencia celebrada el 9 de septiembre. La joven, de 24 años, llegó a un acuerdo con el ente acusador y recibió una pena de tres años de cárcel, aunque el juez aún debe definir si procede una suspensión anticipada que evite su ingreso a prisión.
Un audio reveló gestiones para conservar el esquema de seguridad
Antes del retiro de la protección, Guerrero habría buscado alternativas para sostener el beneficio. Un audio divulgado por la revista Semana indicó que la entonces protegida intentó presentar documentos que la mantuviera con su esquema.
Según el material difundido el 6 de agosto de 2026, a un día del fin del Gobierno de Gustavo Petro, la joven habría buscado cambiar su clasificación de funcionaria a activista o líder política para justificar la ampliación de las medidas estatales.
La controversia se sumó a señalamientos sobre una presunta red de corrupción y tráfico de influencias en contratos públicos. La joven renunció el 27 de julio a su cargo en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar, el último puesto que la vinculaba con la administración saliente.
La grabación dura cerca de 41 segundos y contiene una voz atribuida a Guerrero, que alude a un mensaje enviado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, en nombre del presidente. La persona plantea modificar la condición bajo la que se sustentaba su esquema de seguridad.
“Vale, mire, es que acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez para, me imagino, cambiar como mi tipo de cosas, no sé... funcionaria, sino activista y líder política, para poder justificar mi esquema y reforzármelo”, se escucha en el audio.
En su momento, el Sindicato de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales UT-UNP rechazó la supuesta petición y elevó una denuncia ante los entes de control.
Su presidente, Wilson Devia, firmó el 4 de agosto una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; y a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La organización solicitó determinar si se cometieron delitos en la asignación del esquema de seguridad y señaló como acusados a Rodríguez, al presidente Petro y a Nancy Yolima Rumie Guevara, asesora del Ministerio del Interior y presidenta del comité de evaluación del riesgo y recomendación de medidas, Cerrem.
Infobae
