Quién es quién: la lista de los trece bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos

Estados Unidos amplió este lunes las restricciones de ingreso al país para 13 ciudadanos bolivianos, entre los que se incluye el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, el exministro de Justicia, Iván Lima, un excomandante policial que en mayo se había reunido con la DEA en Washington, entre otros exfuncionarios y autoridades del sistema judicial.

“Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado en el comunicado en el que anunció la medida que también alcanza a familiares de las personas sancionadas.

La decisión se enmarca en una política de restricción de visas impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra ciudadanos extranjeros que, según Washington, “atentan contra un gobierno democráticamente elegido” mediante actos de corrupción o narcotráfico en la región.

La medida se produce casi dos semanas después de que la Embajada de Estados Unidos en La Paz difundiera un mensaje en el que advirtió que Washington no tolerará la “narco-política” en el hemisferio y señaló su intención de actuar contra quienes vinculen actividades ilícitas con el poder político en Bolivia.

En la publicación, la embajada mencionó el antecedente de revocación de visa de exfuncionarios de Ecuador y afirmó que “sin importar el cargo o el país, Estados Unidos usará todas las herramientas a su alcance para encontrar y desenmascarar a todos que abusen de sus puestos para facilitar la corrupción gubernamental y el narcotráfico”.

Los 13 bolivianos que fueron sancionados son:

1.Roger Mariaca, fiscal general del Estado. Fue elegido en 2024 con votos de todas las bancadas políticas para un cargo de mucho poder: él es quien dirige el Ministerio Público, la institución encargada de la persecución penal. El Departamento de Estado lo acusa de haber abusado de su cargo para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia.

2.Alberto Zeballos, fiscal Departamental de Santa Cruz. Fue fiscal en la instancia especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc) hasta que en octubre de 2024 cuadno fue designado por Mariaca como fiscal departamental de la región más extensa y poblada del país.

3. Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. Exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Inspector General interino hasta hace pocos días. Curiosamente, Cabrera fue uno de los interlocutores bolivianos con la Administración para la Administración de Drogas (DEA) de Estados Unidos, a donde viajó en mayo junto con el entonces viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, para definir acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

4.Iván Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional. Fue ministro durante la gestión de Luis Arce, pero renunció antes de la conclusión del mandato. Fue acusado de manipular la justicia en medio de la pugna entre Arce y el expresidente Evo Morales, además de enfrentar cuestionamientos por la validación de la extensión del mandato de los magistrados judicial, entre otros actos.

5.Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Evo Morales (2006-2019) y al menos dos de sus ministros. Más tarde, en las elecciones generales de 2025, fue candidato a diputado por Alianza Popular, el frente político liderado por Andrónico Rodríguez, y luego designado en el cargo actual por Roger Mariaca.

6.Albania Caballero Saavedra, jueza Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres. La jurista fue acusada de beneficiar a los implicados en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas de alto perfil, que se conoce como “caso maletas”, y que involucra a una exdiputada y un juez. Antes intervino en procesos de alta repercusión mediática, como el caso de los contratos irregulares contra la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa.

7.Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz. Fue una de las juristas que firmó, junto con Albania Caballero, el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el “caso maletas”.

8.Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca. Participó en investigaciones que fueron objeto de acciones constitucionales pero no se conocen, hasta ahora, acusaciones públicas que lo vinculen directamente con narcotráfico. Según medios locales, es un hombre cercano al actual fiscal general Roger Mariaca.

9.Israel Campero Méndez, magistrado constitucional. Fue cuestionado por fallos presuntamente contrarios a las leyes y de favorecer con acciones judiciales al gobierno de Luis Arce, como la suspensión de las interpelaciones legislativas a sus ministros cuando era vocal de una sala constitucional en La Paz.

10. Alberto Soto de la Vía, expresidente de la Aduana Nacional. También estuvo vinculado al “caso maletas” y enfrentó otros cuestionamientos sobre vuelos irregulares para el traslado de ayuda internacional durante los conflictos sociales de mayo y junio. Fue designado en 2025, durante el gobierno de Rodrigo Paz y ocupó el cargo hasta el pasado17 de septiembre, cuando se revocó su nombramiento en medio de las acusaciones.

11. Iván Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema. Está investigado en un presunto consorcio judicial, que incluye jueces, fiscales y abogados, y sobre el que pesan acusaciones de tráfico de influencias.

12. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Su nombre cobró notoriedad pública por varias decisiones en el marco del proceso contra Misael Nallar, un hombre acusado de narcotráfico y del triple asesinato de policías.

13. José Luis Iriarte Cussi, empresario privado dedicado a la distribución de combustible. Según investigaciones periodísticas, es propietario de varias estaciones de servicio presuntamente vinculadas con el desvío de diésel subvencionado hacia la minería aurífera en el norte de La Paz.