Organización Poder Ciudadano entrega 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional judicial
Poder Ciudadano entregó 16,500 firmas al Congreso de Guatemala para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia, una iniciativa que busca modificar 24 artículos, eliminar las comisiones de postulación y someter el eventual cambio a consulta popular en las elecciones generales de 2027.
La presentación ocurrió, después de una marcha de voluntarios desde la Plaza de la Constitución hasta el Palacio Legislativo. La organización reunió 470 mil firmas durante la campaña, pero seleccionó las adhesiones correspondientes al distrito legislativo exigido para activar el mecanismo ciudadano.
Horas después, el Centro para la Defensa de la Constitución, Cedecon, presentó ante la Corte de Constitucionalidad un amparo provisional para suspender el trámite. La entidad cuestionó la forma en que se acreditaron las rúbricas y pidió verificar su autenticidad, el empadronamiento de los firmantes y la correspondencia entre las adhesiones y el contenido de la propuesta, según La Hora.
La campaña de recolección duró 13 semanas y alcanzó al menos 20 departamentos. La Constitución establece, en su artículo 277, literal d, que una reforma por iniciativa ciudadana requiere el respaldo de 5.000 personas empadronadas.
Cinco cambios en la selección y funcionamiento de las cortes
La propuesta modifica 24 artículos constitucionales e incorpora tres nuevos, organizados en cinco ejes. El primero elimina las comisiones de postulación, el sistema utilizado para seleccionar autoridades judiciales que el director de Poder Ciudadano, Edgar Ortiz, definió como disfuncional.
Ortiz sostuvo que ese cambio también permitiría que la Universidad de San Carlos deje de intervenir en asuntos políticos y se concentre en sus funciones académicas. “Contribuye al rescate de la Universidad de San Carlos”, afirmó durante el acto.
El segundo punto retira al Congreso la facultad de designar cada cinco años a cerca de 300 magistrados. Ortiz consideró que se trata de una atribución excepcional en el ámbito internacional.
La iniciativa también propone separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia. Según el director de la organización, el tribunal dedica el 80% de su tiempo al manejo de presupuesto, compras y nombramientos de jueces y funcionarios.
El cuarto eje plantea una renovación escalonada de los integrantes de la Corte Suprema y de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala y Nicaragua son los únicos países de la región que reemplazan por completo, cada cinco años, a los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a los 13 de la Corte Suprema.
La organización considera que ese modelo permite que una misma mayoría legislativa controle ambos tribunales. La alternativa sería renovar a sus integrantes por tercios, mientras que el quinto punto establece una carrera judicial basada en méritos y no en vínculos políticos.
La verificación de las firmas y los 107 votos requeridos
El Congreso debe comprobar que al menos 5.000 adhesiones corresponden al distrito legislativo requerido. Si confirma ese requisito, debe asignar un número a la iniciativa y el pleno tendrá que conocerla sin demora, de acuerdo con el procedimiento constitucional expuesto por una representante de la organización.
El debate legislativo podrá desarrollarse mediante tres discusiones o por la vía de urgencia nacional. La aprobación requerirá el voto favorable de 107 diputados de los 260 integrantes del Congreso, y la misma cifra será necesaria para rechazar el proyecto.
Si ninguna posición alcanza esa mayoría, la iniciativa seguirá vigente hasta que el pleno adopte una resolución. El antecedente más reciente de un mecanismo similar data de 2009, cuando el proceso tardó entre dos y tres meses en llegar al pleno desde su ingreso.
Con ese precedente, Poder Ciudadano estima que el proyecto podría discutirse hacia enero. Sin embargo, el avance del trámite dependerá también de la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo presentado por Cedecon.
La organización sostiene que cumplió con la exigencia constitucional al presentar un número de firmas superior al mínimo. Cedecon solicita que intervenga el Registro de Ciudadanos para realizar la verificación antes de que continúe el procedimiento.
La reforma judicial ante las elecciones de 2027
La consulta popular solo podrá realizarse si el Congreso aprueba la reforma con 107 votos. En ese caso, la ciudadanía recibiría una papeleta adicional durante los comicios generales de 2027 para ratificar o rechazar los cambios constitucionales.
Ortiz afirmó que la principal dificultad no consiste en reunir firmas, sino en la resistencia de una clase política que calificó como “atrincherada” durante los últimos años. También anticipó que el debate legislativo coincidirá con un período electoral: “Ya es político y prácticamente la campaña electoral va a terminar por priorizar la agenda de los diputados que se buscan reelegir y de los partidos que buscan llegar a los puestos públicos”.
La entidad consultará a los candidatos presidenciales y a los aspirantes al Congreso cuál es su postura sobre la reforma. Durante la movilización, Ortiz pidió a los más de 500 voluntarios que participaron de la campaña que contacten a sus diputados para reclamar el respaldo a la iniciativa.
Infobae
