El asesinato del presidente de Haití llegó a juicio en Miami: quiénes son los acusados y qué cargos enfrentan
Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la justicia estadounidense retomó en Miami uno de los procesos más relevantes de la causa.
La última instancia de una investigación internacional sobre el asesinato del mandatario volvió a juicio desde el lunes 28 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami, según informó Reuters.
De esta manera, doce miembros y cuatro alternos que conforman el jurado buscarán definir culpabilidades del magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado a tiros en su dormitorio a manos de hombres armados que irrumpieron en su casa, cerca de Puerto Príncipe.
El principal acusado en el caso
El proceso se centra en Christian Emmanuel Sanon, pastor y médico haitiano-estadounidense que vivía entre el condado de Palm Beach y Haití. Fiscales federales lo señalan como pieza clave de un plan para derrocar a Moïse y ubicar en su lugar a alguien dispuesto a otorgar contratos lucrativos a los organizadores del complot.
Sanon enfrenta ocho cargos, entre ellos conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, delito que contempla una posible condena de cadena perpetua, además de imputaciones vinculadas al envío ilegal de chalecos antibalas a Haití el 10 de junio de 2021 y a la presunta entrega de información engañosa sobre ese cargamento. Se declaró no culpable de todos los cargos.
El caso se estudia para lectores sin conocimiento previo del expediente: en esencia, la fiscalía estadounidense sostiene que un grupo radicado en el sur de Florida planificó, financió y ejecutó el asesinato de un jefe de Estado extranjero utilizando, entre otros recursos, fondos de programas de ayuda federal por la pandemia de COVID-19, detalló un informe de Miami Herald.
Ese entramado financiero y logístico con base en suelo estadounidense es lo que sostiene la jurisdicción de los tribunales de Miami sobre un crimen ocurrido en Puerto Príncipe.
Sanon iba a ser juzgado originalmente junto a otros cuatro acusados vinculados a la empresa de seguridad Counter Terrorist Unit (CTU), pero su causa se separó el 6 de marzo de 2026 por motivos de salud: el mes anterior había sido operado de cáncer de colon.
Durante la selección del jurado, la jueza de distrito Jacqueline Becerra descalificó a un candidato de origen haitiano cuya esposa había sido secuestrada y golpeada por una pandilla en las afueras de Puerto Príncipe, ante la certeza de que las bandas armadas serán mencionadas de forma reiterada durante el juicio.
La lista de testigos incluye a 58 personas convocadas por la fiscalía, entre ellas cooperantes ya condenados a cadena perpetua, analistas del FBI, peritos forenses y la propia viuda de Moïse.
La defensa de Sanon, a cargo de los abogados Humberto Domínguez y Zeljka Bozanic, citó como testigos a dos ex primeros ministros haitianos, Claude Joseph y Ariel Henry, además del analista político Michel Soukar, en un intento de mostrar que su cliente quedó al margen de las decisiones finales del grupo.
Por qué el proceso se lleva a cabo en Estados Unidos y no en Haití
El juicio contra Sanon y el resto de los procesados avanza en Miami porque el sistema judicial haitiano no logró sostener una investigación propia en cinco años. En 2025, autoridades de justicia de Haití pidieron asistencia a Estados Unidos y Canadá después de que una corte de apelaciones local ordenara una nueva pesquisa sobre el crimen, la tercera desde que Moïse recibió doce disparos en su residencia.
Las investigaciones previas quedaron detenidas porque los jueces asignados renunciaban por temor a represalias, y porque bandas armadas llegaron a tomar el control del tribunal del centro de Puerto Príncipe donde se interrogaba a los sospechosos.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití reconoció recientemente que cualquier proceso judicial en el país “continúa enfrentando dificultades significativas”. La frase resumió un escenario agravado por la violencia: solo hasta junio de este año, más de 3.000 personas murieron a manos de pandillas y alrededor de 1,5 millones fueron desplazadas, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.
El juicio se desarrolla en Estados Unidos porque el sur de Florida funcionó como base operativa del complot: allí se reclutó a los participantes, se recaudaron los fondos y se coordinó logísticamente el ataque contra Moïse entre febrero y julio de 2021, según consta en documentos judiciales.
Esa conexión territorial y financiera con suelo estadounidense es lo que habilita a los fiscales federales del Distrito Sur de Florida a procesar a los acusados, incluso cuando el crimen ocurrió en territorio haitiano.
En paralelo, Haití mantiene su propio expediente, con más de 50 personas acusadas, incluida la propia viuda del presidente y los 17 exmilitares colombianos que permanecen detenidos en el país.
Un juez investigador local llegó a dictar auto de procesamiento contra 51 personas, pero el proceso de apelaciones se estancó sin resolución, en lo que críticos describieron como un ejercicio sin avances concretos pese a haber tenido cinco años para llegar a juicio.
La ampliación de la causa con nuevos acusados y cargos financieros
La investigación en Miami se amplió de forma considerable en agosto, cuando un gran jurado del Distrito Sur de Florida presentó una sexta acusación sustitutiva contra 30 personas adicionales.
Como parte de esa expansión, agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) trasladaron a 18 de esos imputados desde Haití hasta Miami en un operativo especial que incluyó al Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y un avión militar equipado para responder ante posibles ataques armados de pandillas en los alrededores del aeropuerto de Puerto Príncipe.
“Hoy se inicia la fase más importante en nuestra búsqueda de justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, declaró el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Jason A. Reding Quiñones, tras confirmarse el traslado.
El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami, Brett Skiles, señaló que las detenciones “demuestran el compromiso constante del FBI de llevar ante la justicia a todos los implicados en este complot”.
Entre los recién trasladados figura Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití y señalado como una de las figuras centrales del plan, junto a 17 presuntos mercenarios colombianos.
También fue incluido en la acusación Vitel’Homme Innocent, identificado como uno de los líderes de pandillas más conocidos de Haití, en lo que constituye una ampliación del caso hacia actores vinculados al financiamiento y al respaldo logístico del complot, más allá de quienes ejecutaron el ataque.
Un segundo grupo de acusados enfrenta cargos distintos, ligados al presunto fraude del Programa de Protección de Nóminas y de Préstamos por Desastre Económico (PPP-EIDL) y a una trama de lavado de activos.
Según la acusación, los conspiradores rastrearon USD 343.000 obtenidos de manera fraudulenta a través de préstamos gubernamentales, incluidos fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19, que se usaron para financiar el asesinato.
El traslado de Badio y los 17 colombianos generó además una protesta formal del Consejo Superior del Poder Judicial de Haití, que argumentó que ambos estaban bajo la autoridad de un juez investigador local y no podían ser entregados a Estados Unidos sin su autorización.
Cómo se gestó el complot desde 2021 y el primer juicio en Miami
El plan para derrocar a Moïse comenzó a tomar forma real en abril de 2021, cuando Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses.
El grupo acordó que, una vez en el poder, Sanon otorgaría contratos a Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security, conocidas conjuntamente como CTU, para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipo militar, según detalla la acusación federal.
CTU contrató inicialmente a cerca de 18 ciudadanos colombianos con entrenamiento militar para proveer seguridad a Sanon. Durante meses, los conspiradores obtuvieron armas y chalecos antibalas, e intentaron construir relaciones con pandillas haitianas para sumarlas al plan.
Hacia junio de 2021, el grupo concluyó que Sanon no reunía las calificaciones constitucionales ni el respaldo popular necesario para asumir la presidencia, y trasladó su apoyo a Wendelle Coq Thélot, exjueza de la Corte Superior de Haití, quien murió en enero de 2025 mientras permanecía prófuga.
El plan original consistía en detener a Moïse y entregarlo a Estados Unidos, amparado en una orden de arresto que, según los organizadores, había sido firmada legalmente por un juez haitiano. Ese esquema derivó con el tiempo en un plan de asesinato.
El propio juez que firmó la orden, Jean Noelcius, declaró en un video presentado como prueba que actuó bajo coacción: “Necesitaban una orden de detención. Me utilizaron como a una marioneta.”
El primer juicio derivado de este expediente concluyó en mayo, tras casi nueve semanas de audiencias, con la condena de cuatro acusados vinculados a CTU: sus copropietarios, Antonio Intriago y Arcángel Pretel Ortiz; el financista de Broward Walter Veintemilla, y James Solages, representante de la empresa en Haití.
Los cuatro fueron hallados culpables de conspirar con exsoldados colombianos para asesinar a Moïse y enfrentan hasta cadena perpetua, con sentencia programada para comienzos de febrero de 2027.
Entre las pruebas presentadas en ese juicio se exhibió un video de una cámara de seguridad de la propia empresa en el que se escucha a Solages advertir a Intriago y Pretel Ortiz que “Jovenel no iba a salir vivo del país”.
Antes de ese juicio, varios coacusados ya se habían declarado culpables. Frederick Bergmann Jr., empresario de Tampa que ayudó a gestionar el envío de los chalecos antibalas, recibió una condena de nueve años.
Keegan Harricharan, de Coral Springs, fue sentenciado a 20 años tras admitir que en 2020 obtuvo de manera fraudulenta un préstamo del programa federal por la pandemia y que, en 2021, transfirió USD 255.000 a Veintemilla para ayudar a financiar el complot.
También se espera la declaración de Joseph Joël John, exsenador haitiano que viajó a Miami para reunirse con Sanon y otros implicados sobre cómo tomar el poder tras la salida de Moïse; según testimonios del juicio anterior, un agente del FBI estuvo presente en uno de esos encuentros y no lo reportó de inmediato a sus superiores.
El relato de Martine Moïse sobre la noche del ataque
La ex primera dama de Haití, Martine Moïse, describió los hechos de aquella madrugada al testificar durante el juicio de los cuatro condenados en mayo. Relató que se había acostado alrededor de las 22 y que despertó unas tres horas después por el sonido de disparos. Al preguntarle a su esposo qué ocurría, este le respondió: “Cariño, estamos muertos”.
Mientras los disparos continuaban, Martine Moïse dijo haber bajado a gatas para verificar que sus dos hijos adultos estuvieran a salvo, antes de regresar a la habitación. Allí, ella y Jovenel se tendieron en el piso a cada lado de la cama, que usaron como resguardo frente al fuego cruzado.
Hombres armados irrumpieron finalmente en el cuarto y dispararon con lo que sonaba como un arma automática. Ella recibió varios impactos y aseguró haber escuchado a los atacantes hablar en español instantes antes de que dispararan en repetidas ocasiones contra su esposo, causándole la muerte.
Cuando el ataque terminó, Martine Moïse esperaba hallar los cuerpos de entre 30 y 50 oficiales de seguridad asignados a resguardar la residencia. No había ninguno. Según relató, más tarde se enteró de que a esos agentes se les había pagado para que abandonaran sus puestos esa noche.
El vacío de poder en Haití y las elecciones previstas para diciembre
Haití no tuvo un presidente electo desde el asesinato de Moïse en 2021. El país, considerado el más pobre del continente americano, arrastra una historia de dictaduras, agitación política e intervenciones extranjeras que durante décadas dificultó la consolidación de un régimen democrático estable.
El vacío de poder dejado por el magnicidio permitió que bandas armadas ampliaran su control sobre gran parte del territorio, en particular sobre zonas de Puerto Príncipe, lo que profundizó una crisis de seguridad que se tradujo en miles de muertes y desplazamientos masivos de población en los últimos años.
Con este contexto, Haití se prepara para celebrar el próximo 13 de diciembre sus primeras elecciones presidenciales en una década.
A pesar de esto, la violencia persistente de las pandillas y la corrupción crónica que atraviesa las instituciones del país generan dudas sobre las posibilidades reales de que el proceso electoral resulte creíble.
Infobae
