Amenazas desde Nicaragua han forzado a exiliados a buscar terceros países por represión transnacional
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió en un informe que la represión transnacional atribuida al régimen de Nicaragua forzó a al menos siete personas exiliadas a trasladarse a terceros países durante el período analizado en su informe.
El organismo señaló que opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas nicaragüenses fuera del país enfrentaron intimidaciones, amenazas y actividades de vigilancia. Según el documento, esas prácticas elevaron los riesgos de seguridad y limitaron la permanencia de algunos exiliados en los países que los habían recibido.
El informe sostiene que cerca de 800.000 nicaragüenses, alrededor del 10% de la población, abandonaron el país desde 2018. En ese contexto, el ACNUDH recibió denuncias de acciones dirigidas a silenciar a quienes cuestionan al Gobierno desde el extranjero y a obstaculizar su trabajo con Naciones Unidas.
Al menos 41 casos de denegación arbitraria de ingreso y negación de documentos
La oficina de Naciones Unidas documentó al menos 41 casos de denegación arbitraria de entrada a Nicaragua contra ciudadanos que buscaban volver al país. Las decisiones, según el informe, fueron comunicadas por empresas de transporte privadas y, en la mayoría de los casos, no incluyeron una justificación.
El informe también registró 19 casos de denegación arbitraria de pasaportes, partidas de nacimiento y títulos académicos. Esos trámites afectaron a nicaragüenses residentes en el exterior, a familiares y a menores de edad.
El ACNUDH indicó que los consulados y oficinas migratorias se negaron a atender a personas identificadas como opositoras o a sus familiares. La falta de documentos civiles y de identificación, añadió, restringió el acceso a derechos y, en algunos casos, dejó a los afectados en una situación de apatridia de hecho.
Amenazas a 13 familiares que permanecen en Nicaragua
Durante el período examinado, el organismo recibió información sobre intimidaciones, vigilancia, amenazas de detención, restricciones a la libertad de circulación y obstáculos para realizar trámites en el registro civil.
Esas medidas alcanzaron a 13 familiares de opositores o personas consideradas críticas del Gobierno, entre ellos nueve mujeres y cuatro hombres que continuaban en Nicaragua. El informe indicó que la presión sobre los familiares instaló temor y autocensura entre los exiliados, con efectos sobre su participación política, su defensa de derechos humanos y su actividad periodística.
El documento también mencionó el caso de Pedro Javier Fernández Sandoval, integrante del movimiento campesino, quien permaneció retenido en Costa Rica hasta febrero de 2026 por una notificación de Interpol y una solicitud de extradición presentada por Nicaragua. El tribunal de apelación costarricense rechazó el pedido y ordenó que cualquier actuación penal continuara bajo jurisdicción de Costa Rica.
Impacto de la represión sobre derechos civiles y la apatridia
El ACNUDH señaló que las prácticas descritas afectan el derecho a la nacionalidad, la identidad jurídica, la libertad de circulación y otros derechos civiles, económicos y sociales de los nicaragüenses en el exterior.
El organismo recordó que Nicaragua es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Por esa condición, tiene la obligación de prevenir la apatridia tanto en su legislación como en la práctica.
Infobae
