El inflamable huachicol fiscal en México
Raúl Flores Martínez.
Ernesto Ruffo Appel tardó casi 40 horas en recorrer por carretera el trayecto entre el penal de máxima seguridad del Altiplano y su domicilio en Ensenada, Baja California. Un viaje bajo custodia de la Guardia Nacional que, más allá de la kilométrica travesía, deja una pregunta incómoda: ¿qué está pasando realmente con las investigaciones del llamado huachicol fiscal?
Ruffo no quedó libre. Una jueza autorizó que continúe sujeto a prisión preventiva en su domicilio por razones relacionadas con su edad y condiciones de salud. La Fiscalía General de la República sostiene que existen datos de prueba para procesarlo por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con una empresa de la que es accionista.
Pero alrededor del expediente comienzan a aparecer episodios que merecen algo más que comunicados oficiales.
Resulta, cuando menos, difícil de explicar que Ruffo fuera detenido en Ensenada y trasladado en julio por vía aérea hacia el centro del país, pero para regresar a Baja California, ya con prisión domiciliaria autorizada, haya sido llevado durante casi 40 horas por carretera.
La justicia también se mide por sus formas.
Y mientras el caso Ruffo avanza, otro episodio abrió todavía más interrogantes sobre la solidez con la que se están construyendo algunos golpes oficiales contra el huachicol.
El 17 de septiembre fueron asegurados en Guanajuato 59 millones de litros de combustible. Inicialmente, el operativo fue presentado como un decomiso histórico. Días después surgieron anomalías.
Fuentes de la propia FGR señalaron que el hidrocarburo podría no ser ilegal, la empresa involucrada presentó permisos y el delegado de la Fiscalía en la entidad terminó destituido. Omar García Harfuch confirmó que se detectaron irregularidades en el procedimiento y que el caso fue atraído para revisar la documentación.
No es un detalle menor. Son 59 millones de litros que pasaron, en cuestión de días, de representar un golpe espectacular contra el huachicol a convertirse en un expediente bajo revisión.
Está también el nombre de Andrés Manuel López Beltrán.
Voces dentro del proceso han señalado que testimonios incluidos en investigaciones sobre contrabando de combustibles hacen referencias al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La FGR, sin embargo, respondió públicamente que no cuenta con elementos jurídicos ni datos de prueba suficientes para abrir una investigación en su contra. López Beltrán también ha rechazado cualquier participación.
Ese contraste debería aclararse con documentos, no con consignas.
Porque aquí está el problema de fondo: cuando una investigación alcanza a unos con toda la fuerza del Estado, pero otros señalamientos son descartados sin explicar ampliamente por qué carecen de sustento, la Fiscalía queda obligada a transparentar sus criterios.
No se trata de declarar culpable a Ruffo ni de fabricar culpables alrededor de López Beltrán. Se trata exactamente de lo contrario. Investigar, seguir el dinero.
Revisar empresas, cuentas, aduanas, barcos, ferrotanques y testimonios, sin importar apellidos, colores partidistas o cercanía con el poder.
El huachicol fiscal puede convertirse en uno de los mayores expedientes de corrupción y contrabando de los últimos años. Pero si las autoridades permiten errores como los ocurridos en Guanajuato, investigaciones incompletas o criterios aparentemente distintos según el personaje involucrado, el golpe terminará siendo contra la credibilidad de la propia Fiscalía.
Y ese combustible político también es altamente inflamable.
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