Según el Gobierno de Sheinbaum, ¿qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Estas son las nuevas pistas

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Gobierno de México presentó cuatro nuevas líneas de investigación que, de acuerdo con las autoridades, derivan del reanálisis de documentos, registros telefónicos, testimonios y otros elementos reunidos durante la investigación.

El anuncio fue realizado este 28 de septiembre de 2026 por la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán.

El Gobierno federal señaló que estas nuevas líneas buscan reconstruir aspectos de lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, así como identificar responsabilidades y avanzar en la localización de los estudiantes.

El anuncio ocurre después de 12 años de investigaciones, movilizaciones de familiares y estudiantes y distintas etapas de la indagatoria. De acuerdo con el contexto proporcionado, durante este periodo solamente han sido identificados fragmentos óseos correspondientes a tres de los 43 normalistas.

Registros telefónicos permiten identificar a 17 nuevos objetivos de investigación

La primera línea presentada por el Gobierno federal corresponde al análisis de comunicaciones y registros telefónicos. Según la información oficial, la revisión permitió detectar patrones que no habían sido considerados anteriormente y ubicar a 17 nuevos objetivos sujetos a investigación.

Las autoridades señalaron que el análisis permitió reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

Uno de los aspectos revisados fueron las comunicaciones entre integrantes de la organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud.

La investigación también identificó que una persona y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.

En agosto de 2025, según el comunicado, se estableció que el propietario de una funeraria había utilizado el teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos. Esto derivó en cateos realizados en octubre de ese año en instalaciones de funerarias y del SEMEFO.

Durante esas diligencias se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de detectarse irregularidades en la operación del SEMEFO.

Búsquedas en el SEMEFO de Iguala dejaron 23 indicios bajo análisis

A partir de esos hallazgos, las autoridades realizaron nuevas acciones de búsqueda entre marzo y junio de 2026 en el SEMEFO de Iguala.

El Gobierno informó que esos trabajos permitieron recuperar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Los materiales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y establecer posibles coincidencias con personas desaparecidas.

A petición de las madres y padres de los normalistas, también intervino el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.

De manera paralela, las autoridades indicaron que el análisis de tres teléfonos utilizados por los estudiantes después de su desaparición permitió abrir nuevas rutas de investigación.

• Uno de los dispositivos permitió ejercer acción penal contra un exservidor público de Iguala.
• El 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra ese exfuncionario por delincuencia organizada y desaparición forzada.
• Otro teléfono fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad durante la noche de los hechos.
• La revisión de un tercer equipo reforzó la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal.
• El Gobierno también reportó 162 expedientes relacionados con el caso: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.

Un testimonio de 2026 incorpora a una persona que tenía 14 años en 2014

La tercera línea surgió del reanálisis de los expedientes acumulados durante la investigación. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, este trabajo permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos y que tenía 14 años en el momento de la desaparición de los estudiantes.

Las autoridades señalaron que esta persona no había sido identificada previamente dentro de la investigación y rindió declaración el 30 de julio de 2026.

Según el Gobierno federal, la información obtenida mediante ese testimonio aporta elementos que refuerzan las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.

La segunda línea también produjo información relacionada con el posible traslado de estudiantes a la barandilla municipal. El Gobierno indicó que uno de los teléfonos fue utilizado posteriormente por personas cercanas a un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia.

Las autoridades señalaron que estos elementos contradicen lo declarado previamente por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, ante la entonces Procuraduría General de la República.

Videograbaciones del Tribunal de Guerrero abren otra investigación

La cuarta línea está relacionada con las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El Gobierno federal afirmó que el reanálisis permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento de esas grabaciones.

A partir de esta investigación fue detenida la exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y también la exvisitadora del mismo órgano. Ambas se encuentran sujetas a proceso penal, según la información oficial.

El Gobierno agregó que las declaraciones de esas exservidoras públicas, junto con nuevos elementos obtenidos durante la investigación, sustentaron la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre el 6 de agosto de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

En el contexto de los 12 años del caso, la detención del exgobernador se suma a otros procedimientos judiciales derivados de nuevas líneas de investigación. De acuerdo con los datos proporcionados, actualmente existen 168 personas vinculadas a proceso, mientras que 130 permanecen en prisión y 38 están en prisión preventiva.

Gobierno de Sheinbaum mantiene búsqueda de los 43 como prioridad

El Gobierno federal sostuvo que el caso Ayotzinapa continúa abierto y que las investigaciones deben concentrarse en localizar a los 43 estudiantes, esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las acciones inmediatas anunciadas se encuentra mantener y ampliar las búsquedas, profundizar las investigaciones relacionadas con las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y continuar con la indagatoria sobre las funerarias y el SEMEFO de Iguala.

También se contempla mantener el diálogo con las madres y padres de los normalistas y garantizar su atención mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En cuanto a la participación internacional, las autoridades informaron que existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas para participar en el proceso.

A 12 años de la desaparición, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta estos trabajos como avances derivados de una nueva revisión de información acumulada durante la investigación.

Sin embargo, el dato central permanece: los 43 estudiantes continúan sin ser localizados y los indicios recuperados en Iguala siguen bajo análisis pericial.

La administración federal señaló que la prioridad es encontrar a los jóvenes, esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.