CDMX: buscan modificar la Ley de Obras Públicas para evitar opacidad en licitaciones

El diputado Royfid Torres González, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para cerrar vacíos legales que, según expuso, permiten a empresas relacionadas entre sí competir por contratos públicos como si fueran independientes. Su propuesta busca reforzar la revisión de participantes en licitaciones e invitaciones restringidas de la Ciudad de México.

Durante la presentación, el legislador sostuvo que esa práctica puede convertir los procedimientos de contratación en una competencia aparente. Afirmó que, cuando las empresas comparten socios, administradores o representantes legales, la autoridad debe contar con herramientas para detectar la relación antes de convocarlas o adjudicarles un contrato.

Torres vinculó el problema con la calidad de los servicios que recibe la población. Mencionó el bacheo, las luminarias, los semáforos y el mantenimiento del transporte público como ejemplos de necesidades ante las cuales, dijo, la ciudadanía se pregunta cómo se invierte el presupuesto de la capital.

¿Qué propone la iniciativa de Royfid Torres?

El planteamiento central es dar atribuciones a las autoridades contratantes para verificar que las empresas participantes sean independientes y no formen parte de una misma red que aparenta competir por una adjudicación.

De acuerdo con la exposición del diputado, la revisión debería alcanzar tanto a las licitaciones como a las invitaciones restringidas. En esta última modalidad, propuso impedir que se convoque o adjudique un contrato a empresas que compartan vínculos como los siguientes:

• Socios o accionistas.
• Administradores.
• Apoderados o representantes legales.
• Pertenencia a un mismo grupo empresarial.

Torres señaló que actualmente, cuando se presentan indicios de vínculos entre participantes, una de las respuestas es que la ley no obliga a quienes asignan los contratos a verificar esas relaciones. La iniciativa pretende cubrir ese vacío y evitar que compañías vinculadas se presenten como competidoras.

En su intervención, el legislador se refirió a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México y también señaló que el patrón que busca combatir se presenta en obras públicas. La transcripción de su discurso no identifica los artículos que propone reformar ni permite precisar, por sí sola, el texto de cada modificación legal.

Los casos que expuso para cuestionar la competencia entre empresas

Como sustento de su propuesta, Torres afirmó que, durante los últimos tres años, una red de cinco empresas aparentemente distintas, pero vinculadas por socios y apoderados legales, obtuvo 26 contratos por más de 253 millones de pesos en seis alcaldías y en el Metro.

También aseguró que, en el ámbito de las obras públicas, tres compañías relacionadas mediante accionistas o un consorcio participaron en ocho procedimientos de la Secretaría de Obras. Según las cifras que presentó, esos procedimientos representaron más de mil 413 millones de pesos.

Las cifras y los vínculos empresariales corresponden a lo expuesto por el diputado durante la presentación. En la transcripción no se incluyen los expedientes de contratación ni los nombres de las compañías, por lo que esos señalamientos deben atribuirse a Torres y no presentarse como hechos acreditados de forma independiente.

Para el legislador, la participación de empresas relacionadas reduce la posibilidad de obtener mejores condiciones de precio y calidad para el gobierno. Sostuvo que sus efectos pueden trasladarse a la ciudadanía mediante obras deficientes, insumos con sobreprecio o proyectos inconclusos.

Movimiento Ciudadano pide revisar las reglas de contratación en CDMX

Torres llamó a las demás fuerzas políticas del Congreso capitalino a respaldar cambios que permitan detectar vínculos entre empresas antes de asignar recursos públicos. Argumentó que la competencia efectiva y la transparencia en las contrataciones son necesarias para que el presupuesto se traduzca en mejores obras y servicios.

La propuesta se concentra en una pregunta concreta para quienes organizan concursos e invitaciones: si las empresas convocadas o participantes tienen capacidad de competir de manera independiente. Bajo el esquema planteado por el diputado, compartir socios, representantes o pertenecer al mismo grupo empresarial dejaría de pasar inadvertido al evaluar una contratación.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa, no de una modificación vigente. Su alcance definitivo dependerá del texto que se someta a revisión y del proceso que siga en el Congreso de la Ciudad de México.